El chollo de comer en el Ministerio

Entre los funcionarios de toda España que visitan Madrid circula desde hace años una consigna que se ha ido transmitiendo boca a boca a la hora de elegir un sitio para ir a comer con las tres ‘B’ de bueno, bonito (es lo que menos importa) y, sobre todo, barato. Hasta hace poco donde mejor se comía y por el módico precio de cinco euros era el restaurante del Ministerio de Sanidad, con tres menús a elegir. Sin embargo, ahora el preferido es el restaurante del ministerio de Empleo en el que los funcionarios, e incluso familiares directos invitados, pueden comer por tan sólo 3,40 euros eligiendo un primer plato entre tres sugerencias, un segundo (carne o pescado), más el postre y la bebida. Justo enfrente de este ministerio, en el madrileño Paseo de la Castellana, el menú del día en los restaurantes a pie de calle no baja de los 10 euros.

El menú de Empleo ha sustituido al de Sanidad como el más demandado

El comedor de Empleo, que ha sido destacado por los propios funcionarios como ejemplo de «la eficiencia de lo público», sólo abre de lunes a jueves porque los viernes la jornada laboral acaba a la hora habitual de la comida. Por otra parte, es frecuente, sobre todo en verano, ver cómo muchos de ellos aprovechan estos precios nada competitivos ni de mercado para ir a casa ya comidos. Este menú cuesta el doble, 6,80 euros, para los visitantes acreditados.

Cotizaciones

Se trata del Departamento cuya responsable, Fátima Báñez, decidió por decreto en plenas Navidades que los vales de comida de los trabajadores del sector privado coticen a la Seguridad Social (sin embargo están exentos para Hacienda), además del transporte o de cualquier otro tipo de remuneración en especie.

Curiosamente, la Tesorería de la Seguridad Social ha resuelto la semana pasada una consulta de una empresa privada determinando que «la empresa deberá obligatoriamente incluir en la base de cotización de los trabajadores que accedan a este servicio la parte subvencionada del mismo o su coste total si lo subvencionan íntegramente».

Empleo es el único de todos los ministerios que es gestionado y atendido por empleados del propio departamento

Pero no hay constancia alguna de que el ministerio de Báñez haya empezado a aplicar esta medida en este comedor para incrementar la caja de la Seguridad Social. Según fuentes del sector de la restauración, es precisamente el único de todos los ministerios que es gestionado y atendido por empleados del propio departamento. Lo que significa que el precio está subvencionado ya que se mantiene con una dotación presupuestaria. Este modelo de precios protegidos, con variaciones, se replica en la mayor parte de las administraciones y organismos públicos.

Sin embargo, a pesar de que el coste de estos servicios se carga al erario público, estos restaurantes no están abiertos al público, ni siquiera en la actual situación de crisis. Hay colegios y guarderías donde un menú, calentar el tupper en el microondas o usar las dependencias del comedor tiene precios superiores. En el sector se señala que debería liberalizarse esta restauración y que, con precios competitivos y no tasados para las empresas explotadoras como hasta ahora, las administraciones podrían obtener ingresos.

Es el mundo en que se mueven los administradores y la clase política en muchos casos ajenos a la realidad y a los precios de la calle. De ahí que Zapatero señalara en 2007 en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted que un café costaba 80 céntimos. En aquel momento, en el Congreso su precio era de 73 céntimos, y en la calle 1,20 euros.

Hacienda

No lejos del complejo de Nuevos Ministerios, es también conocida entre la función pública la cafetería que el Ministerio de Hacienda tiene en el número 3 del Paseo de la Castellana, es decir, en la sede de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. En la cantina de este histórico palacete, que gestiona Mediterránea de Catering -la misma firma que cosechó miles de quejas en 2013 por la calidad de la comida que sirve en el Complejo Hospitalario de Navarra-, comen los funcionarios por cinco euros y por 5,40 los acompañantes y las visitas. No es extraño por ello ver allí hacia las 14.30 a los policías que trabajan por la zona centro de Madrid, a los empleados del cercano Ministerio de Interior -en cuyas dependencias no hay servicio de restaurante- y hasta a sus respectivas familias e hijos.

Pero la relación de Cristóbal Montoro con esta restauración subvencionada no ha sido siempre una seda. Fuentes próximas al Ministerio refieren incluso que, cuando el PP llegó al Gobierno y Montoro a Hacienda, una de las primeras medidas de austeridad fue cerrar la cafetería de la sede de Alcalá, 9. Una decisión que no tardó en rectificar ante la presión de los propios trabajadores, que subrayaban entonces que «no es lo mismo el sueldo de un subsecretario que el de un ordenanza, tampoco a la hora de comer por esta zona».

Local gratis

En los ministerios de Economía, Hacienda y Presidencia se puede comer un menú completo diario por menos de siete euros e incluso de dieta. En concreto, en el Ministerio que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, el menú es de 6,60 euros, pero se puede comer por 4,10 si sólo se consume un primer plato o 5,60 euros si se trata del segundo. En el Departamento de De Guindos, el coste es de 6,75. Y en el de Montoro, que suele estar muy pendiente de que tribute el salario en especie y los productos o bienes con precios por debajo del mercado, el menú es de 6,40 euros, con la posibilidad para los que sean diabéticos de elegir el postre adecuado.

En Presidencia se puede comer por 6,60, en el departamento de Guindos por 6,75 y a los funcionarios de Hacienda les cuesta 6,40 el menú

Aunque los precios siguen estando por debajo de los de mercado, el modelo de adjudicación es diferente. Es decir, se autoriza el servicio a la empresa privada concesionaria que oferte el precio más bajo, siempre y cuando mantenga las condiciones de bajos precios estipulados. Eso sí, el servicio deberá ser equivalente «a los de una cafetería de primera categoría y a los de un restaurante de buen nivel y calidad», con el compromiso de utilizar productos de «marcas comerciales de reconocida calidad y prestigio» y el deber de conservar la documentación que certifique su procedencia.

A cambio, al contratista le sale gratis el local y las instalaciones, luz, climatización o el agua. O asume también otros servicios que se licitan, por ejemplo los de limpieza en el caso del Palacio de la Moncloa. En este complejo, que alberga el Ministerio de la Presidencia se adjudicaron recientemente los servicios de cantina y el de limpieza de las dependencias al empresario hostelero Ramiro Jaquete.

Sin embargo, no todo es rentabilidad. Una empresa de hostelería que explota la cafetería y el restaurante de una de las sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores amenazó recientemente con dejar de prestar sus servicios si el Departamento de José Manuel García Margallo no permitía la entrada de trabajadores de empresas cercanas al centro. ¿El motivo? No les salía rentable tener el local abierto para unos pocos menús y cafés.

Subvención

En el restaurante del Congreso de los Diputados, que recientemente pasó del Grupo Cantoblanco a la firma Eurest, los precios de la carta -a propuesta de los propios órganos de la Cámara- son muy inferiores a los que se pueden encontrar en otros establecimientos de la zona de la Carrera de San Jerónimo y del centro de la capital. Y ello pese a que sus señorías disponen de una media mensual de 1.800 euros (en 14 pagas) para atender estos gastos y el alojamiento. Curiosamente, tampoco tributan a Hacienda.

Estos precios de no mercado, que pueden ser aprovechados también por los visitantes -incluso periodistas- se financian con una asignación de 4,3 millones entre 2013 y 2015 -más IVA- procedentes de la partida que los Presupuestos Generales del Estado conceden al Congreso. Esta cifra, que percibe la empresa privada adjudicataria y que también dispone gratis del local, la limpieza, el mobiliario e, incluso, la desratización o desinsectación, sirve para cubrir precisamente la diferencia del contrato de servicio con el precio real. Los precios máximos que se pagan son los siguientes: menús del día (9 euros), desayunos (1,05 euros), cafés (0,85 euros) y por ejemplo una pieza de fruta del tiempo (1,20 euros). No obstante, a los funcionarios les cuesta la mitad, es decir, 4,50 euros, pues disponen de unos bonos similares a los cheques de comida. En el Senado el café con leche vale 1,05 euros y el menú del día 8,35. Lo gestiona Mesa Real, del Grupo Lezama, y es sólo para el personal de la casa.

Respecto a la bebidas alcohólicas, las espirituosas, como los gintonic, han sufrido una revalorización política hasta los seis euros, después de que se conociera que costaban menos de cuatro euros. Salvo en el Congreso y Senado, las bebidas alcohólicas de alta graduación, las copas, han desaparecido de todos los organismos oficiales, siendo el Ministerio de Fomento el último en quitarlas en junio de 2013: sólo se puede tomar vino, cerveza, cava y vermú. Y no en todos los ministerios.

Vales de comida

En el sector privado, la situación es casi dramática. «Estamos viviendo un auténtico tsunami tras el decreto 16/2013», explica Emilio Gallego, de la Federación Española de Hostelería (Fehr), quien recuerda que los vales de comida mueven «1.060 millones de euros anuales y son empleados a diario para comer por 600.000 trabajadores». Gallego rechaza las palabras de Báñez, que pidió a las empresas «hacer su política social con cargo a los beneficios empresariales, y no con cargo al sistema de protección social». «Son prestaciones que cubren necesidades básicas, no se trata de regalarle un reloj de oro a tus empleados», critica. Además, y en su opinión, la medida «tergiversa de forma tan brutal el mercado» que también afectará a las concesiones. «En los márgenes en que se mueve el sector y tras cinco años de crisis, cualquier movimiento deja sin rentabilidad estos negocios», dice.

En términos similares se expresa Juan Ignacio Díaz, de Fehrcarem, la hostelería organizada: «vamos a ser los campeones del tupper en los aparcamientos». Díaz recuerda que la medida «equivale a una subida del IVA de 1,5 puntos», que peligran «30.000 empleos» y que los cheques «se usarán un 40% menos».

Fuente: Elmundo.es (2/3/14)