De todas ellas, ha habido dos de especial trascendencia para las empresas. La reforma del mercado laboral, que ha mejorado la flexibilidad interna de la empresa, en beneficio del empleo -aunque la percepción de sus bondades tarda en llegar, pero llegará, a pesar de la desmesurada campaña en contra capitaneada por los sindicatos y algunos partidos políticos-. Y, en segundo lugar, la actualización de los pagos a proveedores por parte de las Administraciones autonómicas y locales, que ha permitido reducir sensiblemente la morosidad pública y ha compensado el déficit de liquidez que arrastraba el tejido pyme.
Pero el pequeño y mediado empresario -como el autónomo- sigue inmerso en la misma carrera de obstáculos de hace un año. Probablemente, cabe pensar, los grandes y urgentes retos macroeconómicos han exigido toda la atención y todo el esfuerzo de las instituciones públicas. Es probable. En todo caso, echamos en falta que el Gobierno se ocupe algo más, también, de la economía real, que es la que vivimos día a día los pequeños y medianos empresarios de España.
El impacto de la crisis mantiene todo su rigor en el tejido pyme. Si hasta 2009 las pequeñas y medianas empresas pudieron mantener los márgenes de beneficio y el empleo, desde ese año hasta ahora el deterioro ha sido espectacular. El resultado de las pymes se redujo en 2009 en un 65%; en 2010, un 24% más; y en 2011, un 7% más. Y la tendencia de 2012 no es mejor, sino todo lo contrario, porque el beneficio neto ordinario registrado en el primer trimestre ha supuesto una reducción de casi el 41% con respecto al mismo periodo de 2011.
Éste es uno de los indicadores más significativos del particular calvario de las pymes, cuyos datos ofrece trimestralmente el Banco de España (Central de Balances). Y éstos reflejan claramente la especial dificultad de la pyme (prácticamente el 99% de las empresas que operan en España), en comparación con las grandes compañías. En las primeras, por ejemplo, sólo durante los tres primeros años de la crisis (2007-2009), la rentabilidad ordinaria de los recursos propios se contrajo del 9 al 0,5%; mientras que la reducción registrada en las grandes empresas fue del 13 al 9%.
Este diferencial responde, sobre todo, a la mayor dependencia de la pyme respecto de la evolución de la demanda interna, que sigue en términos negativos. Consecuencia de ello es que, en 2011, el VAB de dos sectores de actividad tan importantes del tejido pyme, como el comercio y la hostelería, haya registrado un descenso del 2,2%. El reto de financiarse Pero, además, las pymes siguen sin financiación. El crédito de la banca sólo fluye -con dificultad- en los casos de renovación de antiguas operaciones jibarizadas y con un mayor coste para la empresa, que en 2011 supuso un incremento de los gastos financieros del 9,6%. Y las vías ajenas o paralelas al sector financiero tradicional (ICO, SGR, el mercado bursátil alternativo, etcétera) o son muy insuficientes o también excesivamente gravosas.
De hecho, según el estudio de Sage sobre el sector en 2011, el primer freno para el emprendedor actualmente es la falta de financiación (42%); y, en segundo lugar, la incertidumbre del mercado (22%). A todo ello se une un dato más, que explica en gran medida también la desesperación del pequeño y mediano empresario: el aumento de los impuestos.
Los empresarios podemos llegar a entender, no a compartir, que en esta gran ofensiva contra el déficit público, cuyo control es básico para el crecimiento, el Gobierno se haya visto obligado a aumentar los ingresos por la vía impositiva; y confiamos en que esta subida tan importante de los impuestos -estatales, autonómicos y locales- pueda corregirse a corto plazo. Pero no comprendemos que el ajuste del gasto público no haya afrontado ya una reducción estructural, de manera que el tamaño del sector público se adapte al nuevo estado de los ingresos.
Las Administraciones han tratado de controlar el déficit cíclico, pero no han dado pasos suficientes para afrontar ese necesario ajuste estructural. Y así, mediante algunos recortes y la práctica supresión de las principales partidas destinadas a la inversión, el sector público trata de cumplir unos objetivos de déficit sin alcanzar el tamaño adecuado y sin definir la cartera de servicios básicos que realmente puede ofrecer al ciudadano.
En una España en prolongada recesión, con una demanda a la baja desde hace cinco años, con un mercado seccionado por las normativas autonómicas, imbuidos en el absurdo debate secesionista en lugar de buscar la unidad de mercado, con una burocracia a todas luces desmesurada, sin inversión pública, sin incentivos a la inversión privada, con el aumento de los impuestos y con un sector financiero en crisis y cerrado para las pymes? ¿Seguro que no se entiende la fatiga del pequeño y mediano empresario?
Jesús María Terciado Valls, presidente de Cepyme.
Fuente: El Economista.es (9/10/12)
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