Clamor empresarial: «No somos culpables de la mala gestión»

Proveedores de comunidades y ayuntamientos siguen asfixiados. Las empresas siguen financiando a las administraciones, que incumplen en gran medida los plazos de la Ley de Morosidad.

No ha pasado aún un semestre desde que se acometió el plan de pago a proveedores de las autonomías, y menos aún desde que se implementó el de ayuntamientos, y la bola de impagos ha vuelto a crecer como si de nada hubiera servido lo ocurrido. Las empresas siguen financiando a las administraciones, que incumplen en gran medida los plazos de la Ley de Morosidad. elEconomista ha hecho una batida por comunidades autónomas para recoger ejemplos de este problema que parece no tener fin.

Valencia es una de las comunidades más afectadas. La Inspección de Trabajo sancionó en noviembre a una empresa de esta comunidad que gestiona tres residencias de la tercera edad y discapacitados por no haber pagado «en tiempo y forma» la extra de verano y la nómina de septiembre. Una multa de 25.000 euros que la empresa no entiende, ya que, como explicó al inspector, no pudo pagar a tiempo porque la Generalitat le debe todas las mensualidades de 2012, un millón de euros. Es una de las situaciones absurdas y dañinas que provocan los impagos de las administraciones autonómicas.

Ocurre, por ejemplo, con las subvenciones a los parados que se autoemplean y a los autónomos que contratan su primer trabajador indefinido. A pesar de que son fondos finalistas procedentes del Gobierno o la Unión Europea, en los últimos años, la Generalitat Valenciana desvió los fondos a otras prioridades. Unos 6.000 autónomos se quedaron sin cobrar las subvenciones en 2010 y 2011 -28 millones-, y ahora temen que el Gobierno de Fabra no cumpla la promesa verbal que les hizo la consejera de Empleo de pagarles antes de fin de año, «si llegaba dinero del Ministerio». El portavoz de la Plataforma de Autónomos que No Cobran Subvenciones, Miguel Pacheco, desconfía, porque «la consellera la han cambiado, el dinero adicional del FLA no ha llegado y del Ministerio, si llega algo, serán los 5 millones de ayudas de 2012, por lo que alguien se tiene que quedar sin cobrar para que cobren otros». Ese «alguien» serían los 3.000 autónomos a los que acaban de aprobar su subvención de 2012. «Intuimos que esto es una tomadura de pelo», afirma Pacheco.

Una de las afectadas es Vera Moltó, fisioterapeuta, que decidió montar una clínica con los 7.000 euros de ayuda por ser joven, mujer y desempleada. La clínica tiene un año y el dinero no ha llegado.

Igual de desengañadas están las pymes de la Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana, que llevaron prestas sus facturas al Registro Unificado de Facturas (RUF) creado por la Generalitat en septiembre. El RUF es el instrumento para evitar las facturas en el cajón, ya que cuando el proveedor las registre allí, el funcionario está obligado a tramitarlas en 10 días, evitando que dejen de contabilizarse, como ocurría frecuentemente en Sanidad. El problema fue que el RUF empezó a funcionar a finales de octubre y el plazo para cobrar del FLA de 2012 era el día 31 de ese mes, por lo que se produjo un atasco y muchas no entraron. «Estábamos peleando para que llegase el FLA, y resulta que cuando fui a preguntar, solo tenía pasada una quinta parte de las facturas por problemas burocráticos», se queja Fernando Serrano, presidente de la Plataforma.

Farmacias catalanas

De las 3.100 farmacias que hay aproximadamente en Cataluña, un total de 10 han cerrado a lo largo de este año. Nueve cierres se han producido en la provincia de Barcelona y una en Lleida. A esta cifra hay que sumar seis farmacias que están embargadas, que no quiere decir que hayan cerrado, ya que continúan abiertas y en actividad.

Por lo que respecta al pago de las recetas por parte del CatSalut, el organismo que utiliza la Generalitat para gestionar las facturas, el 28 de noviembre los farmacéuticos catalanes cobraron los 94 millones de euros que debían haber recibido el 5 noviembre, como parte de la factura correspondiente al mes de agosto. Todavía quedan pendientes los pagos de septiembre y octubre, que suman un total de 195 millones (94 correspondientes a septiembre y 101 a octubre). Está previsto que la factura correspondiente a septiembre la reciban al fin de este mes.

Las farmacias catalanas están cobrando las facturas de la Administración Pública con una media de dos meses de retraso, lo que supone duplicar los 30 días con que cobraban hace dos años. Estos retrasos han obligado a los farmacéuticos a recurrir a vías adicionales de financiación, pero la falta de crédito bancario y los altos intereses están estrangulándoles. El coste estimado de la financiación para los farmacéuticos asciende a nueve millones.

Peor lo están pasando las farmacias valencianas, a las que el Gobierno valenciano debe cuatro meses y medio de facturas, unos 430 millones, lo que ha llevado a varias a concurso de acreedores y a muchas a reducir plantilla. Los boticarios tenían pólizas colectivas de los colegios de farmacéuticos para uno o dos meses, por lo que tuvieron que solicitar créditos personales para obtener liquidez. Es el caso de Paula Moratal, que regenta la farmacia de su padre en Llíria (Valencia), que aguanta con una póliza de 350.000 euros -unos tres meses de facturación-, garantizada con la licencia de la botica, la casa de sus padres y unos terrenos heredados.

Otra vez igual  

También la morosidad pública está afectando gravemente al sector de la construcción en Andalucía. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prados, critica duramente los impagos de las Administraciones y asegura que «otra vez estamos como al principio, con deudas millonarias». Según Prados, la Junta adeuda a los constructores malagueños unos 118 millones de euros y los ayuntamientos alrededor de 40 millones, lo que supone una deuda total de 168 millones. «No podemos estar financiando a las Administraciones, que no cumplen la Ley de Morosidad», explica.

Por su parte, los autónomos y pymes andaluzas no denuncian por miedo a las represalias de las administraciones, según explican a elEconomista distintas asociaciones de esta comunidad autónoma. Las instituciones públicas (comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, entes locales, empresas públicas) deben 789 millones a los autónomos y pymes de Andalucía.

Esta deuda se ha acumulado desde enero a junio de este año e incluye también las facturas pendientes que no se pudieron acoger a los planes de pago a proveedores auspiciados por el Gobierno para autonomías y ayuntamientos. Bien por estar reclamadas a través procedimientos judiciales, por tratarse de contratos en curso, por no estar reconocidas o por otros motivos.

Consecuencia: la principal causa de destrucción de empleo entre los autónomos y pymes andaluces es la deuda con las administraciones, según el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor. En esta comunidad autónoma más de 35.000 autónomos han cerrado sus negocios por la crisis y 120.000 empleados asalariados han perdido sus puestos de trabajo por causa de los impagos públicos.

En concreto, uno de cada cuatro autónomos que cierra su negocio en la provincia de Málaga lo hace por culpa de impagos de las administraciones del Estado, según este dirigente de ATA. La deuda del sector público con empresarios de Málaga roza ya los 200 millones de euros, y sigue engordando día a día. «Las administraciones han vuelto a las andadas y a engordar la pelota de los impagados», lamenta Amor.

Otro de los colectivos que más se ha movilizado desde el inicio de 2012 es de los centros privados de formación para empleados y parados. Paradójicamente, la Junta de Andalucía ha dejado de abonar estos servicios con la mayor tasa de paro de la historia de la comunidad: un 35,4 por ciento a septiembre pasado, según la EPA.
Las empresas de formación tienen deudas pendientes desde el año 2006, especialmente en la provincia de Sevilla, que aglutina 25 de los 100 millones pendientes de pago al conjunto del sector en la comunidad. Las 400 empresas sevillanas afectadas por la morosidad han decidido ir, de forma individual, a los tribunales. Este colectivo no ha recibido respuesta a sus manifestaciones y peticiones de pago pese a que la comunidad ha recibido un pago del FLA de 2.113 millones.

Fuente: Eleconomista.es (15/12/12)