Aunque el número de trabajadores que cobran cada mes su salario en metálico es residual comparado con aquellos que lo obtienen mediante una transferencia, el Gobierno quiere ir desterrando progresivamente el pago en efectivo, una medida con la que busca, además, reforzar la lucha contra el fraude fiscal. En el borrador del plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ha diseñado el Ministerio de Trabajo y Economía Social para los años 2021, 2022 y 2023, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se especifica que el Ejecutivo “estima muy conveniente que se obligara jurídicamente a que el pago de la mayor parte de los salarios se hiciera siempre por transferencia bancaria”.
Según se recoge actualmente en el Estatuto de los Trabajadores, los empresarios pueden abonar los salarios tanto por medio de una transferencia, en metálico o mediante un cheque o cualquier otra modalidad de este estilo que hubiera sido aprobada por la representación de los trabajadores. Sin embargo, el departamento que dirige Yolanda Díaz quiere reducir este abanico de posibilidades y situar esta modificación en el centro de una línea de lucha para perseguir el fraude fiscal, por entender que el sueldo es “el elemento más esencial de la relación laboral”. El borrador de este texto se encuentra en estos momentos sometido a debate ―deberá resolverse en la presente semana― con los agentes sociales y el propio Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por lo que su texto no es aún definitivo. “Todas las propuestas recogidas en este plan buscan transitar en la línea de los pagos transparentes”, aseguran desde Trabajo.
A pesar de que la forma de pago más generalizado en la mayoría de relaciones laborales es la del pago por transferencia, aún existen situaciones en las que el empresario opta por el dinero en efectivo. Es el caso de algunas actividades económicas como el pequeño comercio, la construcción o el servicio doméstico. De hecho, aquellas personas que reciben salarios muy bajos no siempre disponen de una cuenta corriente. La mayoría de estos pagos en metálico se producen, además, en el ámbito provincial, y en poblaciones muy pequeñas que no cuentan siempre con alguna oficina bancaria en ellas. Estos abonos en metálico que se verían modificados en un futuro si prospera la nueva norma serían, lógicamente, aquellos que tienen consideración legal, y no los pagos en negro ―a los que Trabajo denomina “salarios ocultos”―, que seguirían siendo igualmente perseguidos, en este caso por su condición fraudulenta.
España prefiere el efectivo
En el caso de que esta medida saliera adelante, Trabajo entiende que beneficiaría doblemente a los trabajadores, ya que con el abono por transferencia de la nómina estos podrían obtener a ciertas contrapartidas favorables por parte de las entidades bancarias en las que tuvieran alojadas sus cuentas, como la reducción de las comisiones por mantenimiento.
Con esta modificación normativa, el uso del dinero efectivo volvería a verse amenazado, ya que en los últimos años tanto entidades bancarias como organismos financieros han abogado por ir retirándolo progresivamente de un día a día en el que va ganando terreno el pago con tarjeta. Sin embargo, España se mantiene como uno de los países más reticentes a abandonar las monedas y los billetes. Así lo evidenció la última encuesta realizada por el Banco Central Europeo (BCE) publicada el pasado mes de diciembre, que concluyó que los españoles fueron los que porcentualmente más utilizaron el efectivo para el pago de pequeñas compras (66%), frente a la media europea (48%). Sin embargo, con tarjeta pagaron solamente el 15% de sus compras, frente al 24% que se registró de media en la zona euro.
Fuente: elpais.com (4/2/21) Pixabay.com
