De chaval, José Velez fue en verano de excursión a El Escorial, un «día que hacía mucho calor en Madrid, pero allí hacía fresco». Se quedó enamorado de la naturaleza. «Algún día me gustaría vivir aquí», pensó. Tras estudiar Farmacia, y montar su propia farmacia en Aluche, cumplió su sueño y metió todo lo que tenía y se endeudó para hacerse con una parcela de la localidad, casi en el límite con Galapagar. Con tres obreros, se puso él mismo a construir la casa a modo rural, sin grandes lujos. Ladrillo a ladrillo. Durante tres años.
«Siempre mantuve la parcela como estaba, no hay decoración, ni nada, yo quería vivir como en el campo», explica al lado de su casa, rodeada de fresnos y encinas, y donde un paseo por la finca, en pendiente, es en verdad como meterte en el monte, con bellotas repartidas por aquí y allá y la propia hierba y orografía naturales de la montaña.
«Tenía unos diez metros de alto. Un día después de una tormenta apareció inclinado sobre la casa, más de lo que estaba. Me dio miedo. Un amigo aparejador me dijo que amenazaba la casa y hablé con otro amigo que tenía una máquina para quitarlo. Tenía ramas secas, estaba enfermo», recuerda Velez. Mientras lo retiraban pasaron frente a su casa dos policías municipales. Les invitó a un café «y me preguntaron si podían sacar fotos. Les dije que sí, les conté lo que pasaba y me dijeron que lo entendían».
Al cabo de tres o cuatro meses, el correo le trajo el susto de su vida: una notificación municipal de procedimiento de sanción de entre 100.000 y 500.000 euros por haber cortado el árbol sin licencia. «Al principio no me lo creí», señala. Ahí comenzó una batalla administrativa y judicial de siete años que terminó el pasado diciembre, cuando el Tribunal Supremo, la última vía, rechazó revisar la sentencia del juzgado contencioso administrativo y ratificó la condena a pagar 100.000 euros de multa por una infracción muy grave prevista en la Ley de 2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.
De nada sirvió que presentara en el juicio un informe forestal realizado por un ingeniero agrónomo de junio de 2014, en el que consta que en la finca había varios árboles enfermos, desde mucho tiempo atrás, cuya poda o tala era necesaria por razones de seguridad, u otro informe del Seprona, de septiembre de 2016, en el que se hacía referencia a la existencia de tres árboles que debían estar afectados por alguna enfermedad porque estaban secos, con ramas caídas y con el suelo alrededor en descomposición. La Justicia no consideró probado que el primer árbol tuviera la enfermedad, aunque todo apuntara a ello.
Velez trató de todo, conmutar la multa por trabajos sociales -«me ofrecí a dar clases de Botánica y plantas medicinales»- o incluso plantar mil árboles pagados con su bolsillo, pero desde el Ayuntamiento le negaron cualquier solución. «Me trataron fatal, como si fuéramos delincuentes», recuerda Velez, casado -su mujer no trabaja-, y con dos niños, a los que ha tenido que cambiar de colegio al no poder afrontar los pagos.
40.000 euros de intereses
Hace dos años comenzó a pagar la multa en mensualidades aplazadas, lo que le supondrá pagar más de 40.000 euros de intereses, y el poco dinero que tenía ahorrado se empieza a agotar, ya que paga más de 2.000 euros de la sanción todos los meses. «El circulante de la farmacia, que se reserva para pagar los medicamentos antes de cobrarlos, tiene que estar en 40.000 euros y ya sólo tengo 15.000», aprecia indolente, ya casi sin fuerzas después de pasar por una fuerte depresión y perder 15 kilos, pero con una lección aprendida: «He pasado las de San Quintín, ya voy poco a poco remontando. Todo esto me ha demostrado que tengo amigos de verdad, que se han ofrecido a ayudarme en todo momento».
Pero la situación económica es casi ya insostenible, está en un alambre, y el desahucio llama a la puerta. «Lo que he hecho toda mi vida se va a ir a al traste, la obra de mi vida al carajo, mis ahorros, mi herencia… y no tengo garantía de que con el embargo me dejen en paz, tengo que seguir afrontando la deuda», señala este farmacéutico, que no ha encontrado ningún caso en España tan brutal como el suyo. «Hubo una persona que cortó un pinsapo superprotegido e histórico en la sierra de Grazalema y le cayeron sólo 5.000 euros. El que yo quité ni siquiera está protegido», aprecia Velez, que considera que lo que le ha pasado demuestra «que un Ayuntamiento puede destrozarle la vida a una familia porque le sale de las narices».
La situación es tan paradójica que ahora una enorme rama de una encina vuelve a amenazar su casa y «en el Ayuntamiento me dicen que no es competencia suya, que pida permisos de poda y que la supervisión, el técnico y todo me costaría 4.000 euros», un dinero que no tiene. «El Ayuntamiento se ha negado a decir ‘vamos a echar una mano para no desahuciar esta familia’… Mi problema ha sido ser farmacéutico, se pensaban que estaba forrado, cuando estoy lleno de trampas, vivo al día…», indica Velez, que atribuye esta inquina contra él al conflicto que mantiene el Ayuntamiento con los vecinos de la urbanización en la que vive, Montencinar, también conocida como Las Zorreras, a cuenta de quién debe pagar el asfaltado de la carretera principal, ahora de arena.
Desde el Ayuntamiento entienden la desazón de este vecino y el edil de Medio Ambiente considera también una «barbaridad» la multa, «pero nosotros sólo aplicamos la Ley, no podemos mirar para otro lado». Sobre encontrar una vía social para condonar la deuda, Ignacio Belaunde explica «que la Ley de la Comunidad es muy escueta y no da margen a interpretación», y explica que sí se hubiera permitido una alternativa a la sanción si hubiera pedido permiso antes de derribarlo.
Fuente: Elmundo.es (21/1/18) Pixabay.com
Dejar una contestacion