En la carretera N-340 se produce un drama cada cinco días. Los 266 kilómetros que separan Nules (Castellón) de Cervelló (Barcelona) contaron entre el 2010 y el 2012 hasta 72 víctimas mortales y 130 heridos graves por culpa de los accidentes de tráfico, según cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidas por el Real Automóvil Club de Catalunya (RACC). Un 29% de los accidentes registrados tuvo como uno de sus protagonistas a un vehículo pesado, cuya presencia ha incrementado en los últimos años. Existen tramos donde un 40% de los vehículos que circulan son camiones, algo que ralentiza la circulación y sobre todo la convierte en más peligrosa.
Teniendo en cuenta todas estas cifras, el RACC ha enviado a las Administraciones competentes una propuesta que, defienden, permitirá reducir la siniestralidad y, además, será rentable económicamente: vetar la vía a los camiones y obligarles a circular por la autopista AP-7, donde el número de víctimas mortales o muy graves es de la mitad. Esta medida, que ya se aplica con éxito en algunos tramos de la N-II, comporta una inversión, ya que se debe subvencionar todo o parte del peaje a los camioneros que se ven forzados a circular por autopista. Pero a pesar de esta inversión, según las cuentas que ha hecho el RACC, la operación sería rentable: “Sería positivo obviamente por la reducción de accidentalidad, algo que es inmediato como ya se ha visto en la N-II, pero también económicamente”, aseguró ayer Lluís Puerto, responsable técnico de la Fundación RACC.
Las víctimas de gravedad y mortales que se producen actualmente en la N-340 cuestan 43,1 millones de euros al año a las distintas Administraciones, según el baremo que aplica la DGT teniendo en cuenta el coste del servicio de las emergencias, el gasto hospitalario y los de la productividad perdida.
Si se aplicara la fórmula que propone el RACC, la administración tendría que invertir 66,5 millones de euros al año para recuperar los peajes a los camiones o, si solo recuperara la mitad como sucede en la N-II, debería desembolsar 33,2 millones. A este coste habría que restarle los 12,5 millones de euros que se ahorrarían las Administraciones al año al reducir los accidentes —según la estimación del RACC usando datos oficiales— y también habría que tener en cuenta que se reduciría la emisión de 22.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Esta partida también tiene precio: un ahorro de 870.000 euros.
Las empresas de transportes, por su parte, también ahorrarían, ya que gastarían menos combustible circulando por la autopista, donde no se producen tantas frenadas y acelerones. El RACC calcula que ahorrarían unos 10,2 millones al año en combustible y 22,2 millones en mano de obra, ya que los viajes serían más rápidos. Este recuento permite al RACC afirmar que recuperando la mitad de los peajes se ahorrarían 1,4 millones de euros y 700.000 euros si se recupera todo el importe.
El club ya ha mandado su propuesta a la DGT, al Servicio Catalán de Tráfico y al Ministerio de Fomento, que son las Administraciones que deberían ponerse de acuerdo para aplicar la fórmula. Desde hace una semana, los vehículos de más de 7,5 toneladas ya no pueden circular por la N-340 entre Nules y Oropesa y tienen que hacerlo por la autovía. La propuesta del RACC es que las administraciones se atrevan a aumentar las restricciones llegando hasta Barcelona, o al menos hasta Tarragona.
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