El Gobierno defiende que la reforma de la Administración que ha impulsado desde el inicio de la legislatura permitirá que el sector público dé un salto cualitativo para acabar con esa imagen de burocracia y lentitud. Actualmente, el Ministerio de Hacienda y Vicepresidencia trabajan en los proyectos de ley que incluirán medidas como la extensión de la reducción de las sanciones por pronto pago que ya se aplica para las multas de tráfico o de la Agencia Tributaria. Y las notificaciones electrónicas, que hoy se imponen en las relaciones entre empresas y Hacienda también se ampliarán al conjunto de la ciudadanía. Estas son las principales novedades que incorporan los anteproyectos de ley del Procedimiento Administrativo Común y de Régimen Jurídico del Sector Público.
Notificación online
Actualmente, cuando la Administración pretende realizar una notificación a un ciudadano remite una carta, habitualmente a través de Correos. Si el interesado no se encuentra en ese momento en la vivienda, el cartero debe repetir el intento en una hora distinta y durante los tres días siguientes. Si nuevamente no hay respuesta, el mensajero debe dejar un aviso en el buzón y el interesado tendrá que desplazarse a una oficina de Correos. Con el cambio que se introducirá en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que modificará una legislación de 1992, el departamento público correspondiente remitirá un aviso al dispositivo electrónico del ciudadano y, fuentes de Hacienda señalan que ello será compatible con el viejo método presencial. Incluso si un ciudadano no ha indicado su preferencia por la vía electrónica, recibirá la notificación online y también en papel. Ello permitirá que, en caso de no estar en casa cuando aparezca el cartero, el interesado podrá descargarse la notificación online, lo que evitará el desplazamiento hasta la oficina de Correos.
Además, fuentes de Hacienda indican que se reformará el proceso tradicional y el cartero, ante la ausencia del requerido, volverá en un plazo de 15 horas. También la Administración pretende facilitar el pago electrónico. De hecho, la idea es simplificar todos los trámites administrativos online. Sin embargo, de momento, el mero hecho de presentar, por ejemplo, una solicitud de información en el Portal de Transparencia requiere de múltiples pasos e, incluso, se exige el número IBAN de la cuenta bancaria.
Rebajas por pronto pago
Las sanciones y multas en el ámbito administrativo que impone la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o Tráfico contemplan la posibilidad de rebajar el importe si se realiza el pago voluntario y anticipado. En el caso de las sanciones fiscales, la reducción es del 30% si el contribuyente no recurre la liquidación provisional y puede ampliarse en un 25% si tampoco reclama la sanción e ingresa la cuantía en plazo. En el caso de las multas de tráfico, el abono en el plazo de 20 días permite reducir en un 50% la sanción. Porcentaje que también se aplica en el área de la Seguridad Social. La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común extenderá esta práctica al conjunto del sector público estatal. Es decir, sanciones en materia de agricultura, medio ambiente, sanidad, deporte o comercio contemplarán rebajas por pronto pago. Hacienda indica que se fijarán dos reducciones acumulables. En primer lugar, cuando los presuntos responsables reconozcan voluntariamente su responsabilidad podrán solicitar la rebaja de la sanción. Y si realizan el pago voluntario, obtendrán una rebaja adicional.
Administración sin papel
El Ministerio de Hacienda anuncia el fin del papel en la Administración. Y ello se reflejará en que los ciudadanos podrán realizar todos los trámites a través de internet, aunque se mantendrá la vía presencial para ciudadanos que no están familiarizados con las nuevas tecnologías. Por otra parte, todos los departamentos públicos estarán interconectados mediante plataformas de intercambio de información. Y el Ejecutivo asegura que no se exigirá a los ciudadanos presentar documentos que ya obran en poder de la Administración. Por otro lado, se declararán los sábados como días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos.
Menos entes
Desde el inicio de la legislatura, se han suprimido 2.029 entes públicos. Y la Ley de régimen Jurídico del Sector Público, en fase de elaboración, extremará los requisitos para crear un organismo público y facilitará su liquidación. Se abre la puerta al cierre de entidades públicas que presenten desequilibrios económicos durante dos años seguidos.
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