Proponen cruzar los datos bancarios, de Tráfico y registrales para controlarlo. Plantean un sistema de premios para incentivar el pago de impuestos.
Uno de los lastres de la economía española es la elevada tasa de economía sumergida y fraude fiscal. Diversos estudios sitúan la economía sumergida en el entorno del 22% del PIB, lo que supone un agujero recaudatorio de cerca de 70.000 millones. La comisión de expertos que ha elaborado la propuesta para la reforma tributaria por encargo del Ministerio de Hacienda ha estudiado la cuestión y ha propuesto varias medidas para combatirlo. Por eso, plantean crear un gran sistema informático que cruce los datos bancarios de los contribuyentes con los registros de Tráfico y registradores y notarios para que la Agencia Tributaria disponga de mejores herramientas para luchar contra el fraude.
“Ese control se derivaría de la integración de los datos suministrados por las entidades financieras, de los referentes a las transacciones sobre el patrimonio mobiliario facilitado por sus intermediarios y de las informaciones sobre inmuebles y vehículos provenientes de los registros oficiales”, señala el exhaustivo informe entregado por los catedráticos escogidos por Montoro, que reclaman la supresión del impuesto de Patrimonio pero no la supresión del control patrimonial de los ciudadanos. “No hace falta que los ciudadanos entreguen más papeles. Tenemos todos sus datos. Sabemos lo que hacen. Pagan con tarjeta”, dijo Manuel Lagares, el presidente de la comisión de expertos el pasado viernes.
Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos?, considera que “se ha confiado excesivamente en la informática pero también hay que contar con más recursos para poder bajar a pie de campo a destapar el fraude. Será difícil convencer a los bancos que trabajen para ti”.
Una de las inquietudes de los expertos consiste en vincular los impuestos pagados con los servicios que reciben los contribuyentes, como ocurre en los países anglosajones. Por eso, plantean que resultaría más efectivo en vez de “convencer de la bondad de los servicios a los contribuyentes prestar aquellos servicios que realmente demandan, lo que podría conducir en ocasiones al rediseño del ámbito de muchos servicios públicos”.
Proponen dotar a la Agencia Tributaria de más personal y más medios materiales como reclaman las distintas asociaciones de inspectores y técnicos de Hacienda para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.
Otra de las novedades que sugiere el grupo de sabios consiste en crear un sistema de recompensas que incentiven a los ciudadanos a cumplir con los impuestos. “Algunos países que, en lugar de ofrecer a quienes exigen factura una compensación inmediata en efectivo, les entregan papeletas o boletos para participar en sorteos con premios de valor muy importante pero que suponen una cantidad mucho menor que la cuantía de ingresos fiscales generada por la exigencia de factura”.
“Si los ciudadanos son propensos a participar en juegos de azar, si la probabilidad de obtener esos premios es relativamente elevada en comparación con otras loterías y si su coste para quien exige la factura no resulta excesivo, es posible que las recompensas fundamentadas en la esperanza de un premio tengan cierto éxito, al menos en sus periodos iniciales”. No obstante, precisan que “la comisión confía poco en ello”.
Otro tipo de incentivos pasaría por ofrecer rebajas de impuestos a cambio de aflorar economía sumergida. “El ámbito más adecuado para estas recompensas tributarias es el de los servicios que se desarrollan en el ámbito doméstico”, señala el documento, que añade: “En ese ámbito es donde se prestan con mayor frecuencia servicios totalmente opacos para la Seguridad Social y para la imposición sobre la renta o, en su caso, sobre el IVA”.
Los expertos diferencian dos bloques de fraude en el ámbito doméstico: los servicios de empleadas del hogar y las pequeñas obras de reparación en la vivienda “donde la falta de facturas evita el pago del IVA”. Los catedráticos consideran que el sistema de recompensas en las obras en la vivienda tendría un coste elevado porque la recompensa debería ser, al menos, del 21% del IVA de la factura. Y eso, si el albañil no ofrece descuentos al cliente por no pedir la factura. Por eso, desechan ofrecer incentivos a este grupo. En cambio, podría funcionar con el servicio doméstico porque no paga IVA y el coste de la recompensa sería menor.
Otra de las medidas consiste en reforzar “el control cruzado de operaciones utilizando los datos de los prestadores y destinatarios de servicios por gastos de reparaciones o por pagos a profesionales”. Los sabios creen que el coste de la medida será reducido porque sería un muestreo. Y sostienen que solo con pedir información a los pequeños empresarios para cotejarlos con los aportados por los clientes que contrataron sus servicios se produciría un efecto disuasorio importante.
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