El Gobierno admite la sangría del empleo público. Según ha revelado el sindicato de funcionarios CSIF, en los primeros contactos de las negociaciones para la oferta de empleo público de 2025 el Ministerio de Función Pública ha admitido que en la última década se han perdido más de 20.000 empleos en la Administración General del Estado.
El departamento que dirige Óscar López se ha dirigido al conjunto de organismos y ministerios de la AGE para empezar a diseñar la oferta de empleo público para este año y dar respuesta a las necesidades que afectan a todos los ámbitos, desde el SEPE a la Seguridad Social, pasando por la Agencia Tributaria.
En esta primera toma de contacto, según CSIF, el Ministerio ha revelado que en los últimos 10 años se ha producido una pérdida neta de 20.646 empleos. Esto, en un escenario en el que el 21% de la plantilla (un total de 50.900 personas) tiene más de 60 años y, por tanto, se encuentran en edad de jubilación, «lo que agravará más las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía».
Con todo, los datos facilitados a los distintos organismos por Función Pública reflejan que en 2024, tras la mayor oferta de empleo público de la historia (más de 40.000 plazas) se invirtió la tendencia de incorporación y las altas casi duplicaron las bajas. En paralelo, la edad media bajó de 51 a 49 años, con un 42% de empleados públicos con menos de 50 años y uno de cada cuatro, con menos de 40.
En una rueda de prensa celebrada este lunes en Madrid, el sindicato ha denunciado la «parálisis» del Gobierno en todas las negociaciones pendientes para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, incluida la nueva oferta de empleo y la subida salarial de este año, así como el nuevo convenio para el personal laboral de la AGE.
Respecto a la oferta de empleo público, los portavoces sindicales han evitado cifrar sus expectativas, pero sí han insistido en una reivindicación histórica para acabar con el «déficit estructural» de las administraciones: eliminar la tasa de reposición que limita la creación de nuevas plazas.
Desde el sindicato han recordado que el hoy gobernador del banco de España, José Luis Escrivá, se comprometió a eliminar la tasa de reposición durante su breve trayectoria como ministro de Función Pública. Sin embargo, como en otros asuntos, el Ejecutivo ha evitado profundizar en esta eventual reforma, pese a que el mantenimiento de esta tasa obliga a las diferentes administraciones a contratar personal interino, perpetuando el problema de la temporalidad que sigue estancada en el 30%, incumpliendo la Ley de Estabilidad y el mandato de la Comisión Europea de limitarla al 8%.
Donde sí hay avances por parte del Ministerio es en una novedosa reforma que acaban de proponer a los sindicatos y que consiste en una nueva clasificación de la plantilla en «áreas funcionales», frente a la tradicional organización por departamentos y organismos. Una reorganización que arrancará este año y pretende culminarse en 2026 tras un proceso de análisis de las competencias y los salarios requeridos en cada puesto.
De este modo, la nueva oferta de empleo público no será global para la Administración General del Estado, sino específica por áreas funcionales, según ha explicado el sindicato, que ha advertido de que una vez finalizado el proceso habrá que analizar si se cubre el déficit estructural de toda la administración y se refuerzan todas las áreas en función de sus necesidades.
Respecto a la subida salarial pendiente, CSIF ha vuelto a denunciar que el Gobierno está utilizando a los funcionarios como «rehenes«. El pasado lunes, 19 de mayo, el sindicato entregó un escrito al presidente Pedro Sánchez en Moncloa para reclamar tanto el incremento del 0,5% pendiente del año pasado como la apertura de la mesa para negociar la subida de este año y venideros.
La central sindical viene denunciando que los funcionarios acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 22% en los últimos 10 años y exige acordar medidas para recuperar esa capacidad de compra, en paralelo a una reforma para vincular la subida salarial de los empleados públicos al IPC por ley, como se ha hecho con las pensiones.
Fuente: elmundo.es (26/5/25) pixabay.com