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Travasa Abogados & Asesores

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Jose Viñuela

gracias

Recortes de prensa

Cada tarraconense pagará 200 euros más en la renta por la inflación

Hachazo fiscal encubierto de 73 millones por el IPC en Tarragona, la novena provincia más perjudicada de España

Raúl Cosano

La asesoría Tarracogest se prepara para la renta. Foto: Pere Ferré
La asesoría Tarracogest se prepara para la renta. Foto: Pere Ferré

La inflación traerá otro sablazo en la renta. Los tarraconenses van a pagar de media 200 euros en la próxima campaña que empieza en unos días. Todo ello sucede como consecuencia del alza de precios acumulada durante 2021. Esa escalada impacta de lleno en la declaración del IRPF que se presenta esta primavera. Sin tocar nada y por una tasa de inflación del 6,5% en 2021, el Gobierno va a dar un mordisco a los contribuyentes que en el caso de Tarragona se elevará algo más de los 73,3 millones y en España llegará a los 4.110. Cada tarraconense pagará de media 200 euros de sobrecarga.

Es el cálculo de José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, en un trabajo para la Fundación Disenso. «La inflación no afecta al valor nominal sino al real. Indexarla sería que los convenios se adaptaran, por ejemplo. Pongamos por caso que yo gano 100 y de eso tengo que pagar 15 de renta. Pero si con los 100 euros antes podía comprar 20 litros de gasolina y ahora solo puedo adquirir 10, y estoy manteniendo la presión fiscal en 15, sabemos que la presión fiscal real no es ese 15. Por eso a la inflación se le llama el impuesto de los pobres, porque es general y el que no puede indexarla es el que pierde», desgrana el economista Rafael Muñoz, del gabinete de estudios de la CEPTA.

El autor del estudio indica que «esta sobrecarga impositiva en el IRPF asociada a la inflación es un fenómeno sobradamente conocido por los economistas, denominado progresividad en frío o rémora fiscal». Alerta también de que «esta progresividad en frío tiene la peculiaridad de pasar relativamente desapercibida ya que supone una subida impositiva encubierta que no necesita de acciones discrecionales por parte del gobierno». Es decir, la inflación incrementa la factura fiscal del contribuyente «sin que explícitamente se tengan que subir los tipos impositivos u otros elementos estructurales del impuesto». José Félix Sanz habla de un aumento «poco visible» y «sin costes políticos» para los gobiernos. Esos ajustes para procurar el equilibrio no se han hecho en los últimos años, en los que, sin embargo, la inflación permanecía bajo control.

Hacienda no actualiza el IRPF a los precios y eso provoca una sobrecarga fiscal en los contribuyentes

Por eso es ahora cuando esa posibilidad que está en manos del Gobierno ha entrado en el debate. «Cuando se deflactan las tablas del IPC, lo que conseguías era ajustar, diluir el efecto de la inflación sobre las bases imponibles. Este año no se ha hecho y eso está teniendo un efecto devastador en el impuesto de la renta y lo veremos ahora», indica Juan Gallardo, economista y jefe del gabinete de estudios de la CEPTA.

Añade Gallardo: «La deflactación no se había hecho hasta ahora porque no había ninguna necesidad. En los años 70 y 80 sí vivimos momentos de mucha inflación pero ahora nos coge de nuevo y, en ese sentido, el Gobierno ha sido muy ágil». Para Gallardo, «lo lógico hubiera sido ajustar las bases imponibles en función del IPC, porque se está produciendo una recaudación absolutamente artificial. Eso perjudica mucho a las clases menos pudientes».

El informe se ha elaborado en base a un ejercicio de microsimulación fiscal, comparando la estimación del IRPF de 2021 con escenarios alternativos en los que sí se hubiera realizado dicha indexación. El resultado del trabajo expone que «las autoridades no han incorporado ninguna medida para mitigar su impacto ni sobre el sistema fiscal en general ni sobre el IRPF en particular».

Progresividad distorsionada

En estos tiempos de altísima inflación, los precios desfiguran la renta en dos sentidos que provocan distorsiones. Por un lado, reduce en términos reales los mínimos exentos y las reducciones que se pueden aplicar y, por el otro, también atañe a la progresividad. «Cuando se grava la renta nominal se empuja a los individuos hacia tramos superiores de la tarifa progresiva, aun cuando la renta real no ha variado», expone el informe. Javier Pérez, asesor fiscal y laboral y gerente de la asesoría Pérez Tarracogest, se prepara para la etapa de declaraciones de la renta: «Hablamos de que habrá una subida encubierta de impuestos por el efecto de la inflación y el contribuyente acabará pagando más por culpa del IPC».

En resumen, todos los ciudadanos pagarán más pese a haber perdido poder adquisitivo en los últimos meses. «Los más perjudicados van a ser los ahorradores con criterios conservadores, aquellos que han decidido no arriesgarse. La inflación se va a comer una parte de esos ahorros», admite Rafael Muñoz, preocupado por la situación: «La tendencia es trasladar ese alza a los salarios pero puedes generar una inflación estructural y la conviertes en una espiral y eso es siempre peligroso».

Tarragona, con 200 euros de más por persona, figura entre las provincias que más sufrirá este hachazo fiscal encubierto. Madrid está en cabeza con 240 euros de sobrecoste, seguida de Barcelona con un coste de 231 euros, Baleares con 215 euros y Zaragoza con 212 euros de sobrecoste. A estos les siguen Girona, Asturias, Cantabria, Guadalajara y Tarragona, la novena más agraviada.

La recaudación por los impuestos especiales, ligados al carburante, se dispara en Tarragona

Aunque este curso va a ser el más flagrante, en el acumulado de los últimos años la ciudadanía ha ido perdiendo siempre, porque a cada ejercicio se ha ido repitiendo el mismo efecto. Desde que en 2008 se puso en marcha la estructura del actual modelo del IRPF, ningún gobierno ha actualizado la tarifa ni el resto de elementos del impuesto en función de la evolución de los precios. Esto ha provocado que entre 2008 y 2021 haya habido una subida por ese impuesto de 257 millones en Tarragona, 184 de ellos por el periodo de 2008 a 2020, más los 73 del año pasado. Es el dinero que se ha pagado de más por no haberse acompasado el IRPF a los precios en todo este tiempo. Eso supone que cada contribuyente ha tenido que hacer frente a un sobreimpuesto de 702 euros en Tarragona, ligeramente más elevado que la media estatal (698 euros). En España, se han abonado 14.379 millones de más, una sobrecarga fiscal que no ha hecho más que engrosar las arcas recaudatorias. Madrileños y catalanes son los contribuyentes más castigados, con aumentos de 861 y 796 euros.

Todo este escenario viene a ratificar la frase del premio Nobel Milton Friedman, que afirmó que «la inflación es un impuesto sin legislación». La coyuntura tiene en cuenta solo la escalada de precios de 2021, previa a la guerra, un conflicto que aún ha disparado más la inflación en 2022. El dato en febrero, cuando ya caían las bombas, se elevó al 8,1%, y siguió rompiendo todos los récords.

La tendencia se ve en toda la recaudación. Especialmente espectacular, según el balance del fisco en Tarragona, es lo recaudado en los impuestos especiales. Ahí se incluyen el alcohol o el tabaco pero también dos productos clave como el carburante o la luz. Los ingresos ahí se han duplicado, al pasar de unos 25 o 30 millones a los 66, según los datos de 2021.

Fuente: Diaridetarragona.com (31/3/22) documento en pdf

Prisa por la declaración de la renta: los tarraconenses que ya han cobrado suben un 30% (7/5/2020)

Nunca el contribuyente, en busca de liquidez, madrugó tanto para tramitar las devoluciones de Hacienda. 64.125 ciudadanos de la provincia han ingresado del fisco 47 millones, un 43% más

Raúl Cosano

Javier Pérez, en su asesoría Tarracogest, en Tarragona. Aquí se ha notado el incremento de solicitudes.  FOTO: PERE FERRÉJavier Pérez, en su asesoría Tarracogest, en Tarragona. Aquí se ha notado el incremento de solicitudes. FOTO: PERE FERRÉ

«Normalmente empezamos a hacer las rentas en mayo, pero este año desde principios de abril ya teníamos llamadas y consultas. Muchos querían confirmar borradores. Ya en abril hicimos unas 30 declaraciones y ahora, a estas alturas, estamos haciendo más que en ningún otro año», admite Javier Pérez, gerente de la asesoría Pérez Tarracogest. «Aún queda tiempo, pero otros años la gente se despertaba más tarde. Ahora todo el mundo está más nervioso e intenta moverse antes para acceder a cierta liquidez», expone un asesor fiscal de Reus, que también ha notado esta nueva dinámica económica en torno a la crisis derivada de la Covid-19: los apuros monetarios están llevando a los contribuyentes a hacer los deberes antes de lo habitual y presentar la declaración de la renta con mayor anticipación. «Hemos notado una punta muy grande, sobre todo para aquel al que le sale a cobrar. Muchos saben que es un pago que se realiza más o menos rápido y quieren acceder a ese dinero», comenta Pérez.

«A estas alturas estamos haciendo más declaraciones que en ningún otro año», dice Javier Pérez, asesor fiscal y laboral

Aquel que va a tener que pagar no tiene tanta prisa –el abono se suele hacer a finales de junio e incluso en una segunda parte que se puede postergar a noviembre– pero sí el que sabe que el fisco le va a devolver algo de montante, para su alivio, en una situación económica tan delicada, marcada por el descenso de ingresos en el hogar, los expedientes de regulación de empleo o, directamente, el paro derivado del cierre forzoso de negocios. «Este año la gente se está espabilando mucho. Dada la situación, hay gente que necesita acceder al dinero y esto es una manera de hacerlo», indica Javier Pérez, cuya gestoría sigue inmersa en un intenso trabajo de tramitación de ERTE, ya estabilizado y en algún caso revertidos en parte debido al progresivo regreso a la actividad según las fases de desescaladas.

El Ministerio de Hacienda ha puesto datos a esta tendencia. Un total de 108.963 tarraconenses ya han presentado la declaración, un 22,3% más en relación a estas alturas del año pasado, cuando la cifra de balance del primer mes de campaña se quedaba en 89.029. El incremento en la provincia es superior al de la media catalana (un 21,28%) pero algo inferior a la estatal (24,52%).

El 75% de los contribuyentes de Tarragona a los que les salía a cobrar ya han recibido el dinero

En global, en Tarragona se han solicitado 85.528 devoluciones y se han abonado por el momento 64.125, el 75% del total. Así, se han pagado 47 millones del total de 69 reclamados, una proporción del 68%. También en estos indicadores se ha producido un incremento notorio si se establece una comparativa. El año pasado, solo habían cobrado 49.260 contribuyentes, un 30% menos. A su vez, los ciudadanos de las comarcas tarraconenses habían ingresado del fisco 32,7 millones en global, un 43,4% menos en relación con el dato actual (47), marcado por la pandemia.

Hacienda recuerda que «en el contexto actual de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes presentan sus declaraciones por internet, se consideró especialmente importante mantener la fecha de inicio de campaña prevista (1 de abril), de manera que los contribuyentes pudiesen ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones».

La agilización en las presentaciones está alcanzando también a las declaraciones con resultado a ingresar, que crecen un 31%, superando ya la cifra de 937.000. El Ministerio sostiene que acelerar la presentación no supone un perjuicio para los contribuyentes con declaraciones a ingresar, dado que comienzan a pagar al final de la campaña.

En cuanto a las vías de presentación, además del canal telemático principal, que es la página web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), los contribuyentes también están agilizando la entrega a través de aplicación móvil de la Agencia. Por esta vía se han presentado más de 262.000 declaraciones hasta hoy, un 31% más que el año pasado.

Fuente: Diaridetarragona.com (7/5/20)

Primeros abusos laborales: trabajar aunque haya un ERTE, despidos y excesos ‘on line’  (16/4/2020)

Las asesorías y gestorías de Tarragona están desbordadas por tramitar expedientes, bajas y ayudas. Abogados laboralistas alertan de gastar vacaciones en lugar de ERTE y otros fraudes

Raúl Cosano

Luis Lobaco, en su asesoría de Tarragona, que ha notado un aumento de la actividad a raíz de tramitar ERTE, ayudas o moratorias. FOTO: PERE FERRÉLuis Lobaco, en su asesoría de Tarragona, que ha notado un aumento de la actividad a raíz de tramitar ERTE, ayudas o moratorias. FOTO: PERE FERRÉ

«Nosotros somos los sanitarios de las empresas», resume Luis Lobaco, gerente de RMB Assessors, oficina dedicada a cuestiones fiscales, laborales y contables. El despacho bulle estos días, a pesar de que hay poca gente en él porque la mayoría teletrabaja. «El volumen de actividad se nos ha incrementado exponencialmente», explica Lobaco.

Asesores fiscales y laborales, graduados sociales, gestores y algunos abogados laboralistas y de empresa se emplean a destajo estos días al auxilio de las compañías: orientan a pymes y autónomos todavía en shock, tramitan ERTE, ayudas y moratorias de pago. Escudriñan cada rincón del BOE para aferrarse a normas cambiantes de un día para otro e intentar socorrer así a las empresas que peor lo están pasando, también a la hora de encarar el inminente calendario fiscal.

De paso, algunos abogados tarraconenses perciben ya prácticas irregulares o abusos, que van del exceso de teletrabajo a métodos como hacer cogerse a los empleados vacaciones en lugar de aplicar un ERTE o, incluso, acometer una regulación de empleo temporal mientras la plantilla sigue trabajando.

La adaptación de las asesorías ha sido exprés. «Hemos tenido que interpretar normativas sobre la marcha y en muy poco tiempo, y sin experiencia previa, porque es una situación nueva para todos. Las asesorías han estado colapsadas y sin un marco jurídico claro y con la autoridad laboral también saturadísima», cuenta Lobaco, testimonio de primera mano de cómo la Covid-19 ha puesto patas arriba todo el derecho laboral.

En estas oficinas se tramitan prestaciones por cese de actividad de los autónomos, ayudas o los préstamos ICO, un recurso para aliviar a empresas en estos momentos de súbita crisis. «En muchos casos tenemos que preparar la información contable porque el banco se la pide a la empresa. A todo esto, a fecha de hoy Hacienda mantiene los plazos para la renta, así que todo se acumula», añade Lobaco.

Tramitar ayudas

El nivel de frenesí es generalizado. «Hemos tramitado bajas de autónomos, además de ERTE o ayudas diferentes. Ha sido caótico porque nos hemos encontrado también con la administración pública cerrada y muchas veces no te cogían el teléfono. Lo que era blanco un día era negro al otro», comenta Javier Pérez, gerente de la asesoría Pérez Tarracogest. «Hay muchísima más actividad», corroboran desde el despacho Tarraco Assessors.

Lluís Espuis, asesor fiscal gerente de Gestalia, también confirma la dinámica: «Ha sido un poco de locos, sobre todo por el componente de incertidumbre que había. Hemos tenido que gestionar la situación de pymes y muchos autónomos que desde el principio se vieron obligados a cerrar».

Robert Gutiérrez, asesor laboral en la editorial jurídica LeFebvre, se ha responsabilizado de publicar boletines con artículos en clave didáctica para sus clientes: «Me encargo de transmitir de una manera muy práctica cómo funcionan las prestaciones, los incentivos para autónomos, los aplazamientos de cotizaciones y todo lo relacionado con el derecho laboral».

Los letrados también se han topado, en algunos casos, con «un aumento exponencial», como reconoce Víctor Canalda, abogado laboralista de Tarragona y profesor de Derecho en la UOC. «Cuando empezaron a implementarse las medidas legales de restricción de la actividad las consultas se dispararon, sobre todo de empresas para realizar los ERTE», explica Canalda.

No solo preguntan por la suspensión de contratos sino también por cuestiones como distribuciones irregulares de la jornada o emplear las vacaciones para pagar a los trabajadores sin que prestaran servicios, algo no permitido. «Nos consultan sobre si se puede despedir por causa de la Covid-19. También hemos tenido consultas de trabajadores en relación al abuso de estas medidas», cuenta Canalda, que tras encarrilar las formas de tramitar los ERTE se enfrenta ahora a otra casuística derivada de la situación: «El trabajo como laboralista está siendo a día de hoy para impugnar medidas que se han tomado ilegalmente, sobre todo despidos, y en cuanto a la falta de seguridad laboral en las empresas».

Canalda también ha recibido encargos en relación a abusos con el teletrabajo, modificación de condiciones sin las garantías legales, denegación de prestación de desempleo a despedidos en periodo de prueba y falsos autónomos que se encuentran desprotegidos por culpa de su irregular situación.

Un trato personalizado

Jerónimo Martín, de Abogados Parareda, un bufete en la Rambla Nova de Tarragona, ha asistido también en procesos de expedientes regulares temporales: «Sobre todo es un trabajo más de gestorías, pero hay empresas que van a despachos porque quieren un trato más personalizado, y hay que hacer una memoria para determinar si va a prosperar o no tu pretensión».

Entre otros casos, hay empresas que están obligando al empleado a ir a trabajar a pesar de haber presentado un expediente regulador. «Piratas siempre hay, o empresas que no hacen las cosas bien. El despido objetivo por el tema del coronavirus está prohibido pero las empresas buscan planes B, como no superar el periodo de prueba», aporta Jerónimo Martín.

El abogado tarraconense Joaquín Parareda, además de aventurar un escenario de saturación en los juzgados, remarca que «hay empresas que han hecho despidos sabiendo que son improcedentes para no tener que hacer ni ERE ni ERTE, lo que les obliga a demostrar más cosas, y en el caso de la regulación temporal les fuerza a mantener la plantilla durante seis meses una vez se acabe el estado de alarma».

«Hay despidos en los que se admite que la causa es el coronavirus. Eso está prohibido, pero la empresa reconoce la improcedencia porque le conviene más eso, generalmente con aquellos empleados de poca antigüedad», indica Canalda, que enumera otras prácticas que, como letrado, está tramitando para emprender un próximo proceso judicial: «Se están produciendo abusos de teletrabajo. Existe la necesidad de seguir controlando el horario y, en algunos casos no se hace. Tampoco se puede hacer coger vacaciones para no hacer un ERTE ni aplicarlo y después trabajar a tus empleados desde casa, que es algo que estamos viendo».

«Medidas dudosas»

Ante esta casuística, Canalda pronostica un «incremento de la litigiosidad por las medidas que bastantes empresas han tenido que tomar atropelladamente y de forma dudosa, lo cual ha creado perjuicios para los trabajadores».

Canalda añade que «debido a la excepcional situación y la premura se han gestionado con muy baja seguridad jurídica. Es muy posible, igualmente, que de aquí a final de año el SEPE exija la devolución de las prestaciones de desempleo a las empresas que no hayan podido cumplir la cláusula de mantenimiento de empleo, lo que supondrá mayores índices de asuntos contenciosos». De entrada, algunos actos de conciliación se están aplazando hasta junio. «Es una muestra de que nos preparamos para un colapso judicial cuando esto pase», dice Canalda.

Los sindicatos denunciaron hace semanas que una parte importante de los ERTE eran irregulares. CCOO estimaba que el 50% de las regulaciones de la industria del Camp de Tarragona eran fraudulentas. UGT afirmó ayer en un comunicado que «el 99% de los trabajadores fijos discontinuos de la provincia están condenados a la miseria». El sindicato denuncia que la tónica de la patronal del sector es «no incluir a los trabajadores fijos discontinuos en los ERTE, a pesar de saber que sus empleados están en una situación precaria». El sindicato exige a la patronal «actuar de manera honesta y responsable».

Fuente: Diaridetarragona.com (16/4/20)