El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social comenzó ayer a enviar decenas de miles de cartas a las empresas con indicios de fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial. Con ello, trata de poner en marcha sendos planes de choque contra el uso irregular de estos contratos, para combatir “la precariedad laboral y mejorar la calidad en el empleo y las condiciones de trabajo”, según informó ayer el Ministerio que dirige Magdalena Valerio.
Estos planes de choque durarán hasta diciembre, y tiene dos fases: en la primera, Trabajo comunica en la carta al empresario que ha detectado posibles irregularidades en el empleo. Por ejemplo, un exceso de trabajadores temporales para la actividad que desempeña la empresa o, sin que haya una punta de trabajo que justifique el crecimiento en la ocupación temporal.
Otros indicios que alertan a la Inspección de Trabajo de la existencia de fraude es una cotización a la Seguridad Social muy inferior a la que corresponde por la jornada laboral y la categoría del trabajador. O, por ejemplo, el despido de trabajadores al llegar el verano para volverlos a contratar en septiembre.
Un caso claro es lo que ocurre en sectores como el de los profesores de la enseñanza secundaria o en la construcción. Precisamente, Trabajo se propone dedicar una atención especial a este problema que se produce porque las empresas –y los colegios– se ahorran el salario y la cotización a la Seguridad Social durante el verano. Por regla general las vacaciones escolares duran los meses de julio y agosto. Muchas empresas también cierran en ese periodo porque baja mucho la actividad y, por esta razón, prescinden de sus trabajadores, o de una parte de ellos.
Indicios de fraude
En todo caso, el objetivo de la carta es advertir a las empresas incumplidoras de la ley de que la Inspección de Trabajo ha detectado indicios de fraude en la contratación de sus trabajadores. A partir de ese momento, el empresario tiene un mes para corregir la situación irregular. Después, si el infractor no ha regularizado la situación, la Inspección de Trabajo procederá a sancionarle.
Precisamente, otro objetivo que persigue la campaña es provocar “un efecto inducido” en los posibles infractores. El mero de hecho de descubrir que la Inspección de Trabajo está actuando sobre otras empresas puede llevar a muchos a arreglar la situación de sus trabajadores, según explicaron ayer la directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Marisol Serrano, y el director de la Tesorería General, Javier Aibar.
El plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, para lo que queda de año, tiene un presupuesto de 960.000 euros y una previsión de 15.500 actuaciones sobre las empresas, en forma de cartas y visitas de la Inspeción de Trabajo.
Este programa forma parte del Plan Director por un Trabajo Digno, que ha puesto en marcha el Gobierno hasta 2020. Más allá de este plan, entre enero y junio, la actuación de la Inspección ha producido unos ingresos adicionales para la Seguridad Social de 526 millones de euros, ocho millones más que los conseguidos en el mismo periodo del año pasado. Además,Trabajo ha aflorado 53.331 empleos sumergidos, frente a los 44.788 de 2017.
La Inspección empezará a actuar en otoño contra las empresas incumplidoras.
Fuente: Expansion.com (2/8/18) Pixabay.com
