La doble moral de los sindicatos: ellos sí aplican la reforma laboral

despedidoLa demonizaron e incluso promovieron una huelga general, pero los sindicatos aplican la reforma laboral.

Y viene esto a cuento de la huelga que están protagonizando los trabajadores de Comisiones Obreras en Cataluña, a raíz de que el sindicato que dirige Ignacio Fernández Toxo despidiera el pasado viernes a 18 empleados de su gabinete jurídico, aplicándoles las causas de despido objetivo por causas económicas que regula la reforma laboral, con una indemnización por despido de 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.

Es decir lo mismo que ellos califican de «expolio a los derechos de los trabajadores, abaratamiento del despido, ataque al derecho del trabajo y debilitamiento de la negociación colectiva». Pues aplíquense los calificativos, señores Toxo, Méndez y compañía. Porque este caso que salta ahora a la luz no es nuevo.

Y esto es lo bueno que tienen las hemerotecas y la memora histórica, que uno se pone a investigar y encuentra que en el año 2012, con la reforma laboral de la ministra Báñez recién nacida entre maldiciones e improperios del colectivo sindical, UGT ya la ponía en práctica para aplicar un ERE de extinción que afectaba al 25 por ciento de la plantilla de su sede central en Madrid.

Práctica que luego fue seguida a lo largo de ese ejercicio y de 2013 por otras federaciones regionales y provinciales del sindicato. Y también en ese 2012 CCOO aplicaba también su primer ERE en Cataluña. Medida que acabó con 47 trabajadores despedidos y un recorte salarial del 7% para los empleados que permanecían en plantilla.

Algo parecido a lo que ha hecho la UGT en esa misma autonomía, aplicando reducciones de empleo y suelo a los casi 300 trabajadores que componen la plantilla catalana de la central que dirige Cándido Méndez, por cierto uno de los que más y con mayor dureza se ha pronunciado contra los efectos de la reforma laboral.

Y es que, al fin y al cabo, los sindicatos en su organización y estructura laboral son también empresas y funcionan como tales en su relación con los trabajadores que tienen en plantilla. Y como tales empresas también se han visto afectados seriamente por los efectos de la crisis económica que en su caso se han traducido en una importante pérdida de ingresos por cuatro causas esenciales: el descenso de las subvenciones públicas, la rebaja de los dineros que reciben para la formación, el recorte de los porcentajes de las indemnizaciones percibidas por la defensa de trabajadores despedidos, y la caída de la afiliación.

Sólo en el caso de la Administración central el recorte de las partidas destinadas a la centrales sindicales en los Presupuestos Generales del Estado se han reducido un 44 por ciento desde el año 2011, hasta situarse este año en sólo 8,8 millones de euros. A ello habría que añadir la reducción de las subvenciones recibidas desde las comunidades autónomas. Importante también es el descenso en las partidas para formación y el aumento de los controles para evitar fraudes como los investigados en Andalucía.

Rebaja que será aún mayor a partir del próximo ejercicio con la obligación de sacar a libre concurrencia la formación de oferta en el Estado y en las autonomías. Y respecto a la sangría de la afiliación tiene dos trayectorias de salida, el descrédito de estos sindicatos y la multiplicación de los parados que se traduce en menos cotizantes. Es decir, lo mismo que sucede en las empresas, que hay menos ayudas públicas, menos producción y menos clientes.

Una ecuación ésta que me recuerda la conversación que mantenía con cierto dirigente sindical, de cuyo nombre no voy a acordarme en su favor. Le reprochaba yo que las centrales mayoritarias se ocuparan sólo de reivindicar mejoras salariales y laborales para los trabajadores en activo y los funcionarios, en perjuicio de los desempleados, los eventuales y los jóvenes. «No, estamos haciendo lo que tenemos que hacer» me dijo ante mi estupefacción, para añadir que «nosotros trabajamos para nuestra clientela y los parados y los jóvenes no pagan cuotas». Textual.

Pues eso, si son empresas y trabajan para sus clientes, lo ético sería renunciar a las subvenciones públicas, publicitar sus cuentas de una vez, y competir en el mercado para que el que no tenga clientes eche el cierre. Eso y que tengan la dignidad de ser consecuentes en su casa con lo que predican para fuera.

Fuente: Eleconomista.es (6/6/14)