El Gobierno estudia elevar la penalización sobre los contratos de muy corta duración con una subida paulatina de las cotizaciones sociales. Exactamente, el Ejecutivo planea que la empresa pague cada vez más cotizaciones sociales a medida que se suceden los contratos de corta duración sobre un mismo trabajador. El objetivo es reducir la elevada rotación que tienen muchos trabajadores por culpa de los empleos de corta duración.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ofreció ayer al respecto unos datos muy contundentes: en 2019, el último año de crecimiento económico, la Seguridad Social registró la baja de veintisiete millones de contratos. El 44% duró 30 días. Otro 20% duró entre 6 y 30 días; el mismo porcentaje que los empleos de un día. Y finalmente, el 9% de los contratos, entre 3 y 5 días, y el resto, dos días.
Todos estos datos significan varias cosas: en primer lugar que hay muchos trabajadores entrando y saliendo del mercado laboral. Otra forma de verlo es que hay muchas personas rotando sobre un mismo puesto de trabajo. Y, en tercer lugar, otro análisis es que varios trabajadores temporales están haciendo cometidos de empleos indefinidos.
Escrivá aportó otra conclusión de todos estos datos: “No funciona el recargo del 40% de la cotización que tienen los contratos de hasta cinco días”. Por lo tanto, Escrivá explicó que “los contratos de muy corta duración agravan los problemas de la dualidad del mercado laboral español”. Es decir, “la ausencia de inversión en capital humano, la escasa capacidad de adaptación de empresas y trabajadores a un mundo cambiante, además de pobres ganancias de productividad, con una excesiva variación cíclica del empleo, precariedad laboral y desigualdad”.
Penalización creciente
Por todas estas razones, el ministro dijo que “la penalización [para la empresa] ha de ser creciente con el número de bajas en la Seguridad Social que se produzcan en un mes”. Bien es verdad que Escrivá dijo que, por el momento, está estudiando cómo hacer la subida progresiva de la cotización a la empresa que contrate y dé de baja a un mismo trabajador en un periodo corto de tiempo, que el ministro fijó en un mes. Sin embargo, quedó claro que su intención es que pague más en cotizaciones sociales la empresa que hace veinte contratos en un mes a un mismo trabajador que la que hace menos.
Claro que, en este mismo terreno, la Seguridad Social debe abordar también cómo evitar que una empresa excluya una cotización mucho más cara contratando a varios trabajadores para que ocupen un mismo puesto de trabajo, que es lo que ocurre ahora en muchas ocasiones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, explicó que la medida todavía no está totalmente diseñada.
Escrivá anunció la penalización creciente sobre los contratos de muy corta duración en la presentación de las medidas que lleva su Ministerio en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea. El cumplimiento paulatino de este plan es una exigencia de Bruselas a cambio de poder recibir 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026.
En este sentido, el ministro dijo que tiene la convicción de que el Gobierno puede llevar “pronto” al Parlamento una norma que recoja los primeros acuerdos del diálogo social. Y, por lo tanto, las primeras reformas de la Seguridad Social y de las pensiones. Claro es que los empresarios y los sindicatos no ven el acuerdo tan inmediato.
No obstante, entre las medidas que espera cumplir Escrivá a corto plazo están las siguientes: la revalorización de las pensiones de acuerdo con la inflación. En todo caso, las rentas mantendrán el poder adquisitivo ganado si descendiesen los precios. Esta reforma podría entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.
El mismo plazo tienen las propuestas para retrasar la edad real de jubilación –64,5 años de media– hasta la edad legal. En estos momentos es de 66 años, pero en 2027 será de 67 años. Por esta razón, el Gobierno también quiere llevar al Parlamento próximamente un nuevo endurecimiento de la jubilación anticipada, con mayores recortes en la pensión por retirarse antes de cumplir la edad legal, y con ello, la prohibición de que los convenios colectivos puedan obligar a los trabajadores a jubilarse antes de los 68 años.
Por esta razón, en el mismo paquete de medidas va la propuesta de incentivar la permanencia en el mercado de trabajo. En primer lugar, con una prima única de hasta 12.000 euros por año de retraso en la edad de jubilación, más allá de la edad legal. En segundo con un incremento del 4% adicional en la pensión por cada año de retraso o una combinación de ambas medidas.
En este mismo paquete de medidas inminentes, el Gobierno también espera cerrar pronto un acuerdo con las organizaciones de autónomos, para que en 2023 entre en vigor la reforma de su cotización a la Seguridad Social. Una reforma que, de manera paulatina, haga que los autónomos coticen a la Seguridad Social por sus ingresos reales. Según el Gobierno, el 85% de estos empresarios y trabajadores cotiza por la base mínima, que son 944 euros al mes, y que se quedan en menos de 300 euros al aplicar el tipo correspondiente del 30%.
En otras reformas, Escrivá se concedió más tiempo. Quizás en 2023 podría entrar en vigor la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de acuerdo con los años cotizados. En este punto, el ministro aseguró ya que los trabajadores podrán descartar los peores años de cotización a la Seguridad Social, para que no les baje la pensión.
Para más adelante también está el impulso a los planes de empleo en la negociación colectiva, con un trato fiscal más favorable, y la creación de un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por entidades privadas, y también la subida de las bases máximas de cotización. El Gobierno ha contemplado esta propuesta con un horizonte de treinta años, a partir de 2023. Quizás el próximo año el Gobierno pueda poner en marcha la nueva estructura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Su financiación podría salir de las cotizaciones sociales del desempleo, que pagan empresarios y trabajadores, y, según el ministro, también de contribuciones del Fondo de Recuperación.
Fuente: Expansion.com (12/5/21) Pixabay.com
