Aumenta el número de buques internacionales abandonados en los puertos españoles ante de la dificultad para encontrar a sus dueños reales y lograr el visto bueno legal para subastarlos o hundirlos.
Los buques abandonados en los puertos españoles amenazan con convertirse en un problema de difícil solución, no sólo por la falta de compradores interesados en hacerse con estos barcos fantasma, sino también por los plazos y exigencias legales que hay que cumplir y que no ayudan a resolver esta situación.
Lejos de lo que se pueda pensar, no se trata de embarcaciones en mal estado, sino que muchas veces son buques internacionales que figuran como garantía de una deuda y, si su dueño no paga, es embargado al llegar a la costa. También puede ocurrir, como explica Luis Alberto García, especialista en derecho marítimo de Rogers & Co Abogados, que Capitanía Marítima decida retener una nave si encuentra deficiencias en el mantenimiento o si se produce un impago a la plantilla del barco.
El resultado es que cualquiera de estas situaciones puede convertirse en una trampa legal para el dueño del barco, que al no poder hacer frente a ciertos pagos, ni siquiera a una reparación, termine optando por abandonarlo en el puerto.
A diferencia de lo que ocurre con una empresa, donde se puede pedir responsabilidades al accionista o al administrador, la legislación internacional hace que sea muy difícil encontrar al propietario final de un barco, oculto tras entramados societarios o una bandera de conveniencia (países que utilizan controles mínimos para el registro de una embarcación, una suerte de paraíso fiscal marítimo).
Medidas de presión
En este escenario, en el que la legislación nacional marca las reglas del juego, los acreedores son muy cuidadosos cuando intentan embargar un barco. Utilizan esta técnica como fórmula de presión para lograr que el dueño pague una deuda, pero si el proceso se descontrola, y se suceden las reclamaciones por otros impagos, no es raro que la nave quede parada indefinidamente en puerto, acumulando más deudas, tanto de tasas de atraque como de mantenimiento.
Entonces, empieza un auténtico periplo legal. Las autoridades portuarias pueden iniciar el procedimiento para declarar un barco abandonado. De media, éste puede durar un año y medio, pero si el propietario paga, por ejemplo, un mes de las tasas correspondientes que debe, el contador vuelve a ponerse a cero y hay que iniciar el proceso otra vez.
Subasta
Cuando finalmente se declara el buque como abandonado, el puerto puede subastarlo, pero después de meses de falta de mantenimiento, su estado le resta valor para posibles compradores, lo que en ocasiones hace que el proceso de venta quede desierto. En esos casos, Luis Alberto García explica que la Autoridad Portuaria puede hacer un segundo intento o bien ordenar su desguace o hundimiento.
Muchas naves son abandonadas por sus dueños para no hacer frente a las deudas que les reclaman
Con esta última opción, ni los acreedores ni la Administración consiguen recuperar sus deudas. Si la subasta tiene éxito, la norma establece una prioridad a la hora de cubrir deudas, empezando por los salarios de la tripulación. Si tras cubrir los costes que ha asumido el puerto por el embargo preventivo y la puesta en venta del barco, entonces es el turno de los acreedores. De ahí se desprende la importancia de calcular bien las consecuencias a la hora de intentar embargar un buque en costas españolas.
Como problema añadido, el abogado de Rogers & Co señala que no existen registros oficiales en nuestro país sobre cuántos navíos se encuentran en esta situación, aunque en algún puerto español pueden contarse más de una veintena de buques abandonados, según recogen diferentes medios locales, especialmente en el sur del país y en las islas con mayor tráfico portuario.
La Administración puede tardar más de un año en lograr permiso para subastar un barco sin actividad.
Fuente: Expansion.com (29/6/16) Pixabay.com
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