EU, condenada a pagar 30.000 euros a Calatrava y a cerrar la web ‘calatravatelaclava.com’

sentencia-judicial3El juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia ha ordenado el cese de la página web www.calatravatelaclava.com en los próximos 20 días y ha condenado a Esquerra Unida del Pais Valencià a pagar 30.000 euros al arquitecto Santiago Calatrava por intromisión al honor.

En la sentencia se estima la demanda porque existe «sorna e intencionalidad» en el nombre de la página web donde se recogen las deficiencias detectadas en varios edificios del arquitecto valenciano así como pleitos que ha perdido con administraciones de todo el mundo. Considera el juez que bajo ese dominio que resulta «injurioso y vejatorio» se pretende «destacar que no actúa con la necesaria profesionalidad y honradez sino que te engaña, te traiciona y te estafa». En consideración del magistrado eso supone «una intromisión ilegítima en el ámbito de la protección al honor, que se ve lesionado al producir una pública descalificación personal y profesional«.

Sin embargo, no se pone en cuestión el contenido de la web. Es más, la sentencia recoge que es «palmario» que las noticias e informes que se recogen «constituyen verdades objetivas incontrovertidas» que estarían «dentro de los límites de la crítica como reflejo del derecho de expresión e información». Además, considera esa crítica «lícita y necesaria en formaciones políticas cuya obligación sea procurar el bienestar y la protección de la sociedad«.

El titular del juzgado estima que los informes presentados por Calatrava para sustentar los daños que le ha generado esta página web a la hora de recibir encargos no justifican la petición de una indemnización de 600.000 euros y fija la obligación de que EU compense al arquitecto con 30.000 euros como «reparación simbólica del daño causado». Contra esta sentencia cabe recurso ante el Audiencia Provincial.

Este mismo juez, Miguel Ángel Casañ Llopis, rechazó el cierre cautelar de la web, tal y como pedía la representación legal de Calatrava, el pasado 20 de febrero, al entender que existía un «consentimiento» tácito sobre su funcionamiento desde 2012.

Fuente: Elmundo.es (15/5/14)