El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que no aceptará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) «que simplemente maquille la realidad procesal» y su «exigencia máxima» es «que haya celeridad de los procesos», por lo que se pedirá que el anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno se contemple que «los delitos de naturaleza no grave puedan ser juzgados sin instrucción en un máximo de 72 horas con la Fiscalía y los juzgados funcionando 24 horas».
A preguntas de los medios en un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo, Torres-Dulce ha considerado que si la nueva LECrim no contempla esta opción «no se estará dando respuesta y satisfacción a los intereses sociales» y perjudicaría a procesos que sí tienen que tener una instrucción.
Además, Torres-Dulce ha subrayado que desde la Fiscalía se va a exigir que el anteproyecto de Ley recoja «una radical modificación en las disposiciones de la Policía Judicial para que tenga unidades exclusivamente adscritas a juzgados y fiscalías para hacer eficiente la investigación de delitos independientemente de los poderes ejecutivos». «La investigación de un delito debe estar sometida a la única autoridad del Ministerio Fiscal», ha dicho.
Redistribución de las plantillas
Torres-Dulce ha defendido que la reforma de la Ley provocará una redistribución de las plantillas, para lo cual «hay que saber cuál será el mapa judicial español y si se van mantener los partidos judiciales o se llevará a cabo una concentración» de los mismos.
Ha criticado que con la actual normativa la Fiscalía tiene una «multiplicidad de tareas» que hace que las plantillas «sean insuficientes», por lo que ha abogado por que los fiscales no se ocupen de las faltas y sean «expulsadas» del campo penal en la próxima LECrim.
Según ha dicho, existen pendientes 800.000 juicios de faltas «y en más de 300.000 tiene que acudir el Ministerio Fiscal», por lo que ya se ha pedido al Ministerio de Justicia «su práctica eliminación, lo que supondría que los fiscales se podrían concentrar en otras áreas más exigibles y las carencias de plantilla no serían tan acuciantes».
El fiscal general ha indicado que este mismo miércoles se ha enviado al Ministerio de Justicia un informe elaborado por parte de un grupo de trabajo liderado por el magistrado Manuel Marchena con apreciaciones sobre la futura normativa, y ahora el Ejecutivo «lo transformará en anteproyecto de Ley y lo someterá a juicio crítico de la Fiscalía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que tendrán que dar su opinión al respecto».
Fuente: Elderecho.com (9/1/13)
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