Los trabajadores del campo llegan a cosechar con temperaturas de entre 35 y 40 grados, agachados o subidos a los árboles durante casi siete horas. Muchos han regresado a las fincas expulsados por la crisis de la construcción y se han encontrado con el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales mínimas acordadas entre trabajadores y patronal. Algunos han llegado a cobrar solo hasta 2,5 euros por hora.
“Te vas al campo y no tienes derecho a nada”, se lamenta Francisco Javier Fresco, quien ha denunciado con su hermano Miguel y otra media docena de integrantes de su cuadrilla a un intermediario que llegó a pagarles la mitad de lo establecido en convenio.
El acuerdo laboral del campo distingue decenas de categorías. Para los eventuales, el salario medio diario oscila entre los 41 y los 50 euros al día con plus de distancia y en un día laborable. Sin embargo, los trabajadores aseguran haber cobrado entre 12 y 18 euros al día y haber descubierto que las empresas no cotizaban todos los días trabajados. “Se están beneficiando muchos sinvergüenzas”, lamenta Francisco Javier Fresco.
Su hermano Miguel apunta una de las causas de esta situación: “Nadie se atreve a denunciar. Si te quejas, no te cogen y en cinco minutos tienes una cuadrilla distinta”.
La crisis de la construcción ha generado un incremento de la oferta de mano de obra y las dificultades económicas han llevado a muchos temporeros a rebajar sus exigencias. En algunos casos están más interesados en que se firme la peonada, para poder tener acceso al subsidio de desempleo, que en cobrar lo que le corresponde.
Además, a las reticencias de los eventuales a denunciar se suma que, cuando lo hacen, se encuentran con un servicio de inspección sin medios suficientes para actuar de inmediato.
De esta situación se aprovechan muchos gestores de explotaciones que, en la mayoría de los casos, no coinciden ni siquiera con los propietarios. De esta forma, la cadena de responsabilidades se dispersa.
Monica Vega, secretaria general del sindicato Agroalimentario de CCOO, el mayoritario en el campo de Sevilla, resalta que, hasta la crisis del ladrillo, los convenios se cumplían en un 80%. Pero desde ese momento, el aluvión de nuevos demandantes de empleo distorsionó un mercado laboral en el que la sindicalista habla directamente de “mafias”.
La existencia de irregularidades es difícil de demostrar. Pero además de los testimonios como los aportados por Fresco y sus compañeros de cuadrilla existen datos que evidencian las irregularidades. Uno de ellos, según destaca Vega, es que, pese al aumento de la producción y hectáreas cultivadas en determinados sectores y el incremento de personas que busca trabajo en los campos, el número de peonadas declaradas se mantiene o desciende. “Es imposible recoger más sin más trabajo”, advierte Vega.
El Gobierno no quiere sacar conclusiones de estos datos y afirma que la Inspección actúa con la celeridad que puede. También recuerda que hay planes específicos para el campo, donde admiten la dificultad de controlarlo todo.
Como solución, los trabajadores reclaman un cambio de la normativa para evitar declarar menos peonadas de las realmente realizadas o que los intermediarios se aprovechen del exceso de oferta de mano de obra. También solicitan que se crucen los datos de ayudas recibidas con las de producción y empleo para que, en caso de detectar una pérdida de puestos de trabajo sin justificar, se limiten o eliminen las subvenciones.
Vega apunta la necesidad de un cambio de mentalidad. Destaca que en Valencia o Murcia, la estabilidad en el empleo supera el 90% porque los propietarios son los primeros interesados en mantenerla. Sin embargo, según afirma, en Andalucía hay muy poca industria y los dueños de fincas se desentienden de la gestión, que está en manos de sociedades de otras comunidades.
El responsable de relaciones laborales de Asaja, Felipe Gayoso, reconoce la existencia del problema, que atribuye directamente a “piratas”, como denomina a los intermediarios que se aprovechan del mercado laboral en el campo. Gayoso alaba a los trabajadores andaluces y a la patronal, pero entiende que hay una confluencia de intereses espurios que perjudican a ambas partes.
Fuente: Elpais.es (9/8/13)
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