El sistema de subastas judiciales de bienes embargados por Internet ya está autorizado. El Gobierno intenta atraer a más público a estos procesos y dejar atrás su sórdida leyenda El 95% de las pujas quedan hoy desiertas por falta de participantes.
Un martes a las diez de la mañana, en una fría sala de audiencias de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid, un secretario judicial recita con voz mecánica, a toda velocidad, algo sobre un lote y unos terrenos. La subasta acaba en apenas unos minutos —dos pujas y adjudicado— y el visitante neófito no se ha enterado de nada. Afuera, la cosa no mejora si intenta expurgar información en los tablones de anuncios o en carpetones que le extienden funcionarios desganados, en papeles repletos de palabras mágicas como lanzamiento, certificación de cargas o tercería de dominio…
El ambiente y los procedimientos de las subastas judiciales, absolutamente hostiles para particulares primerizos en estas lides, las han convertido siempre en un terreno acotado para unos pocos: los licitadores profesionales, como prefieren ellos, o subasteros, como se les conoce popularmente, que se dedican a comprar bienes hipotecados (normalmente pisos) para venderlos un poco más caros o a ayudar a otros a adquirirlos a cambio de un sueldo.
Los sucesivos Gobiernos llevan más de una década prometiendo acabar con ese coto privado —cuya leyenda negra incluye tácticas mafiosas para amañar precios o sacarle los cuartos a desavisados compradores—, a base de hacer llegar más información al público en general y, a partir de ahora, con las largamente prometidas subastas electrónicas.
Desde el pasado 15 de octubre, todas las pujas judiciales y notariales (pueden ser de casas o terrenos, pero también cualquier otro bien hipotecado como un coche o una joya) que se convoquen deberían realizarse a través de Internet. Cualquier usuario desde cualquier parte podrá participar de forma telemática una vez que se haya dado de alta (con firma electrónica autorizada) en el portal que centraliza todos los procesos (https://subastas.boe.es) y haya puesto un depósito, un aval del 5% del valor del bien en juego. Las pujas estarán abiertas durante 20 días.
Con este nuevo sistema, el Gobierno espera ahorrar costes y atraer a más participantes para que no se queden tantos procesos desiertos (ahora son en torno al 95%) y para conseguir precios más altos. El año pasado hubo 67.000 subastas judiciales en toda España.
De momento, no se ha convocado ninguna con el nuevo modelo electrónico, y continúan las presenciales que ya estaban convocadas. En los juzgados hipotecarios de Plaza Castilla de Madrid, por ejemplo, las habrá por lo menos hasta finales de año. Allí, un martes sobre las 10.10 de la mañana, entre funcionarios y visitantes con caras compungidas que acaban de perder definitivamente su piso, había un subastero.
Hombre fornido de unos 50 años, con buena presencia pero sin traje, y unos ojos claros que miran alternativamente al suelo, al interlocutor y al fondo del pasillo, se niega a dar su nombre, porque, asegura, la prensa nunca refleja lo que él considera la verdad, véase: que no hay mafia subastera desde hace 40 años, solo unos profesionales sin los cuales todas las subastas quedarían desiertas porque ningún particular va a soportar las trabas burocráticas, los retrasos y todas las cosas que judicialmente se pueden torcer. Enseña una documentación que demuestra que todavía está esperando que le entreguen un inmueble comprado hace dos años.
“Poner el cazo”
Casi todo el mundo en el sector asegura que las prácticas fraudulentas se han reducido enormemente. Pero, aunque algunas como el amaño de precios ya casi no se ven, sí siguen quedando subasteros que, en vez de ir al juzgado a comprar, van “a poner el cazo”. Esto funciona de la siguiente manera: justo antes de una subasta, un grupo de licitadores amenaza a algún comprador con pujar fuerte, haciendo subir el precio final de compra, a no ser que les den dinero, en cuyo caso se retirarían. Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales (ahora, letrados de la Administración de Justicia), cree que las subastas online darán más transparencia al sistema, pero se queja de la “precipitación e improvisación” en su puesta en marcha por el Ministerio de Justicia. Lafuente asegura que la mayoría de letrados (que son los que controlan todo el proceso) no se atreven aún a realizar convocatorias con el nuevo sistema por falta de preparación (muchos aún no han recibido cursos) y, sobre todo, porque temen la inseguridad jurídica que puede generar para todos los implicados el hecho de que aún no se haya publicado un real decreto clave, el que establece el sistema de gestión de los depósitos necesarios para participar en las pujas. El Gobierno tiene previsto aprobar ese real decreto en uno de los próximos Consejos de Ministros, según fuentes de Justicia.
Es lo que le sucedió hace unos meses a una pareja (que prefiere no dar su nombre) en un juzgado de Madrid. No les pagaron y al final consiguieron el piso, pero este tipo de situaciones, nada agradables, son las que ahuyentan a muchos particulares. Con los procesos online, serán imposibles.
En Murcia, comunidad pionera en las subastas judiciales electrónicas desde 2007, han desaparecido las prácticas mafiosas, asegura Francisco Calvo, pero no los subasteros como él. Tiene 62 años, lleva 25 dedicado al negocio y es dueño de la empresa Subastas Únicas. El nuevo sistema que ha establecido el Ministerio de Justicia, de pujas solo por Internet, no es exactamente como el murciano, que, fijado el día y la hora, permitía participar tanto levantando la mano en una sala del juzgado como apretando un botón desde casa. El Ministerio de Justicia explica que se prefirió el modelo solo por Internet por su “simplicidad y sencillez”.
“Quedan muchos flecos por cerrar, pero bueno, al final todo funciona”, se resigna Calvo. Sabe que unas cosas cambiarán (ya no habrá corrillos en los pasillos de los juzgados, sino días de búsquedas por Internet e interminables noches de pujas en pijama) y otras no (el cálculo de rentabilidades, las visitas a los pisos en busca de pistas sobre su estado y su valor, el baile burocrático). Pero asume que se adaptará a lo que haya, que quedarán en pie profesionales especialistas que siempre tendrán ventaja sobre el resto. Pone un solo ejemplo: “Hasta ahora, desde que se convoca hasta que se celebra la subasta, pueden pasar tres meses, durante los cuales cualquiera puede estudiar la información para ver si se trata de una buena inversión. Ahora, la información solo será accesible desde el primer día de la subasta [las pujas online estarán abiertas 20 días]”. Y un profesional especializado, aduce, no deja de revisar información. “Claramente llevo las de ganar”, zanja.
Fuente: Elpais.com (1/11/2015)
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