El fin de las gasolineras: “Muchas estaciones familiares se van a arruinar”

Faltan 22 años para que se prohíba matricular coches de gasolina o diésel en base a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, pero una estación de servicio se amortiza a partir de los 20 años. Es decir, las cuentas ya no salen. Estamos ante el fin de las gasolineras por una razón muy sencilla: el combustible va a ir perdiendo cuota de mercado progresivamente y los propietarios de estaciones de servicio se niegan a invertir en postes eléctricos porque lo ven un negocio ruinoso.

“Nuestros contratos de arrendamiento son a 25 años, estamos en el límite. Si no sé si voy a poder rentabilizar los 600.000 euros que me cuesta una estación más el precio del suelo tendré que pensármelo mucho. Habrá que detener el crecimiento o hacer contratos a menos años e invirtiendo lo justo”, explica Juan Sanz, director de operaciones de Ballenoil, la red de gasolineras ‘low cost’ líder en España con más de 120 estaciones en activo y un ritmo de crecimiento del 15% anual. “Si nos obligan a poner postes de luz no lo vamos a hacer. Cerraremos el negocio o nos reconvertimos a otra cosa, venderemos palomitas o chuches. Así de sencillo”, completa David Querejeta, director de expansión y copropietario de Ballenoil. Hasta el anuncio de la ley, la compañía tenía proyectadas 38 aperturas.

El malestar también llega a los pequeños y medianos empresarios de gasolineras. Ignacio Arellano es uno de ellos. Es titular de nueve gasolineras con sus servicios añadidos, desde lavado de coches al pequeño supermercado de la estación de servicio. “Exigirme por ley que ponga cargadores eléctricos es obligarme a perder dinero. Es una barbaridad, pero si me multan con 30 millones como marca la ley pues los tendré que instalar y tirar a la basura todo ese dinero que sé que no voy a recuperar nunca”. El coste de cada cargador eléctrico oscila entre 50.000 y 70.000 euros según algunas estimaciones. “Eso es imposible de amortizar porque nadie va a ir a cargar ahí. Es que ni creo que sea legal que un Gobierno obligue a una empresa a hacer una inversión de ese tipo”, le secunda Querejeta.

Si me multan con 30 millones los tendré que instalar y tirar a la basura todo ese dinero

Lo que sí tiene claro Arellano y el resto de pequeños y medianos empresarios es que van a congelar todas las inversiones que tenían previstas. De la noche a la mañana, las gasolineras se han convertido en una especie de negocio maldito. Habrá que ver cómo reaccionan los bancos al concederles acceso al crédito ante el mazazo de esta ley. Abrir una gasolinera se ha convertido de la noche a la mañana en una operación de riesgo. Hasta el anuncio del anteproyecto, el sector crecía a un ritmo de mil gasolineras al año, incremento impulsado por las estaciones ‘low cost’ y las desatendidas. Ahora toda esa inversión está en entredicho. “Tengo un socio que iba a poner una estación y me acaba de decir que se echa atrás y que va a deshacerse de una gasolinera pequeña que vende un millón de litros”, cuenta Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar).

Pueblos sin gasolinera

Quien lo tiene más crudo son las pequeñas gasolineras en ciudades pequeñas y, sobre todo, en pueblos y carreteras comarcales. Negocios por lo general de carácter familiar que regentan una gasolinera y con eso juntan lo justo para ir tirando. “Tendrán que cerrar en cuanto les obliguen o se vean fuera de mercado. Algunos ya lo están pasando muy mal solo para adecuarse a la norma industrial, que son 40.000 euros de desembolso. Meter ahora un punto de recarga eléctrica en estaciones familiares es buscarles la ruina. Cerrarán e irán al paro”, advierte García Nebreda. “Nosotros vendemos gasolina, no electricidad. Muchos empresarios no tienen ni el dinero para hacer ese cambio”.

Un empresario se lleva de media 9 céntimos por litro vendido. Un 21% del precio se va en concepto de IVA y el resto hasta alcanzar un 67% del total son impuestos directos para el Estado. De esos 9 céntimos ha de pagar mantenimiento, empleados, amortizaciones y todo lo que necesite. Por lo tanto, es una economía de escala. Las petroleras logran grandes beneficios por el enorme volumen que distribuyen, pero la familia del entorno rural con cuatro surtidores en su estación consigue unas ganancias discretas a final de mes.

En 2017 se recaudaron 15.000 millones en impuestos a los carburantes. El sector se pregunta de dónde saldrá en el futuro ese dinero

El asunto de los impuestos añade otra incógnita que afecta a la estabilidad misma de la economía española. En 2017 se recaudaron 15.000 millones en concepto de impuestos a los carburantes. ¿De dónde saldrá ese dinero en adelante? El sector cree que habrá que repercutirlo en el precio de la electricidad, que dejará de ser tan barata como ahora en comparación a la gasolina. “No les queda otra. Hablamos de que el 1,5% del PIB desaparece de un plumazo pero eso nadie lo aclara. Está muy bien decirle a la gente que en 2040 se acabó la gasolina, pero habrá que seguir teniendo hospitales y escuelas”, avisan los copropietarios de Ballenoil.

“Todo es un problema de concepto. Ahora la gente va a las gasolineras porque no puede repostar en otro sitio, pero si tú puedes cargar en tu casa, en el cine o en el centro comercial, vas a tener muy poco incentivo para esperar de brazos cruzados 20 minutos en una estación”, explica el portavoz de los pequeños empresarios. Hay un detalle que juega en su favor: no todo el mundo dispone de garaje donde recargar sus baterías. “Tal como está la ley ahora, quien no tenga garaje no puede tener coche eléctrico. El Estado necesita hacer una inversión muy fuerte para dotar al país de una red de cargadores si quiere llegar a 2040 en lugar de hacernos responsables a nosotros”, prosigue el portavoz, quien señala: “Los estudios más optimistas dicen que en 2030 habrá entre un 5% y un 7% de coches eléctricosfuncionando. Pensar que en 2050 serán un 100% es creer en los reyes magos”.

Por ahora todo son conjeturas y mucho nerviosismo. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica fue presentado por sorpresa esta semana. Los afectados dicen que no sabían nada, nadie les consultó y se enteraron por la prensa. La indignación no viene por que se legisle una transición a energías más limpias, algo que todos tienen asumido, sino por que se les obligue a llevar sobre sus espaldas el coste de implantar una red nacional de cargadores eléctricos. Aseguran que eso ha de hacerlo el Estadoo empresas que quieran invertir en ello, pero no estaciones de servicio ya existentes que ni siquiera tienen carné de distribuidor eléctrico. “¿Y si nos gastamos ese dinero y en unos años la tecnología avanza y los cargadores quedan obsoletos? Que obliguen también a la hostelería o a las farmacias a poner un cargador en su puerta”, se quejan.

El borrador del anteproyecto de ley, un documento de 42 páginas, destaca por la prohibición de vender y matricular vehículos ligeros con motor de combustión (incluidos los híbridos y el gas) a partir de 2040 y eliminarlos por completo en 2050. Para ello, se obliga a partir de ya a las gasolineras a instalar los polémicos puntos de carga eléctrica. Las empresas han de presentar su proyecto de instalación de postes en 15 meses si se trata de gasolineras que venden entre cinco y diez millones de litros por año. Las gasolineras más grandes, con más de diez millones de litros, dispondrán solo de nueve meses. La multa por no instalar los postes es de 30 millones de euros. De la red de gasolineras pequeñas no se dice nada.

En realidad, ese sistema de tramos permitirá escapar a muchas pymes de la gasolina de instalar los puntos eléctricos, al menos por ahora. Las 11.700 estaciones de servicio que hay en España (la mitad pertenece a las grandes petroleras) venden una media de tres millones de litros al año. Solo un 15% alcanza cifras de más de cinco millones y apenas un puñado más de diez millones, según Aevecar. Eso significa que las gasolineras familiares están en principio exentas de instalar ya esos postes. Aunque deberán hacerlo en los próximos años si no quieren ver como se reduce paulatinamente su volumen de clientes, que se irán pasando al coche eléctrico en un goteo lento pero incesante.

¿Está la red preparada?

Los empresarios se oponen a gastar 70.000 euros en un punto de recarga porque están seguros de que jamás lo van a amortizar. Hacer esperar al cliente una hora en una estación con cargadores normales es inviable, por lo que la única alternativa posible es invertir en puntos de carga ultra rápida que tardan unos 20 minutos en llenar las baterías. Eso, de inicio, ya conlleva un problema: habrá que contratar mucha potencia eléctrica, con el enorme coste que eso implica. Y si se quieren poner varios puntos ultra rápidos tal vez haya que instalar una subestación eléctrica, ya que no está claro que la actual red de suministro pueda soportar picos de varios cientos de kilovatios.

El anteproyecto de ley cifra en una potencia mínima de 22 kilovatios lo que deberán contratar las estaciones en cuanto se apruebe la ley. Una cifra irrisoria según los empresarios, que calculan la potencia necesaria en varios cientos de kilovatios si quiere poder escalar el negocio. Con 22kw, consideran, apenas darían servicio a un puñado de coches en un día. “Yo ya estoy usando 70 kilowatios en hora punta. Así que para poner cargadores habrá que tener 150 o 200 kW“, afirma Arellano. Y ahí de nuevo volvemos al origen: ¿puede el Estado obligar a un empresario a invertir cientos de miles de euros un en algo en lo que no cree? En Ballenoil lo tienen claro: “Esto es una barbaridad que si alguien la recurre en los tribunales ganará”.

Fuente: Elconfidencial.com (17/11/18) Pixabay.com