Hay vecinos. Y luego está Tristán, de 61 años, que vive en Salamanca y ha denunciado a 800 habitantes de la ciudad. Así, de golpe. “Si yo he cerrado mi terraza [techar el patio] y he incumplido la ley, todos estos también”. Y desató la polémica urbanística en la ciudad.
Todo empezó en 2014. Tristán asegura que ese año comunicó a su comunidad que tenía intención de cerrar su patio y que nadie se opuso. Su casa mide 83 metros cuadrados. Tiene baño, cocina, tres habitaciones y un salón que conecta con la terraza, de unos 40 metros cuadrados. Meses después, tomó la decisión de techar unos 18. “Me cagaban los pájaros y quería tener más espacio para mis nietos”. Llamó a un amigo cerrajero y le cobró 5.800 euros. Vino 2017 y el vecino de arriba se querelló. “Que ni vive aquí, ni cristo que lo fundó. Me denunció porque temía que le treparan y sufrir algún robo”.
Con la denuncia interpuesta, el Ayuntamiento notificó a Tristán una sanción de 18.200 por este cerramiento ilegal. Las denuncias no suponen una sanción inmediata. La legislación dice que no se pueden hacer obras en los balcones y patios si no figura en la escritura y, como la Concejalía de Urbanismo no suele actuar de oficio, los ciudadanos las cierran sin pedir permiso y propicia que se denuncien entre ellos.
Tristán cobra una pensión de 1.200 euros y, asustado ante la cuantía de la multa, decidió retirar su obra volviendo a llamar a su cerrajero de referencia. “Me cobró 1.000 euros y se ofreció a guardar el material en su garaje por si puedo aprovecharlo más adelante”.
Antes de enfrentarse a la sanción, se presentó en el Ayuntamiento y les dijo a los empleados que ya había retirado el techado. Allí, según su versión, le dijeron que no había vuelta atrás porque le había denunciado un vecino. “¿Sí?, no os preocupéis, que ya vendré”, contestó. Y enrabietado, cogió lápiz y papel y se puso a recorrer durante varias semanas los distintos barrios de la ciudad. “Tengo mucho tiempo libre porque soy pensionista. Solo pido que la ley sea igual para todos”.
Al poco tiempo se presentó con 300 denuncias que han llegado a afectar a 800 vecinos. “No conozco al hombre este, pero ha hecho un trabajo exquisito. Para hacerle un monumento, vamos”, dice Emilio Collado, de 60 años. Él es uno de perjudicados por la vendetta de Tristán. Este jubilado vive en la milla de oro de los cerramientos: la avenida Villamayor; a cinco minutos caminando del centro. Aquí todos los portales cuentan con terrazas selladas. Segundos, terceros, cuartos, quintos, áticos…
Para todos ellos, la ley autonómica cambió en octubre de 2014 en un aspecto importante. Los casos anteriores a ese año quedaron prescritos. Para los posteriores se fijó un plazo de prescripción de cuatro años en caso de sanción leve; de ocho años si es grave y de diez años si es muy grave. Por eso muchos vecinos están buscando facturas que acrediten que su obra es anterior a 2014. Así no serán sancionados con multas que oscilan entre 1.000 y un millón de euros.
Al jubilado Collado le notificaron en una carta que tenía que ir al Ayuntamiento en cinco días. “Y yo no tengo el balcón cerrado, ¡es mi vecino!”. Él vive en un séptimo, pero en la denuncia de Tristán solo constaba el número del portal, sin la letra del piso. De ahí la confusión. “Fui donde me dijeron y vi una cola de vecinos de distintos barrios. Todos por lo mismo. ‘Yo la cerré hace 40 años’, decía uno. ‘¿Y esto ahora por qué?, otro”.
Entre los 43 barrios de Salamanca existen más de 25 empresas que se dedican al cerramiento de terrazas. Mundo Aluminio: “Tenemos mucho trabajo. La gente cierra los balcones por el frío. Es la única manera de aprovecharlo cuando llega el mal tiempo». Cristalería Helmántica: “Sí, hay trabajo. Hay semanas que tapiamos dos o tres”.
Y más y más casos. Uno, incluso, ha salpicado al alcalde del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El diario Tribuna de Salamanca publicó en 2014 que un íntimo amigo suyo cerró el ático en el que vive. Abrió una investigación y prometió un informe que, a día de hoy, nadie sabe dónde está.
El Ayuntamiento, gobernado por los populares desde hace 23 años, ha facilitado algunos datos solicitados por este periódico, pero no ha querido contestar a ninguna pregunta. Este jueves, eso sí, anunció la creación de un grupo de expertos para que estudie y clasifique los distintos cerramientos que existen en la ciudad, a petición de la oposición.
Hoy la terraza anaranjada de Tristán espera sentencia. Será a finales de abril, porque ha decidido recurrir. Los 800 vecinos denunciados podrán hacer lo mismo si deciden tomar la vía judicial. “Si tengo que pagar, pagaré”, dice Tristán. “500, 600, 1000 euros, una cosa razonable. Pero hombre… 18.000”. Su abogado le ha dicho que, mientras tanto, ahorre.
Fuente: Elpais.es (1/3/18) Pixabay.com
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