Industria tendrá que pagar 1.700 millones a ACS si se cierra Castor

14169943-sea-plataformas-petroliferas-marinas-plataformas-de-perforacionEl Tribunal Supremo ha dado un portazo a las esperanzas del Ministerio de Industria.

La autorización de Castor especifica que en caso de suspensión o finalización de la concesión, la instalación pasaría a ser titularidad del Estado y el operador de la planta, la sociedad Escal UGS (participada por ACS al 66% y la canadiense Dundee), tendría derecho a una indemnización equivalente al valor neto contable del proyecto.

El importe de la indemnización se reduce en caso de que el cierre se debiera a «dolo o negligencia del operador» al valor residual de este. Es referente a este punto donde tenía su origen la reclamación del Gobierno. El ministro Jose Manuel Soria aseguraba la semana pasada que «si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada» y que se trataba de una condición «abusiva para el interés general». Sin argumentos legales   El recurso de Industria ante el Tribunal Supremo fue interpuesto por el Abogado del Estado en julio de 2012 y más de un año después ha sido desestimado por el Alto Tribunal alegando que «no hay argumentos legales» para evitar el abono de dicha compensación.

Según explica el magistrado ponente Eduardo Espín Templado, el hecho de que la normativa vigente prevea una indemnización en caso de anulación anticipada de la concesión no implica que se tengan en cuentas las causas que llevan a esta suspensión. De esta forma, afirma, «tampoco sirve para fundar una distinción sobre la legalidad de la compensación según medio o no dolo o negligencia del titular de la explotación».

La sentencia incide en que el principio de gratuidad en la  reversión de las instalaciones (cuando pasa a manos del Estado tras la anulación o extinción del contrato de concesión) aparece recogido en la Ley de Hidrocarburos, pero no puede ser interpretado «de forma absoluta», porque entonces se convertiría en contrario a Derecho.

1.700 millones

El coste del proyecto alcanza los 1.700 millones de euros, una vez incluidos los gastos de financiación, según reconoció el propio Soria. En concreto, Escal tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

En su defensa, Escal se escuda en estas cifras de inversión. En concreto, argumentaba que de producirse el cambio de titularidad de la planta de almacenamiento de gas sin el pago de la citada indemnización, se produciría «un enriquecimiento injusto del Estado, que adquiriría gratuitamente unas instalaciones carísimas que nunca se hubieran construido sin la cláusula que se debate».

El Ministerio de Industria decidió paralizar la actividad del almacén submarino de gas a finales del pasado mes de septiembre después de registrarse centenares de pequeños terremotos en el Golfo de Valencia. Ante el debate político y la alerta social generada en las zonas afectadas de la costa del norte de Castellón y el sur de Tarragona, se abrió una investigación para determinar la relación entre los temblores y la inyección de gas en la planta.

Fuente: Eleconomista.es (17/10/13)

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