¿Cómo van a combatir el fraude los funcionarios de Hacienda?

aeatEn estos momentos la lucha contra el fraude resulta esencial para recuperar la recaudación impositiva.

Destaca este año una mayor intensificación en la lucha contra los alquileres no declarados, no sólo mediante la constatación de los consumos eléctricos como en planes anteriores, sino realizando actuaciones presenciales en viviendas. La ampliación de la red española de acuerdos y convenios que posibilitan el intercambio de información, capítulo en el que a lo largo de 2013 Hacienda ha progresado mucho, permitirá realizar requerimientos internacionales dirigidos a territorios y jurisdicciones tradicionalmente considerados paraísos fiscales, de baja tributación o territorios con secreto bancario aún vigente.

Además, Hacienda cuenta con la reciente modificación de la Directiva de Sociedades y Filiales de Estados miembros, que afecta a multinacionales como Starbucks, Amazon, Google o Apple, que aprovechan brechas legales para no tributar.

Intercambio de información y acuerdos

La Aeat cuenta con el proyecto normativo (Beps) para evitar la erosión de las bases imponibles y la desviación de beneficios y la estrategia del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en el que se promueve la adopción de estándares internacionales para el intercambio de información internacional, que van encaminados a la firma de acuerdos multilaterales y a la actualización automática de los bilaterales.

Pero lo que mayores esperanzas ha generado en la lucha por mejorar la recaudación y acabar con la no tributación de las empresas transfronterizas, es el acuerdo firmado con Estados Unidos para el intercambio automático de información financiera (Fatca), al que se han unido España, Francia, Alemania o Italia, y los que previsiblemente se firmen con otros países de la UE y la Ocde, que apuestan por el intercambio de información y la transparencia para la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Dentro del intercambio de información, este año la Aeat prevé dar un importante impulso a las fórmulas de colaboración para obtener información de otras Administraciones, especialmente en aquellos supuestos en los que existan registros administrativos relativos al ejercicio de actividades económicas.

En este servicio de intercambio se prevé incorporar la información de la base de datos nacional de subvenciones para garantizar la tributación por los perceptores de las mismas.

Este es el primer ejercicio en que se tienen datos de las declaraciones de valores y bienes en el extranjero, a través del modelo 720, lo que abrirá múltiples vías para detectar patrimonios no declarados.

Sin embargo, en los últimos escándalos de corrupción se han detectado numerosas cuentas en países que aún conservan el secreto bancario, que no se habían incluido en estas declaraciones obligatorias. Además, se continuarán realizando actuaciones selectivas de captación de información sobre contribuyentes que ejerzan actividades profesionales y empresariales para descubrir ingresos de la actividad no declarados.

Asimismo, se analizará la existencia de signos externos de riqueza que no se correspondan con el nivel de renta y patrimonio declarados previamente.
En colaboración con los organismos de la UE competentes en la materia, en particular la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, se intensificará la captación de información para identificar el verdadero país de origen de las mercancías importadas y los valores reales de transacción para la correcta aplicación de los tributos que gravan el comercio exterior, así como sobre la circulación intracomunitaria de productos sujetos a impuestos especiales de fabricación con objeto de impedir su desvío a circuitos ilegales.

Búsqueda y cruce de datos

El Plan de la Aeat prevé que se reforzarán en 2014 las actuaciones de prevención y control consistentes en la obtención de información que permitan la detección precoz de actividades ocultas y se potenciarán las actuaciones presenciales en aquellos sectores en los que se aprecie una especial percepción social sobre la existencia de elevados niveles de economía sumergida, para que serán muy importantes los acuerdos de intercambio de información entre Administraciones.

Y como en años anteriores, se plantea la Agencia investigar la existencia de indicios de deslocalización o simulación de actividad para ocultar la verdadera actividad o el verdadero titular de las rentas, así como realizar actuaciones dirigidas a la verificación del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.

No menos valor tiene que en 2014 las actividades profesionales continúen siendo objeto de especial seguimiento utilizando para ello las fuentes de información tradicionales de la Aeat, así como la información que pueda obtenerse procedente de registros administrativos o privados y de requerimientos de información a clientes finales.

Además, se controlará la utilización improcedente de personas jurídicas que canalicen rentas de personas físicas con el único objeto de reducir la tributación de la persona física por la diferencia de tipos o que incorporen gastos personales no relacionados con la actividad. Y un año más, se centra la atención en profesionales que operan en sectores en los que tradicionalmente se utiliza el cobro en efectivo, se examinará la aplicación de la limitación de pagos en efectivo.

La lucha contra el blanqueo de capitales, tramas de IVA, contrabando de bienes y capitales, mal uso de deducciones tributarias improcedentes, impagos reiterados o insolvencia simuladas, conforman una larga lista de medidas tradicionales con un éxito desigual cada año.

Recaudación y solicitudes de aplazamiento

Los funcionarios del Área de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Aeat) intensificarán su presencia efectiva en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes de los obligados tributarios. Se trata de hacer un seguimiento para lograr el control de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. Para ello, se prevé realizar actuaciones dirigidas al embargo de los bienes situados en sus sedes y de cuantos créditos sea posible en función de la información contable recabada en las citadas actuaciones.

La finalidad es cobrar la deuda pendiente y dificultar su participación en el mercado e impedir el perjuicio que se deriva para las arcas públicas, así como la competencia ilícita que genera.

Estas visitas en ejercicios precedentes han llegado a tener un carácter ejemplarizante en ocasiones, presentándose los funcionarios en restaurantes en plena hora de la comida a requisar material o en las ferias de poblaciones en fiestas para cobrar a los feriantes en plena actividad.

Se continuará con el control de deudores declarados fallidos y sus créditos cancelados por incobrables para detectar supuestos de solvencia sobrevenida y proceder, en su caso, a su rehabilitación. La investigación de la participación de deudores aparentemente insolventes en la constitución de otras sociedades mercantiles que no ingresen sus obligaciones tributarias, dificultando la recuperación de deudas pendientes de cobro, se considera prioritario este ejercicio.

A modo preventivo, se encomienda el control de las solicitudes de aplazamientos que tengan por objeto conseguir una dilación o retraso injustificado en el pago de las deudas tributarias resultantes de autoliquidaciones o de liquidaciones practicadas por Hacienda. Además, se prevé impulsar las acciones penales por insolvencia, en la medida que la denuncia de estas conductas supone la mejor defensa de los derechos de la Hacienda Pública.

Otra medida incluida en el Plan para 2014 es el refuerzo de las derivaciones de responsabilidad y de la adopción de medidas cautelares. Se potenciarán las actuaciones de investigación dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas y a acreditar la concurrencia de los supuestos de hecho previstos en la norma para exigirles el pago de la deuda tributaria, en particular, en los casos de mayor complejidad y gravedad. Se intensificarán, en esta misma línea, los acuerdos de prohibición de disponer dirigidos a evitar el vaciamiento patrimonial en los embargo de acciones o participaciones de entidades tenedoras de bienes inmuebles cuando el titular de las mismas, deudor frente a Hacienda, ejerza un control efectivo sobre las sociedades.

Un esfuerzo para detectar comportamientos de concursados y sus administradores que perjudiquen al Estado como acreedor, se incluye en estas líneas generales de actuación.

Fuente: Eleconomista.es (17/4/14)

El transporte español rechaza la futura tasa gala a los camiones extranjeros

untitledLos camioneros españoles vuelven a sentirse amenazados por Francia. En concreto por un impuesto que sopesa el nuevo Gobierno francés que encabeza Manuel Valls. La ministra de Ecología del país vecino, Ségolène Royal, avanzó el martes durante una entrevista en televisión que busca un sistema “para hacer pagar a los camiones extranjeros”.

El Ejecutivo galo baraja una tasa que debería pagarse en la frontera u obligar a los transportistas extranjeros a utilizar la red de autopistas de peaje del país. De imponerse esta última decisión, Royal ha explicado que el Estado cobraría a las concesionarias, entre ellas Abertis, por el tráfico extra. Y los fondos captados se emplearían para financiar la construcción y mejora de las carreteras.

El simple anuncio ha cogido en alerta a las patronales españolas del transporte. La crisis de Gobierno en el país vecino prometía la recuperación del debate sobre la imposición del pago por uso en las vías de alta capacidad, cuya implantación ha sido paralizada en distintas ocasiones por las presiones del transporte francés.

Lo que no esperaban colectivos como la Confederación Española del Transporte por Carretera (CETM) es que se optara por una tasa que, bajo su punto de vista, “vulnera la libre competencia”. Fuentes de la patronal hablan de un impuesto “discriminatorio” que atentaría contra la libre circulación de mercancías en la UE. “Si Francia pretende implantar la Euroviñeta o cualquier otra tasa, u obligar a los vehículos pesados a circular por autopistas, deberá imponérselo a todo el mundo, también a sus camiones, tal y como dicta la legislación comunitaria”, explican desde la CETM. De instaurarse tal y como ha avanzado la ministra Royal, con toda seguridad la medida sería recurrida ante la Comisión Europea. El mayor colectivo español de transportistas habla de riesgo para la competitividad de empresas del sector, con fuerte peso de los autónomos, y aprecia riesgos para las exportaciones a la vista de que la tasa se trasladaría al precio de la carga.

Apoyo en casa

La socialista Ségolène Royal jugaba en campo propio cuando lanzó el cañonazo de una posible tasa exclusiva para los camiones extranjeros. Fue en una entrevista ofrecida por los canales RMC y BFM TV, en la que la ministra gala llegó más lejos aún al decir que este cobro serviría para eximir a los camioneros franceses de la polémica eco-tasa, suspendida desde octubre ante las sonoras protestas de los camioneros, especialmente en el área de Bretaña.

El respaldo de las patronales francesas no se ha hecho esperar. Un comunicado conjunto de FNTR, Unostra y TLF, los tres mayores colectivos galos en la representación del transporte por carretera, mostraba “satisfacción” ante una política que exime de cargas extra a sus empresas y apunta hacia una nueva fiscalidad para los transportistas extranjeros.

Los tres colectivos aplauden a la ministra de Ecología y piden al Estado que confirme la decisión cuanto antes, “para asegurar que no hay obstáculos que se erigen contra la implementación de este anuncio”.

Para los transportistas del país vecino se pondría fin a años de incertidumbre, en los que la tarificación de las autovías ha estado siempre presente en el debate nacional.

El choque entre los transportistas de uno y otro lado de la frontera está servido.

Fuente: Cincodias.com (17/4/14)

Condena a un notario por la venta de una casa embargada sin avisar

notarioLa ignorancia del notario sobre la existencia de una carga que pesa sobre un inmueble es inexcusable.

Determina el ponente, el magistrado Sancho Gargallo, que cuando el sistema de comunicación entre la notaría y el Registro no funciona y se declara probado que el Registro remitió la comunicación en la que informaba del embargo, la notaría debió recibirlo.

Conforme al artículo 175.1 del Reglamento Notarial, el notario, antes de autorizar el otorgamiento de una escritura de adquisición de un bien inmueble, debe comprobar la titularidad y el estado de cargas del bien. Para ello, debe solicitar del Registro una nota informativa del estado de cargas en el momento y que se le informe de las posteriores, antes de autorizar la escritura de compraventa.
Señala el ponente, que las partes que acuden a la notaría, especialmente, el comprador, confían en que el notario les informará adecuadamente de las cargas que pesan sobre el inmueble objeto de la compraventa, para evitar lo que ocurrió en este caso, que el comprador preste su consentimiento a la compra de un inmueble sin conocer que acaba de trabarse un embargo sobre este bien, que lógicamente lo devalúa.

Para el magistrado, resulta indudable que el hecho de que el notario no dejara constancia del embargo judicial que gravaba el inmueble al tiempo de autorizar la escritura de compraventa, ocasionó un grave perjuicio al comprador, quien consintió pagar un precio por dicho inmueble, que estaba devaluado en una cifra similar como consecuencia del embargo.

No puede negarse un nexo de causalidad entre la omisión del estado actual de las cargas que pesan sobre el inmueble cuya escritura de compraventa se autoriza, y el detrimento patrimonial del comprador que se obliga a pagar un precio por un inmueble que a causa del embargo apenas vale.

Esta conducta es imputable al notario que, aunque alegue que desconocía la circunstancia del embargo, esu ignorancia no es excusable ante el comprador.  Rebatir las pruebas La sentencia da por acreditado que el Registro facilitó en este caso  la información relativa a la entrada de la orden judicial de anotación de embargo porque consta en los autos una copia del recibo ( report) creado por el sistema informático del Registro, según el cual el fax informático se recibió en la notaría, sin que el demandado acreditadse que el documento no le llegó por razones técnicas que no le son imputables.

A la vista de la apariencia que genera el ?report? de haber sido recibido el fax informático por la notaría, correspondía al demandado acreditar lo contrario o, como se expresa el tribunal de apelación, ?desvirtuar lo que resulta de ese documento?, y cita el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Corresponde al notario tener los medios técnicos necesarios para prestar sus servicios, en este caso para cerciorarse de que informa al comprador de las cargas que pesan sobre la finca que compra.

Fuente: Eleconomista.es (14/4/14)

El Gobierno da un año a la Iglesia para poner los templos a su nombre

mezquita CórdobaEl Gobierno despojará a la Iglesia de los privilegios de que goza desde 1946 para poner a su nombre cualquier edificio, almacén, cementerio, garaje o huerto sin tener que demostrar que es la propietaria. En la actualidad (gracias a que el Gobierno de Aznar agrandó esos privilegios en 1998), basta con que un obispo se acerque al registro de la propiedad para que una catedral que nunca tuvo dueño oficial quede inmatriculada, por un puñado de euros, como ha ocurrido con la de Navarra, o con la mezquita de Córdoba, por poner dos ejemplos notables. El artículo 206 de aquella ley franquista que permitía a los obispos proceder como los funcionarios públicos ha desaparecido por completo en el anteproyecto de ley que reforma la Ley Hipotecaria que ha presentado el Consejo de Ministros. En su lugar (ahora el artículo 204) hay una redacción que nada menciona sobre ello.

Pero la reforma presentada ayer da un año de plazo desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entren en vigor estos cambios, por tanto, hay tiempo aún para seguir haciendo lo que se ha hecho hasta ahora. Y aún más, teniendo en cuenta que se trata de un anteproyecto de ley al que le faltan meses de trámites.

José María Aznar extendió a los templos de culto la posibilidad de esas inmatriculaciones exprés en 1998 y desde esa fecha, solo en Navarra, la Iglesia puso a su nombre 1.087 inmuebles religiosos o no, un gran patrimonio artístico que en buena medida había construido el pueblo, como queda acreditado en numerosas escrituras.

Historia de una prebenda

  • La Ley Hipotecaria de 1946 equiparaba, en su artículo 206, a la Iglesia católica con los funcionarios públicos a la hora de poner a su nombre una propiedad (fincas rústicas, casas). Bastaba con que un obispo fuera al registro con un papel expedido por el diocesano en el que dijera que aquella casa era suya. Así se han inmatriculado (registrado por primera vez) miles de propiedades de toda clase: casas rectorales, cementerios, huertos, garajes, almacenes…
  • En 1998, el Gobierno de José María Aznar extiende ese privilegio a los templos de culto, los únicos que quedaban a salvo de esta práctica. A partir de esa fecha, las diócesis pusieron a su nombre iglesias, mezquitas, catedrales, ermitas. Solo en Navarra se inmatricularon así 1.087 propiedades. Lo que haya ocurrido en el resto de España es un misterio, porque el Gobierno no ha dado esos datos. Solo se los dio a Navarra tras una petición formal de su Parlamento.
  • En 1993, una sentencia declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: trataba del desalojo de inquilinos de una casa por parte de la Iglesia para lo que también tenía privilegios. La sentencia argumentaba que no se podían confundir fines estatales o públicos con fines religiosos; ni a la Iglesia con una corporación de derecho público. Para los expertos jurídicos, esto era trasladable al caso de las inmatriculaciones, pero jamás se llevó este asunto al Constitucional.
  • El anteproyecto de ley de reforma hipotecaria presentado ahora ya no cita a la Iglesia en todo su articulado.

La Iglesia ha inmatriculado (así se dice en la jerga cuando se registra alguna propiedad por primera vez) en estos años miles de inmuebles y templos en toda España, con un proceso sencillo que muchos expertos jurídicos consideran inconstitucional pero que nadie llevó nunca a tribunales para que quedara demostrado. Se desconoce el número de propiedades que se han puesto a su nombre por toda España, pero algunas estimaciones de fuentes cercanas al Registro de la Propiedad hablan de alrededor de 4.500. Muchos alcaldes desconocen que la iglesia o la ermita ya no pertenece al pueblo. Revertir ese proceso requiere ir a tribunales, algo que no está al alcance de muchos ciudadanos, ni de algunos Ayuntamientos.

La reforma presentada por el Ministerio de Justicia, equiparará a esos obispos con el resto de los ciudadanos, que tienen que presentar en el registro de la propiedad la documentación que obre en su poder y que acredite que la propiedad les pertenece. Pero la Iglesia parte, de nuevo aquí, con ventaja, porque uno de los requisitos que se incorporan en la reforma es que esos inmuebles estén certificados en el catastro, algo que han venido haciendo los religiosos con la misma facilidad con que inmatriculaban aquello que nunca tuvo propietario. En la Conferencia Episcopal no quisieron hacer ayer ninguna declaración. Cuando se consultaba a las diócesis solían argumentar que los templos eran de su propiedad, por tanto, no se estaban apropiando de algo ajeno. Y remarcaban el favor que suponía registrar bajo su nombre algo que no tenía dueño que se ocupara de ello. Quizá por eso, el comunicado que el Gobierno emitió ayer destaca la “conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos” que ha adquirido la sociedad desde que Aznar permitió inmatricular templos en 1998. Aunque no menciona a Aznar, solo dice que se hizo “por diversas razones históricas”. Más que conciencia adquirida, la sociedad ha estado luchando a brazo partido para evitar que la Iglesia se apropiara de templos y ermitas. Hasta llegar a los tribunales, en muchos casos y con poco éxito, en ocasiones. Sonados han sido los enfrentamientos con la Plataforma Navarra, que se opuso a estas inmatriculaciones y que ha conseguido arrebatarles algunas propiedades utilizando estrategias legales. Carmen Urriza, letrada de esa plataforma, destacaba ayer la “falta de voluntad” de esta reforma por presentar como inconstitucional el famoso artículo 206 de la ley franquista: “Si hubieran tenido conciencia clara de que esto es inconstitucional habrían dispuesto que la ley tiene un plazo de un año para entrar en vigor salvo en lo que respecta a ese artículo, y así se habrían evitado cuanto antes esos abusos. Es una chapuza jurídica que permite a la Iglesia seguir expoliando bienes de naturaleza pública durante más de un año”.

Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, dijo ayer que este anteproyecto del Gobierno más que restar privilegios a los obispos “les pone sobre aviso para que sigan haciendo de las suyas. No derogan el artículo de inmediato, sino que se trata más bien de una amnistía a las que acostumbra el PP. Les van a quitar el privilegio, pero les avisan antes”.

Otra función cedida a los notarios

La reforma de la ley hipotecaria que planea el Gobierno delega, además, en los notarios y registradores de la propiedad el trámite de la inmatriculación, que ahora se realizaba ante un juez de primera instancia. Eso significa que el ciudadano o empresa que quiera cumplimentar ese trámite tendrá que pagar un arancel al notario para iniciar el procedimiento y otro, como hasta ahora, al registrador para realizar la inscripción final. Justicia alega que el objetivo es descongestionar los juzgados y sostiene que, “en la mayoría de los casos”, no supondrá un coste extra para el ciudadano, porque este pagará al notario pero se ahorrará la minuta del abogado. Notarios y registradores también serán, a partir de la aprobación del proyecto, los responsables de otros expedientes, como los de rectificación de superficie o deslindes. En todo caso, si la inscripción provoca un conflicto con terceros, este será resuelto ante un juez, como hasta ahora.

Justicia ya delegó hace seis meses en los notarios miles de procedimientos no contenciosos que ahora realizan los juzgados, entre ellos la celebración de bodas y divorcios de mutuo acuerdo (aunque estos dos últimos, de forma voluntaria para el ciudadano). Esa reforma aún no ha entrado en vigor.

Fuente: Elpais.com (11/4/14)

Sancionado por indecoroso, señoría

justiciaDicen que una buena capa todo lo tapa. Y si es una buena toga negra de alpaca, con sus mangas abullonadas, sus solapas satinadas y sus faldones hasta los tobillos, ya puede ir uno de trapillo debajo, que por fuera transmite el empaque y la solemnidad que se les supone a los profesionales de la Justicia. O no. Al ministro Alberto Ruiz-Gallardón parece que no le basta. Al menos, no en el caso de los secretarios judiciales.

Estos altos empleados públicos, pertenecientes al grupo A1, con rango de autoridad, tratamiento de “señoría” y el deber del uso de la toga en sala estarán obligados, como el resto de funcionarios de la Administración de Justicia, a “vestir y comportarse con el decoro adecuado a la función que desempeñan”. Así lo estipula el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado el pasado 4 de abril por el Consejo de Ministros, y que establece también la correspondiente sanción —desde el apercibimiento a una multa de hasta 600 euros— por falta leve para aquellos que los incumplan. El texto, sin embargo, no estipula nada respecto al vestuario de jueces y fiscales. A lo que se ve, a ellos el decoro en el vestir se les supone.

La novedad —hasta ahora no había nada escrito al respecto— ha provocado primero la incredulidad, y después la indignación de los colectivos afectados. Tanto los secretarios judiciales como los funcionarios de Justicia se declaran “ofendidos”. Profesional y hasta personalmente.

“Nos están faltando al respeto”, estima Carlos Arcal, de 50 años, secretario del juzgado de primera instancia número 17 de Zaragoza y portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales. “Presidimos subastas, señalamos vistas, dirigimos oficinas judiciales. Tenemos un prestigio ganado a pulso, y esta ocurrencia lo tira por tierra. Nos obliga a vestir con decoro, como si necesitáramos que nos lo recordaran y como si a alguien se le ocurriera venir a trabajar en traje de baño. Lo que se trasluce es la visión trasnochada, rancia, decimonónica de la Justicia que tiene este ministro. El mismo concepto decoro es de otra época. Parece como si Gallardón viviera en una realidad paralela. Además, resulta doblemente ofensivo cuando no le pide lo mismo a jueces y fiscales, como si, ellos sí, estuvieran por encima del bien y del mal”.

“El problema es quién decide lo que está bien o no”, dice el filósofo Gomá

Los funcionarios rasos de Justicia, aquellos que atienden a los ciudadanos en los juzgados y gestionan las oficinas judiciales, no están menos indignados. “Esos artículos son injustos, innecesarios y destilan cierta mala leche del Ejecutivo con los empleados públicos”, corrobora Francisco Lama, funcionario del Cuerpo General y portavoz de Justicia del sindicato CSIF. “Se pone en tela de juicio el decoro de todos los funcionarios, menos de jueces y fiscales. Yo he estado sentado al lado de Gallardón en una mesa y voy igual de decoroso que él, o más. ¿O es que ahora el decoro reside en llevar corbata?”, espeta este profesional de mediana edad que acude a su trabajo “cómoda, correcta y decorosamente” vestido con vaqueros, camisas, jerséis y chaquetas más o menos formales, dependiendo de la agenda, del tiempo y de su gusto personal.

Ramón Álvarez, responsable de la sección de Justicia de Comisiones Obreras y funcionario con décadas de servicio, no conoce un solo caso de quejas de ciudadanos acerca del aspecto o la indumentaria de las personas que les atienden en los juzgados. “Con esta medida, el ministro Gallardón demuestra su clasismo y sus prejuicios”, opina. “Que defina lo que es ir indecoroso dentro y fuera de la sala de vistas. Porque, además, en la sala, los actores del acto de justicia llevan toga. Hay hasta un escalón, la tarima, un protocolo y una escenografía que establece claramente quién es quién. Lo demás son ganas de remarcar las clases en los juzgados y de establecer unas etiquetas ya superadas por la realidad”, añade.

En el Ministerio de Justicia se muestran sorprendidos por la reacción a este artículo del anteproyecto que, según señala un portavoz, ya estaba previsto en el informe que presentó la Comisión de Expertos reunida por el ministerio el 25 de febrero de 2013, y que lleva colgado en su web desde entonces. “Se han celebrado muchos debates y nadie había planteado ninguna alegación”, señalan. “En cualquier caso”, añaden, “lo único que se pretendía con esta norma es no salirse de los usos sociales”.

Ocurre, sin embargo, que los usos sociales han cambiado. ¿Es hoy el decoro lo mismo que en el siglo pasado, por no ir muy lejos? ¿Quién establece lo que es decoroso y lo que no a la hora de vestir en el trabajo? El filósofo y letrado del Consejo de Estado Javier Gomá, autor de La ejemplaridad pública (Taurus), recuerda que el concepto decoroviene del latín decorum, utilizado por Cicerón ya en el siglo I antes de Cristo. “Era la premisa por la cual los personajes de una obra de teatro tenían que vestir y actuar según las características de su personaje. Si se trataba de un caballero, tenía que actuar y vestir como tal. Y si era un labrador, lo mismo. Después, la palabra derivó hacia connotaciones de índole sexual. Pero, aplicado a hoy, el decoro sería algo así como el saber estar. Lo que es correcto en cada momento”, señala Gomá. “El problema es si eso se puede establecer por ley, y quién es el juez para decidir qué es decoroso y qué no”, añade. Según el filósofo, “intentar apresar en la ley la diversidad de los estilos y los roles de las personas es imposible. Es mejor establecer unos principios generales y confiar en la discreción de quienes los tienen que observar”.

No hay quejas de ciudadanos por la indumentaria de los trabajadores

Gabriela Bravo, hoy fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es poco sospechosa de indecorosa. En sus primeros tiempos como portavoz del CGPJ cuidaba escrupulosamente su vestuario, incluso su gesto en las fotografías, para evitar “proyectar una imagen frívola” de su persona y de su cargo. Bravo, sin embargo, considera “un exceso” el artículo que obliga a observar decoro. “Se trata de que los funcionarios atiendan a los ciudadanos con educación y eficacia. Se les supone sentido común y sensatez. Jamás, en veintitantos años en la fiscalía, me he sentido incómoda con el aspecto de ningún funcionario. Sin embargo, más de una vez he asistido a juicios de faltas con el denunciante y el acusado en bañador, en mi época de fiscal en Gandía”, bromea.

Los propios tribunales han emitido sentencias que contradicen ese “exceso de celo”. Así, la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó por unanimidad el 25 de mayo de 2012 estimar el recurso de alzada interpuesto por un abogado contra la decisión de una magistrada de un juzgado de Madrid que, al inicio de una vista oral, le prohibió sentarse en los estrados sin corbata. El tribunal se basaba en un reglamento de 2005 que recoge que lo único que se exige en la celebración de actos jurisdiccionales en los estrados es que el letrado “use toga y traje o vestimenta acorde con la solemnidad del acto”. En el Estatuto General de la Abogacía, de 2001, se expresa la obligatoriedad de adecuar “la indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga y al respeto a la Justicia”. Y la corbata, concluía la sala, no es imprescindible.

Las imágenes cotidianas del juez José Castro, instructor del caso Urdangarin, llegando a su juzgado indistintamente en traje y corbata o en vaqueros y mangas de camisa, o las de Mercedes Alaya, juez de los ERE, entrando y saliendo del suyo con minifalda y escote, son ejemplos de cómo visten en su día a día algunos magistrados, más allá de la hiperformalidad de ciertos miembros del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. La pregunta es si consideraría o no decorosos a Castro y a Alaya la nueva ley si incluyera a los jueces en sus exigencias.

Más allá de la Justicia, los códigos de indumentaria en el ámbito laboral se han diversificado y flexibilizado paralelamente a la diversificación y fragmentación de los sectores productivos. El antes y el después coincidió con el cambio de milenio, en opinión de Ceferí Soler, de 70 años, profesor del Departamento de Personas y Organización de la escuela de negocios ESADE. En los primeros años noventa, Soler tuvo que confeccionar, “con cierta mala conciencia”, el código de vestuario de Price Waterhouse, una multinacional de consultoría angloamericana. “Los hombres con traje y corbata, y las mujeres con falda a la rodilla”, recuerda. “Para los presidentes de entonces, cualquier otra cosa no era ajustada a la moral del momento”, recuerda. “Pero es que recordemos que los médicos o los profesores iban con corbata o pajarita, y hoy van en pijama y bata, o tan mimetizados con los alumnos que se confunden”.

El cambio de milenio y la irrupción de la tecnología variaron los usos de vestuario

Porque todo ese protocolo, sostiene Soler, “saltó un poco por los aires” con la irrupción de la tecnología y la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral. “Las empresas tecnológicas rompen los esquemas, dando importancia al talento, el conocimiento y la creatividad sobre el formalismo. Y el talento, el conocimiento y la creatividad no resisten ninguna ley jurídica”, opina. En ese sentido, la exigencia dedecoro “te está hablando de un concepto de autoridad antiguo. Los líderes influyen, no imponen. La autoridad se gana. En la empresa no se trata de mandar, sino de influir. Y el vestir de una determinada manera no va a significar mejores o peores decisiones”.

En cualquier caso, según Soler, la importancia de la imagen sigue siendo fundamental. Y depende muchísimo de los sectores. “Con la fragmentación y diversificación de los sectores se han fragmentado y diversificado los códigos de vestuario. No hablemos de decoro, hablemos de corrección. De adaptarnos a los paradigmas del sector. El Ministerio de Justicia es serio, y tiene que parecer serio. Los comerciales o los recepcionistas de una empresa son su imagen, y tendrán que dar la imagen que la empresa, privada, desee. Pero es que incluso las empresas más modernas de Palo Alto, con todos sus empleados en bermudas y chanclas y toda su flexibilidad, también observan un código. Al final, todos llevamos un uniforme más o menos formal”.

Juan Hernando, director de Compensación y Beneficio de la empresa de trabajo temporal Adecco, no impone ningún código de vestuario al personal de su firma. “No hay normas escritas. Es complicado, porque en España no hay convención social al respecto. En el mundo anglosajón, todo el mundo entiende lo que es business, business casual o casual. Aquí, no. Cada uno puede entender una cosa. Creo que una empresa debe exigir una indumentaria cuidada a sus empleados, porque ellos son su imagen. Pero no soy partidario de códigos estrictos, no es de este tiempo. Es más una cuestión de saber quién eres, qué haces, a quién representas, y de mucho sentido común”.

En ese sentido, apunta Hernando, hoy existe una división claramente sectorial. Los códigos exigidos, y aceptados, dependen de la actividad de la empresa y de sus departamentos. “En los comerciales, financieros y los de cara al público sigue dominando lo formal del traje y la corbata y la chaqueta para las mujeres. En los de informática, publicidad, moda y tecnológicos hay teóricamente más libertad, pero solo teórica. Pueden ir en bermudas, sí, pero si van a ver a un cliente, se ponen algo más formal. Aquí, cuando mandamos a gente a entrevistas de trabajo, siempre recomendamos ofrecer una excelente imagen, aunque sea para una cadena de montaje. La primera impresión es fundamental”, concluye.

En el mundo anglosajón las convenciones están más claras

Los expertos consultados coinciden en que la irrupción de las mujeres en todos los sectores laborales ha añadido complejidad a los códigos de vestuario. “El peligro de ser considerado sexista está siempre presente, y muchos prefieren no meterse en ese jardín”, dicen, pidiendo anonimato. En ese aspecto, conviven realidades distintas. En 2011, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la obligación que establecía la empresa Clínicas Pascual de que sus enfermeras del hospital San Rafael de Cádiz vistieran falda, cofia y medias, mientras permitía a sus compañeras de quirófano y a todo el personal masculino usar pijamas sanitarios. Sin embargo, cualquiera que visite hoy la cadena de hamburgueserías Mel’s verá a sus jóvenes camareras vestidas con una ceñida y corta bata rosa como parte del supuesto encanto vintage de sus locales.

Y es que, según Luis Enrique Alonso Benito, director del departamento de Sociología del Consumo de la Universidad Autónoma de Madrid, el modo en que cada uno acude a su trabajo “no tiene mucho que ver con la libertad”. “Los programadores o los creadores de videojuegos tan alternativos pueden estar tan explotados o más que los chupatintas de traje y corbata”. Al final, opina Alonso, el hábito hace al monje. “Son códigos interiorizados del colectivo al que se quiere pertenecer. El sociólogo francés Pierre Bordieu, en su libro La distinción, hablaba del habitus. Aquello que hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir gustos, hábitos y estilos de vida parecidos. Lo del decoro de Gallardón es otra cosa. Tiene un sustrato más ideológico. Que quede claro quién es quién por el vestido”. Ya se lo dijo el otro día Ignacio Cosidó, director general de la Policía, a los periodistas al recomendarles el uso de chalecos identificativos en las manifestaciones. Tal y como van vestidos, se les confunde con los antisistema.

Fuente: Elpais.com (15/4/14)

El domingo 20/4/14 acaba el plazo para solicitar parte del céntimo sanitario

céntimo sanitarioEl próximo domingo 20 de abril prescribe el plazo para solicitar la devolución del céntimo sanitario repercutido por las empresas transportistas durante el primer trimestre de 2010, es decir de enero a marzo de ese año. Así lo ha confirmado a Infotransport Irene Mallol, responsable del bufete que ha tramitado la denuncia contra el céntimo sanitario interpuesta por la empresa de transporte tarraconense Transports Jordi Besora.

De esta forma, indica Irene Mallol, a partir del día 20 de este mes las empresas ya sólo podrán reclamar la devolución del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) repercutido entre abril de 2010 y diciembre de 2012. En cualquier caso, desde Mallol Assessors se insiste en que, aparte del fondo del asunto que da la razón a la cuestión planteada, lo interesante de la sentencia es que es de las “más duras del TJUE contra un Estado donde se menciona la falta de buena fe por parte de España”. Creo, incide Irene Mallol, “que en este sentido es una sentencia que será referente para posteriores casos”.

En cuanto a los pasos a seguir por las empresas de transportes que quieran reclamar la devolución del céntimo sanitario, la única forma posible es que recopilen las facturas de proveedores de gasoil soportadas entre enero de 2010 y diciembre de 2012 y reclamar la restitución del IVMDH soportado en este plazo. Por su parte, el ministerio de Hacienda ha señalado que espera resolver las reclamaciones presentadas en el plazo máximo de seis meses.

Ante las dudas surgidas entre las empresas para poder reclamar, desde el bufete jurídico-económico también se insiste en que las devoluciones tienen que ser presentadas por las empresas de forma particularporque son las únicas legitimadas al haber soportado la repercusión del impuesto ilegal directamente”. Por lo tanto, las empresas de transporte no podrán formar asociaciones de afectados para reclamar de forma conjunta la devolución del céntimo ni tampoco se podrá solicitar a través de asociaciones patronales de transportistas que, sin embargo, sí pueden ayudar e informar de los trámites al respecto.

Desde enero de 2013 ya no se paga el céntimo sanitario

Posible participación de las CCAA en las devoluciones Las reclamaciones deben dirigirse al ministerio de Hacienda. Sin embargo, en este punto Irene Mallol recuerda que dado que la recaudación del IVMDH estaba íntegramente cedida a las Comunidades Autónomas, “por lo que aunque la devolución deberá hacerse a través de Hacienda, igual las CC.AA. han de soportar algún cargo por este asunto”.

Respecto a las cantidades estimadas a recuperar por cada camión, depende de la Comunidad Autónoma. En el caso de Cataluña, cada litro de gasóleo A suponía pagar 0,048 euros (a partir de abril de 2012 hasta diciembre de 2012 el gasto era de 0,072 euros/litro) “por lo que más que por camión se puede hacer una estimación del gasto calculando los litros al mes consumidos. En cualquier caso, como mínimo en todas las Comunidades Autónomas se pagaban 0,024 euros/litro”.

En cuanto a las perspectivas de cobro, desde el bufete catalán se insiste en que, independientemente de las distintas declaraciones que al respecto se han realizado por los responsables políticos, “es evidente que la Administración correspondiente va a tener que devolver el dinero porque lo contrario significaría incumplir con la sentencia del TJUE. Además, dado el revuelo mediático del caso no creo que fuera beneficioso para la Administración que saliera a la luz que no devuelven nada”.

Desde enero de 2013 ya no se pagaba el IVMDH pero lo que hizo el Estado es integrar lo que pagábamos por IVMDH en el Impuesto de Hidrocarburos por “lo que seguimos pagando lo mismo pero ahora, en principio, de forma legal

Instrucciones de cumplimentación del modelo normalizado

Antes de completar el presente modelo es conveniente que lea las siguientes instrucciones:

1. INSTRUCCIONES GENERALES

Este modelo normalizado de solicitud de devolución de ingresos indebidos corresponde exclusivamente a solicitudes de devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)  formuladas por quienes hayan soportado la repercusión de este impuesto (consumidores finales de los productos gravados).

Su utilización es voluntaria para los interesados, quienes podrán optar entre la utilización de este modelo o la presentación de sus solicitudes sin arreglo a modelo.

La utilización del modelo normalizado presupone que el interesado justifica su solicitud de devolución en la sentencia del 27 de febrero de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara que la normativa comunitaria se opone a un impuesto como el de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, ya que no puede considerarse que este impuesto persiguiera una finalidad específica.

La presentación del modelo será electrónica por Internet, a través de la Sede electrónica de la AEAT.  A estos efectos, el presentador deberá disponer de sistema de firma electrónica avanzada que acredite su identidad.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTACTO

Los solicitantes (consumidores finales) deben identificarse, e identificar al sujeto pasivo que les repercutió el impuesto que han soportado y por el que solicitan la devolución.

Cada solicitud únicamente permite identificar un  sujeto pasivo, dado que el órgano competente para la resolución será el competente en función del domicilio del sujeto pasivo. Cuando un mismo solicitante tenga suministros de varios sujetos pasivos, deberá presentar un modelo normalizado por cada sujeto pasivo que le repercutió las cuotas del IVMDH por las que solicita la devolución.

El sujeto pasivo identificado deberá haber ingresado el IVMDH cuya devolución se solicita.

Las devoluciones correspondientes a las solicitudes presentadas mediante este modelo se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta cuyo IBAN se consigne en los datos de contacto de la solicitud.

3. SUMINISTROS OBJETO DE SOLICITUD DEVOLUCIÓN IVMDH

El interesado presentará en este apartado una relación, con arreglo al formato definido en las instrucciones específicas de importación de ficheros para este campo, de las facturas justificantes de las repercusiones del IVMDH que ha soportado por las que solicita la devolución del impuesto. El emisor de la factura debe coincidir con el sujeto pasivo identificado en la solicitud.

El IVMDH dejó de estar vigente el 31/12/2012, por lo que no se devolverá por suministros realizados en 2013. Tampoco se devolverá por períodos anteriores a 2010 (ya prescritos), salvo que el solicitante pueda acreditar la interrupción de la prescripción, debiendo en este caso marcar la casilla habilitada en el grupo de  datos de contacto.

La presentación de la relación de facturas no exime al solicitante de presentar las facturas que sirven de base a esta relación. Así, las facturas, y cualquier otra documentación justificativa del derecho a la devolución del solicitante, se podrán aportar, a elección del interesado:

a)      en soporte físico ante el órgano competente, con indicación del número de referencia de la solicitud, una vez admitida ésta.

b)      en soporte informático ante el órgano competente, con indicación del número de referencia de la solicitud, una vez admitida ésta.

Los tiques que reúnan los requisitos exigidos por la normativa para justificar el derecho a la devolución se considerarán, a efectos de este modelo, como si fueran facturas.

Fuente: Infotransport.es (14/4/14)

Repsol y Cepsa se suman al ‘low cost’

El sector español de los carburantes se enfrenta a su reconversión total. En un contexto de incipiente recuperación económica y de los desplazamientos por carretera -13 millones en la presente Semana Santa-, cada vez son más los agentes que apuestan por los precios baratos para luchar contra las grandes firmas que dominan un 60% del mercado.

El mercado de combustibles, a examen (El Mundo)

El objetivo es subirse a la ola de la recuperación y aliviar la caída del 26% de la demanda de gasolina y gasóleo acumulada desde el año 2007. De forma paralela a este descenso del consumo, el número de puntos de venta no ha parado de crecer en este periodo hasta situarse en 10.617 unidades en 2013, según las cifras de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

Este incremento -del 12% desde el inicio de la crisis- ha venido impulsado por las estaciones blancas, que incluyen las independientes y las adjuntas a hipermercados, frente una reducción de la red de los grandes operadores. «El consumidor no es tonto y mira cada vez más el precio», explica Laurent Martín, portavoz del negocio de carburantes en España de los hipermercados E.Leclerc.

Las gasolineras de esta firma francesa registraron en 2013 un incremento del 10% en sus ventas, frente a la caída del consumo global. Así, estos agentes se han consolidado como un gran revulsivo de precios a la baja en aquellas zonas donde ya han instalado sus 12 gasolineras, que podrían llegar a la veintena en 2015, impulsadas por la nueva normativa que facilita la apertura de nuevos puntos de suministro. En Francia -el paradigma del modelo low cost- el mismo grupo dispone de más de 500 puntos de venta, explica Martín. La penetración de las grandes superficies en este segmento es ya un hecho con 308 puntos de distribución y una cuota de ventas del 20% entre consumidores no profesionales.

El nuevo tablero del sector está cambiando de tal forma que Repsol y Cepsa -las dos grandes petroleras que abanderan la mitad de las gasolineras en España- se han lanzado al low cost con las marcas Campsa Express y Red Ahorro, respectivamente. Esta nueva estrategia pretende «adaptarse» a las nuevas pautas de comportamiento del mercado y «atender a todos los segmentos de clientes», explican estas compañías.

La estrategia está todavía en una fase «incipiente» y «piloto», argumentan. Campsa Express ha abierto ya 19 gasolineras en España, una cifra que se incrementará de forma «muy selectiva» en el corto plazo, según fuentes del grupo presidido por Antonio Brufau. En el caso de Red Ahorro, el número de surtidores asciende a 13, según la estadística que maneja el Ministerio de Industria.

Las gasolineras low price tienen unas características comunes: son desatendidas; la forma de pago habitual son lectores de tarjeta de crédito instalados en el mismo surtidor; los carburantes son de gama básica y sin aditivos; y no disponen de tienda, aparcamiento ni servicio de lavado. Se trata sólo de repostar, aunque eso sí con descuentos de entre cinco y 10 céntimos por litro con respecto al precio de la marca matriz.

Estas dos petroleras advierten de que su estrategia low cost no «contaminará» de ninguna forma al servicio que ofrecen en sus estaciones tradicionales, de ahí la creación de dos marcas independientes. «El sector camina hacia un modelo dual en el que convivan grandes gasolineras y puntos de suministro básicos. Hay clientes para todo, y como empresa líder no podemos renunciar a ningún tipo de suministro sin renunciar al valor de nuestra marca», explican en Repsol.

En otro carril circulan los propietarios de estaciones de servicio abanderadas por las grandes petroleras, que gestionan su propia instalación pero que tienen el compromiso de comprar el carburante a un determinado operador mayorista a cambio de utilizar su marca. Este sector es el que más ha sufrido la crisis de las ventas, lo que a su vez ha motivado su propia reconversión.

Una de las medidas empleadas para contrarrestar la caída del consumo ha sido la reducción del coste laboral, «que en algunas estaciones supone un 60% del coste total del negocio», explica Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar. Esto ha provocado una fuerte reducción del número de estaciones de servicio abiertas en turno de noche, que hoy en día sólo son un tercio del parque de gasolineras de Cepsa y Repsol. «También se ha tenido que mover al personal de la pista a la tienda o al servicio de lavado, en un intento de salvar el empleo y mantener los servicios», añade.

Los gasolineros abanderados argumentan que sus márgenes brutos de venta minorista rondan los 7 céntimos por litro, de los que hay que descontar los costes del negocio (laborales, logísticos, financieros) e impuestos. Esta cantidad está lejos de los 16 céntimos por litro que atribuye la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia al sector, al que vincula con la escalada vertical del precio de estos productos en los últimos años y, especialmente, en fechas de muchos desplazamientos por carretera. Sin ir más lejos, el pasado viernes, en plena operación salida, el organismo denunció que los márgenes en España subieron un 8% en febrero, mientras que en el resto de la UE se mantenían.

Un litro de carburante cuesta hoy un 46% más que en el inicio de la crisis, si bien en el último año se ha abaratado. A pesar de esta última rebaja, España sigue manteniendo posiciones altas en los ranking europeos de precio antes de impuestos, una situación que el Gobierno vincula a los «márgenes» del sector y que las petroleras achacan a que la comparación con otros Estados «no es homogénea».

Uno de los puntos de divergencia en este sentido es la no inclusión de los descuentos en el precio que las estaciones remiten semanalmente a Bruselas para confeccionar la estadística comunitaria. Las petroleras alegan que los países comparables reportan datos con descuentos. En España, aseguran, un 30% de los litros vendidos incluyen rebajas directas o mediante tarjetas de fidelización, pero estos no se reportan a Bruselas. Todos los descuentos ofrecidos son comparables a través de la página web de Industria.

Esta fue una de las medidas incluidas en la Ley 11/2013, aprobada por el Gobierno en un intento de reforzar la competencia. Otras fueron un límite del 30% a las cuotas de mercado provinciales y otro temporal de un año en la duración de los contratos de abanderamiento. Además, la Ley desbloquea la paralización de las licencias de apertura en ciudades donde éstas habían quedado atrapadas en la burocracia municipal.

La petición de licencias para abrir puntos de suministro en polígonos industriales se ha disparado con la nueva normativa. «La revolución del low cost es imparable. Las petroleras van a tener que dejarse la piel para fidelizar a sus clientes», concluye un experto del sector.

Menos gasolineras pero más eléctricas

ALEMANIA

El 50% del precio total de la gasolina en Alemania corresponde al IVA y un 7% a impuestos especiales. El precio de litro crudo supone el 20,9% y el margen de beneficio el 21,1%. El mercado al por menor de carburantes en Alemania acometió a partir de 2001 una reducción de estaciones de servicio para eliminar la sobrecapacidad de la red y con la vista puesta en los nuevos tipos de energía que harán descender la demanda de este servicio. De los entonces 16.400 puntos de venta quedan hoy 14.500 y a largo plazo sólo podrán sobrevivir unas 12.000 gasolineras. Esta reducción ha ocasionado una mayor concentración del mercado, de forma que los consorcios Schell, BP, Conoco Philips, ExxonMobil y Total controlan el 73% del mercado alemán. Esto obliga a la Oficina Federal de competencia a mantener una vigilancia férrea para evitar el pacto de precios. Desde el verano de 2013 ha entrado en funcionamiento una central de información. Los conductores se pueden informar gratuitamente on line y en tiempo real sobre qué gasolineras ofrecen los precios más baratos. La base de datos incluye a 13.100 gasolineras. La gran tendencia al alza en el consumo en Alemania son los biocombustibles. Se producen 2.000 toneladas anuales. El Gobierno, por otra parte, se ha propuesto que en 2020 circulen un millón de coches eléctricos, por lo que las nuevas estaciones de servicio son eléctricas. ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín

El triunfo de las estaciones ‘blancas’

ITALIA

Con sus 22.900 gasolineras y estaciones de servicio la red italiana de distribución de carburantes es la más numerosa de Europa. De momento, las que más abundan son las gasolineras propiedad de las grandes compañías petrolíferas, a la cabeza de las cuales se sitúan las de Eni -el ex Ente Nacional de Hidrocarburos del que aún el Estado italiano es su principal accionista al tener en sus manos el 30% de sus títulos-.Sin embargo, la tendencia es clara: desde que en 2008 Italia llevó a cabo la liberalización de los puntos de venta de gasolina no dejan de crecer las estaciones de servicio sin marca -las conocidas como gasolineras blancas- o los puntos de venta de carburante asociados a supermercados o centros comerciales. El motivo por el que crecen las estaciones de servicio blancas es muy sencillo: suelen ofrecer mejores precios que las de las compañías de petróleo. Y en Italia, el país en el que los impuestos sobre la gasolina son los más altos de Europa, ese ahorro resulta muy atractivo para los automovilistas. Según un estudio de la asociación de pequeños empresarios Cgia, de los 1,721 euros que de media se pagan por un litro de gasolina en Italia, 1,041 euros, es decir el 60,5%, corresponde al IVA y a otros impuestos. Frente a eso, la media europea de impuestos sobre la gasolina es del 46,3%. IRENE HDEZ. VELASCO / Roma

Tarifas de combustible en internet

REINO UNIDO

Los tres grandes distribuidores de carburante en Reino Unido -BP, Shell y Texaco- compiten desde los años 80 con las cadenas de supermercados, que a menudo se enzarzan en una guerra de precios para atraer al conductor a sus gasolineras. Portales de internet proporcionan listados de tarifas de los surtidores, en torno a un código postal, que tienden a ser más bajas en el norte de Inglaterra y en zonas urbanas. Esta semana, el litro de gasolina oscila entre 1,25 y 1,31 libras en Manchester y 1,29 y 1,39 en Londres. El margen de diferencia alcanza los 10 peniques en el litro de diesel. Hay tienda en todas las gasolineras, con horarios de apertura más amplios que el resto de locales comerciales. Muchas cierran a medianoche pero siempre hay alguna cercana abierta las 24 horas de la jornada. Sólo en barrios conflictivos echan el cerrojo y atienden al cliente por una ventanilla. La oferta de productos es similar a la de un pequeño supermercado. La gasolinera está continuamente atendida por empleados, aunque el conductor se sirve directamente el carburante del surtido y paga la factura en el establecimiento. Los locales de BP, Shell, Texaco y Esso se han colado entre las 50 marcas comerciales con mayor nivel de satisfacción del consumidor, según un estudio reciente. LOURDES GÓMEZ / Londres

El mercado más competitivo de Europa

FRANCIA

Francia tiene el mercado de carburantes más competitivo de Europa debido a la entrada de las grandes cadenas de distribución, que han reducido al mínimo los márgenes comerciales, obligando recientemente a Shell y BP a perder interés por unos beneficios tan exiguos y vender la casi totalidad de sus establecimientos. Ofreciendo el litro de gasolina o de gasóleo por 10 céntimos de media menos que sus competidores, las cadenas Carrefour, Auchan o E.Leclerc, situadas en zonas suburbiales de las grandes metrópolis, acaparaban en 2012 el 40% de los puntos de venta y el 63% del volumen de negocio, según el último informe de Nielsen para la la UFIP (Unión Francesa de Industrias Petrolíferas). Con un 38% de las ventas, el resto de las gasolineras se divide entre sucursales de las compañías petrolíferas (con Total como líder indiscutible, seguida de Esso y Agip), que copan las autopistas, y estaciones de servicio pertenecientes a pymes enclavadas en núcleos urbanos de mayor o menor tamaño. Para paliar la competencia de las grandes cadenas de distribución, Total y sus marcas secundarias (Elf y Élan) han lanzado recientemente Total Access, transformando 600 de sus 4.000 gasolineras en puntos de venta low cost que, para ser rentables, han de facturar tres veces más que una estación de servicio tradicional. JUAN MANUEL BELLVER / París

Fuente: Elmundo.es (13/4/14)

Finiquitos falsos, alterados o en blanco

finiquitoA continuación les ofrecemos un extracto de la obra “Claves Prácticas. Finiquito” realizada por Faustino Cavas Martínez, catedrático de la Universidad de Murcia y magistrado (suplente) del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y Antonio-V Sempere Navarro, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del Área Laboral de Gómez-Acebo y Pombo.

Se considera autor de estafa procesal al administrador único y Director general de una empresa que aporta a un litigio laboral sobre despido un finiquito en el que la firma de la trabajadora ha sido falsificada pues la determinación del autor material es indiferente y no impide implicar a aquellas personas que tienen el dominio funcional del hecho, siempre que esté acreditado por datos evidentes como su condición de administrador único y su decisión intencionada de presentar el documento en el juicio laboral por despido (TS Penal 3-7-09, EDJ 158063). Por supuesto, la condena penal solo es posible si concurren los elementos generales y específicos de punibilidad, comenzando por la acreditación de la autoría (la AP Barcelona 12-5-11, EDJ 144781 opta por la absolución al no haberse acreditado la misma), obviamente deducible a partir de indicios (como que el administrador sí firmase el documento y manifestare que ignoraba quién había falsificado la firma del trabajador; véase AP Zamora Penal 7-12-10, EDJ 326409).

En otro caso se acredita pericialmente la falsedad de la firma que suscribe la baja de la trabajadora en el Libro de Matrícula y que se ha utilizado para el finiquito un documento firmado en blanco por ella, a instancias de la Asesoría Laboral, so pretexto de resultar necesario para solicitar ciertos particulares indispensables para la formalización del contrato de trabajo por tiempo indefinido. El legal representante de la empresa y el asesor fueron considerados responsables de un delito de falsedad en documento público (TS Penal 4-4-05, EDJ 83597). Interesa resaltar la argumentación conforme a la cual en su primitiva naturaleza, la carta-finiquito falseada no puede considerarse como documento oficial si bien adquiere esta condición por el hecho de que su única finalidad era llevarlo al procedimiento, convirtiéndolo en un documento en el que la oficialidad radica en que está destinado a provocar una resolución judicial en el curso de un proceso.

Múltiples sentencias han entendido que la típica conducta empresarial consistente en obtener firma de documentos en blanco para luego rellenarlos y aportarlos en juicio a fin de defraudar los derechos del trabajador configura un delito de falsedad en documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa (una detallada exposición puede verse en AP Toledo Penal 18-12-12, EDJ 320725).

La importante sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Penal 26-11-13, EDJ 239200 aprovecha para aclarar que:

  • La estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos a la otra parte o de tercero acusados del acto de disposición.
  • El delito de estafa procesal se consuma en el momento en que se dicta la resolución judicial en primera instancia, puesto que la obligación que la misma conlleva incide ya de manera directa sobre el patrimonio con el consiguiente perjuicio.
  • La redacción de un documento aprovechando la firma auténtica en blanco puesta con anterioridad es un acto de simulación, pues se finge que se corresponde a la voluntad del firmante algo que solo fue añadido por otra persona. Autenticidad de la firma no equivale a autenticidad del contenido del documento.

Se considera constitutiva de un delito de falsedad en documento oficial y otro contra los derechos de los trabajadores la conducta empresarial consistente en aportar al Juicio Laboral unos finiquitos falsificados con el único y exclusivo destino de surtir efectos en las demandas presentadas ante el Juzgado de lo Social para eludir los pagos a que venía obligado el acusado, además de desprenderse de los trabajadores y eludir los costes del despido, simulando la enajenación de la sociedad (TS Penal 24-1-02).

Fuente: Elderecho.com (11/4/14)