Los Inspectores de Hacienda piden investigar a los políticos y a los partidos

auditoriaLa Asociación de Inspectores de Hacienda de Estado (IHE) ha criticado el plan de control de antifraude presentado por el Gobierno y han realizado una serie una de propuestas.

Entre ellas, los Inspectores piden un plan especial de inspección de los representantes políticos en todas las administraciones y de los propios partidos y la obligación de remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de bienes patrimoniales en cada entidad local y registros oficiales en cualquier órgano e institución del Estado, incluso del Congreso de los Diputados.

También piden piden efectuar un seguimiento especial a las personas condenadas por corrupción y tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en la declaraciones de los bienes patrimoniales.

Estas peticiones se producen después de que el ministro Montoro haya advertido sobre los posibles problemas de los medios de comunicación y sus tertulianos con Hacienda y haya aumentado las actuaciones de control sobre deportistas y artistas.

Los Inspectores han denunciado también la falta de medios de los que dispone la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal así como el elevado número de contribuyentes que se les exige investigar y la deuda que se les fija como objetivo.

En este sentido denuncian la vigilancia exhaustiva de la renta de trabajo y las graves «deficiencias» de las rentas derivadas de actividades económicas de los grandes grupos y el fraude sofisticado en particular.

Los Inspectores también han denunciado el incumplimiento de los pagos de la deuda reconocida por parte de muchos contribuyentes, que la reconocen pero que nunca liquidan.

Al mismo tiempo, han criticado que la última reforma del Código Penal en materia de delito fiscal establezca que los jueces y tribunales puedan imponer al autor del delito la pena inferior (de tres a seis meses, que no supone el ingreso efectivo en prisión) siempre que antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos.

En este sentido, los Inspectores han puesto como ejemplo que en Estados Unidos los condenados por delito fiscal cumplen al menos una media de 40 meses en la cárcel.

Fuente: Elmundo.es (14/3/13)