Las comunidades aprobaron ayer la reducción del déficit exigido por Hacienda, que supone rebajar los números rojos del 2,9% de 2011 al 1,5% este año. Sin embargo, muchas temen rebasar este umbral. Madrid o Cataluña reclamaron al Gobierno que adopte cambios normativos para reducir el gasto autonómico.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda de la Administración central con sus homólogos autonómicos, aprobó ayer el objetivo de déficit autonómico por una amplía mayoría. Solo Canarias y Cataluña se abstuvieron. Andalucía, gobernada por el PSOE y a las puertas de unas elecciones, votó en contra, aunque ello no le exime de cumplir el objetivo de déficit. El resto de las regiones, la mayoría gobernadas por el PP, respaldaron al Gobierno central.
Así, las comunidades deberán recortar este año su déficit en 15.500 millones de euros, un esfuerzo inédito y que la mayoría, a pesar del sentido de su voto, duda de que se pueda cumplir. Madrid y Cataluña, entre otras, pidieron al Gobierno central cambios legislativos que les permitan reducir aquel gasto sobre el que las comunidades no tienen capacidad de decisión. Por ejemplo, la modificación normativa que obligó a los médicos a priorizar la prescripción de medicamentos por principio activo frente a los de marca fue una decisión de la Administración central que supuso un ahorro para las comunidades de 1.100 millones. Las regiones reclaman medidas en ese mismo sentido. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presidió la reunión, aseguró que estudiará los cambios que propongan las comunidades para la legislación estatal.
Si bien algunos consejeros pidieron que el Ejecutivo fijara objetivos de déficit diferenciados en función de la situación de cada comunidad autónoma, finalmente Hacienda optó por seguir el mismo criterio que el Gobierno anterior. Así, cada una de las autonomías deberá rebajar el déficit hasta el 1,5% de su PIB. Ello resulta simplemente imposible para comunidades como Castilla-La Mancha, cuyos números rojos ascienden al 7,3% del PIB.
Pago a proveedores
Por otra parte, las comunidades aprobaron por unanimidad el plan de financiación para pagar a proveedores. El proyecto contempla que la banca y el ICO abonarán directamente a las empresas las facturas impagadas de las regiones. Ese dinero adelantado por las entidades se convertirá en deuda financiera para las comunidades, que tendrán un plazo de diez años (con dos de carencia) para devolver ese dinero. A esos préstamos se les aplicará un tipo de interés del 5%. De este modo, este mecanismo, dotado con 35.000 millones de euros, es idéntico al fijado también para los ayuntamientos.
Para recibir esta ayuda, las comunidades deberán presentar antes del 15 de abril un detalle de las facturas impagadas. Además, estarán obligadas a entregar al Gobierno central un plan de ajuste antes del 30 de abril en el que demuestren su capacidad para devolver la deuda a la banca. Si Hacienda da el visto bueno al plan, los proveedores empezarán a cobrar el 15 de mayo. Las deudas de los ayuntamientos se abonarán antes, a partir del primero de mayo.
El Ministerio de Hacienda confirmó que dará prioridad en el pago de facturas a aquellas compañías que acepten aplicar un descuento. Este punto ha creado una fuerte controversia entre los acreedores, en especial entre las grandes compañías. Buena prueba de ello es que los presidentes de las grandes constructoras, como FCC, OHL o Sacyr, se han negado a aceptar ningún tipo de quita, mientras que el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, instó a las empresas acreedoras de las Administraciones Públicas a cobrar, «aunque fuera menos».
Fuente: CincoDías (7/3/2012)
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