Nuevo retraso en la aplicación de la normativa de Verifactu: hasta 2027 no será obligatoria su aplicación para las empresas que todavía no hubiesen actualizado su forma de registrar las cuentas de su actividad, si es que ya lo hacían con el Sistema Informático de Facturación (SIF).
Esta es la segunda vez que se aplica un aplazamiento de la norma, que habría entrado en vigor el próximo 1 de enero para las empresas que tributen con el impuesto de sociedades, y el próximo 1 de julio para autónomos. Inicialmente la medida se planteó para 2025, pero se aplazó para dar margen de adaptación a los afectados.
El aplazamiento ha sido anunciado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez este martes, si bien han sido fuentes de Hacienda las que han precisado a la agencia Efe y confirma este medio que esta ampliación será de un año. El retraso de Verifactu se incluye dentro del real decreto ley que aprobará en el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts.
Esta moratoria era impulsada por el partido, pero también desde Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), y con especial hincapié desde las patronales empresariales como Pimec, que reclamaban una mayor flexibilidad en la adaptación que deben ejecutar medianas y pequeñas empresas (pymes), por el coste de los materiales informáticos (como el software escogido, si no se decantan por la opción pública que ofrece la propia Agencia Triburaria) y por el salto en competencias digitales.
Verifactu forma parte de la ley antifraude de Hacienda para hacer una trazabilidad de todas las operaciones de empresas que utilicen el SIF. Este puede ser desde un programa propiamente dicho, hasta una versión alterada de Excel o Word. En esencia, Verifactu sólo implicará un cambio en el modo de informar de las facturas que tendrá que hacerse un software certificado por Hacienda. De esta forma la Agencia Tributaria tendrá acceso automático al registro de facturas de una empresa, que sólo podrán modificarse en caso de error (y si se realiza el cambio en el mismo momento).
Desde la AEAT estimaban que en enero de 2026 se sumarían a este sistema las dos millones de empresas que pagan el impuesto de sociedades, y 2,4 millones de autónomos en julio. Y en los últimos meses, las distintas empresas especializadas en softwares para gestión de documentación habían detectado un alta considerable de las empresas que se ponían manos a la obra antes de que les agotase el tiempo y la AEAT pidiese los registros de facturación electrónica. Y por facturación, se referían esencialmente a facturas completas y simplificadas (como las de los negocios de proximidad). Porque la factura electrónica, insisten los expertos, es otra normativa distinta a Verifactu, que aún está prevista para entrar en vigor en 2027.
En el caso de ATA, reciben este martes con «alivio» el retraso de Verifactu. Lorenzo Amor, presidente de ATA, expresa que «los autónomos pueden respirar más tranquilos no empezando el año con más cargas», al tiempo que ha agradecido a Junts la «presión» que ha facilitado el retraso.
Por otro lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, tacha la situación de «despropósito» porque «estar continuamente planteando temas y luego dando marcha atrás genera desconfianza» y el colectivo está «harto».
Una conclusión a la que también llegan desde el Consejo General de Gestores Administrativos. Según Fernando Jesús Santiago, presidente de la institución, «este retraso aporta, por fin, la tranquilidad que las empresas y los autónomos no han tenido en todo este año», pero «sólo tendrá sentido si se utiliza para hacer bien aquello que no se ha hecho hasta ahora». Es decir, «aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que el mercado vuelva a sufrir una oleada de confusión».
Fuente: elmundo.es (3/12/25) pixabay.com
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