El plan de unión de dos pueblos gallegos abre el debate sobre el rediseño del mapa municipal
No somos unos gallegos que han descubierto el mundo». Pablo González, alcalde de Oza dos Ríos, se muestra sorprendido de que su pueblo, un pequeño municipio del interior de La Coruña, salga en los periódicos. Hace tres semanas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en pleno debate de política autonómica que, «para ahorrar», el concello pretende fusionarse con el de al lado, Cesuras -ambos gobernados por el Partido Popular, al igual que el Ejecutivo regional y la diputación de la provincia-. Oza dos Ríos, con 3.229 vecinos y que vive de la agricultura y la madera, era noticia nacional. «Me ha asombrado una barbaridad», admite el regidor, que, más que el ahorro, que nadie concreta, enumera otro motivo para justificar los planes de unión: «La gente se va».
Sin servicios, sin institutos, sin pediatras, al ser muy pequeño para permitírselos, el pueblo pierde atractivo. «La población envejece. Algunos dicen que tendríamos que seguir igual y esperar a que deje de llover. Nosotros respondemos: ¿hasta cuándo?», se pregunta el alcalde en una conversación telefónica antes de citar más ventajas: juntos, estos dos municipios que carecen de deudas sumarían más de 5.000 habitantes, tendrían derecho a más subvenciones, podrían solicitar la construcción de un instituto, evitarían duplicidades…
-¿Usted es político profesional? – le cuestionan entonces-.
-No, por supuesto que no. Soy economista.
-¿Tiene sueldo como alcalde? ¿Cuánto gana usted por ello?
Respuesta inmediata: «¿Y usted?». González recula de inmediato. «Transparencia, transparencia ante todo», repite. «No me puedo quejar: 1.800 euros netos al mes, dada la exclusividad».
«Yo no tengo sueldo», puntualiza, cuando su colega le pasa el móvil, Julián Lucas, alcalde de Cesuras (2.225 vecinos). «El anuncio ha enfadado a la oposición», añade. «Pensé en avisarles antes de que lo anunciara el presidente (Feijóo), pero se filtró la noticia. Ya he pedido perdón».
Prevista para este año, la primera fusión en Galicia en 44 años depende de una mayoría de dos tercios en ambos municipios, según establece la Ley de Administración Local de Galicia de 1997. El sí de Oza está asegurado; el de Cesuras, no. Su alcalde tendrá que convencer a uno de los cuatro ediles de la oposición, repartida entre el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista, que antes de pronunciarse piden estudios «rigurosos».
Diego Calvo, presidente de la Diputación de La Coruña y uno de los defensores del proyecto, tampoco cifra el ahorro de la unión. «Lo importante no es un titular de un día. Se trata de utilizar el sentido común y de que a medio plazo seamos capaces de ofrecer servicios de calidad», sentencia. Mientras le llevan en coche por una carretera de La Coruña, Calvo recuerda que Italia eliminó, «por obligación» de la Unión Europea, 100 provincias en 2011 y Grecia redujo en 2010 sus 1.033 municipios a 355. «Así que nosotros podemos hacerlo ahora de forma voluntaria, como pretenden Oza y Cesuras, o más tarde por obligación. Que cada uno decida», zanja Calvo.
El mínimo de la UE
La Unión Europea fija en 5.000 habitantes el mínimo para que un municipio pueda prestar servicios de calidad a un coste razonable. Galicia tiene 315 ayuntamientos, 199 de ellos por debajo de ese umbral; España suma 8.117, el 84% de ellos con menos de 5.000 vecinos. Desde el Ministerio de Hacienda descartan que a corto plazo se eliminen municipios. «La vía del ahorro pasa por la reorganización para evitar duplicidades», indica un portavoz oficial. El Gobierno prepara un plan que impida que los consistorios asuman competencias de otras Administraciones. El PSOE coincide. «El futuro no está en las fusiones, sino en un nuevo modelo de organización», opina el secretario general de los socialistas en Galicia, Pachi Vázquez.
UPyD es el único partido que ha cifrado el alcance de un plan de uniones municipales -la ley lo permite siempre que sean voluntarias-. «Con la fusión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes ahorraríamos 17.950 millones de euros anuales (casi dos tercios del ajuste aprobado el viernes)», asegura Ramón Marcos, portavoz de la formación. «Pasaríamos de 68.585 concejales a 21.825 y de 8.117 municipios a 1.144, recortaríamos el personal de confianza y los costes… En España seguimos el modelo de las Cortes de Cádiz: una corporación local por cada conjunto de casas. Mantenemos un sistema campesino parroquial que estipula un consistorio por cada parroquia. Antes tendría su sentido; ahora, no». Y se despide: «Lo importante es que hay margen de ahorro. Que nadie lo dude».
Fuente: Expansión (2/4/12)
Dejar una contestacion