Cataluña dice adiós a más de medio siglo de peajes a la AP-7 y a la AP-2. Las concesiones para explotar estas vías finalizan después de que el gobierno español decidiera no prorrogarlas. De este modo, se materializa una de las reivindicaciones históricas de los usuarios, que consideraban sobradamente amortizadas las inversiones en estas vías. También finalizan las concesiones a la C-32, en el Maresme, incluyendo el peaje más antiguo del Estado, entre Barcelona y Mataró, y a la C-33, entre Barcelona y Montmeló, y que son titularidad de la Generalitat. En total, 458,4 kilómetros que, por primera vez, serán libres de peajes. Al aire, queda como se financiará el mantenimiento de estas vías y en qué medida contribuirán los usuarios.
La Generalitat ha apostado reiteradamente por la viñeta. El gobierno español fue aplazando una propuesta hasta que incluyó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió en Bruselas la propuesta del pago de un peaje bajo el modelo de «quien contamina paga». Una medida que querría aplicar a partir del 2024.
En el documento se hacía constar que España tiene una red estatal de 26.466 kilómetros, de los cuales unos 12.000 pertenecen a carreteras de alta capacidad, con unos gastos de conservación «crecientes» que no podían ir a cargo de los presupuestos.
Las autopistas llegarán, por lo tanto, al final de las concesiones sin tener un modelo de mantenimiento definido. Según datos del Servicio Catalán de Tráfico correspondientes al 2019, el año anterior a la irrupción de la pandemia y el último con una circulación normalizada, por la AP-7 entre Montmeló y la Jonquera circularon una media de 48.243 vehículos diarios, entre Montmeló y El Papiol 117.714 vehículos; entre el Papiol y Tarragona 57.021. A la AP-2, 10.310 vehículos circulaban cada día entre Soses y El Vendrell (tramo de la AP-2 que transcurre por Cataluña), hasta el enlace de la AP-7.
En el mismo periodo y en cuanto a las dos autopistas de la Generalitat que también acaban la concesión, 54.540 vehículos circularon por la C-32 entre Montgat y Blanes; y 58.132 por la C-33 entre Barcelona y Mataró.
El descenso generalizado del tráfico como consecuencia la pandemia llevó a Abertis a pedir un alargamiento de las concesiones para resarcir el impacto en sus cuentas mientras duró el estado de alarma, una demanda rechazada por el gobierno español. La compañía alegaba que se podía acoger al decreto 26/2020, que establecía que el reequilibrio tenía que consistir en la ampliación del plazo de la duración de la concesión y no podía ser superior en el estado de alarma.
Indemnización millonaria a Abertis
Lo que sí está prevista es una indemnización de 1.291 millones de euros a Abertis por las obras que hizo la concesionaria el 2006, con Magdalena Álvarez como ministra, en el tramo gerundense y tarraconense de la AP-7 para afrontar un aumento de tráfico que finalmente no se acabó produciendo.
Entre las obras de ampliación que se incluyeron en el acuerdo después de constatar el aumento del tráfico en estas vías, había la construcción del tercer carril entre Maçanet y Fornells de la Selva y entre Medinyà y la Jonquera; un cuarto carril entre Fornells de la Selva y Sant Gregori; enlaces de Fornells de la Selva, Medinyà y Sant Gregori; y en las comarcas de Tarragona un tercer carril a Vila Seca/Salou con el enlace con la AP-2.
El gobierno español reconoció en el documento del Plan de Recuperación que envió en Bruselas que estos 1.291 MEUR irían a cargo del déficit público, ya de por sí castigado para hacer frente a los efectos de la pandemia. Esta es la cantidad que el gobierno acepta abonar, pero contrasta con los más de 3.800 MEUR que reclama Abertis (1.010 millones de euros serien por las inversiones hechas para ampliar los carriles de este tramo de la AP-7 y 2.816 millones por la indemnización en el descenso del tráfico). La multinacional sostiene que el Tribunal Supremo todavía tiene que resolver sobre esta cuestión y que se pronunciará más allá del último día con autopistas de pago.
Paralelamente, la finalización de los contratos con las concesionarias ha comportado la extinción de los contratos laborales de los trabajadores vinculados a peajes y a servicios centrales o de apoyo. Los sindicatos de CCOO, la UGT, la CGT y PITA, junto con Abertis, firmaron un acuerdo para despedir un total de 340 empleados de las vías donde se acaba la concesión. Sin embargo, además de las indemnizaciones, el personal afectado por el ERO tendrá preferencia en la hora de ser contratado en caso de que las carreteras requieran más trabajadores en un futuro.
En cuanto a las tareas de mantenimiento, la ocupación se mantendrá. En los tramos afectados de la AP-7, la AP-2, la C-32 y la C-33, la plantilla encargada de este trabajo -hasta 240 empleados- trabajará tres meses más para garantizar la continuidad del servicio hasta que se adjudique una nueva empresa para los dos próximos años. Una vez se cierre la licitación, los trabajadores de Abertis encargados de las tareas de mantenimiento pasarán a formar parte de la empresa adjudicataria.
Fuente: diaridetarragona.com (27/8/21) pixabay.com autopistas.com
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