Rajoy sopesa adelantar los ajustes y bajar el sueldo a los funcionarios

La economía española sigue en caída libre, lo que va a obligar al Ejecutivo a adelantar los ajustes previstos para finales de año y el próximo ejercicio. Ya ha avanzado que estudia elevar el IVA, suprimir la deducción por compra de vivienda y aplicar un céntimo verde. Ayer puso sobre la mesa una hipotética rebaja del sueldo a los funcionarios. Los expertos creen que podría ser necesario, además, otro recorte adicional de gasto y medidas extraordinarias como la congelación de pensiones.

Las cuentas no salen. Las Administraciones públicas se han comprometido a realizar un ajuste superior a los 39.000 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% pactado con Bruselas y los primeros datos de ejecución presupuestaria revelan que ni la previsión de ingresos ni la de gastos se está cumpliendo. En los cinco primeros meses del año, el déficit del Estado se ha elevado al 3,4% del PIB, lo que supone que ya ha rebasado el máximo previsto para todo el ejercicio. La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, achacó el martes ese desvío a las mayores transferencias a las comunidades autónomas. Sin embargo, un análisis más detallado de los ingresos muestra cómo la recesión está haciendo más mella de lo previsto en la recaudación, tal y como se puede comprobar en las dos grandes figuras tributarias (IRPF e IVA), que suponen el 80% de los ingresos impositivos. Pese a la subida del IRPF aprobada a finales de 2011, la recaudación apenas ha crecido un 0,8%, mientras que los ingresos por IVA acumulan una caída del 10,1%.

Esos datos se han conocido cuando apenas quedan dos semanas para que el Eurogrupo confirme si da un año más para cumplir con el déficit del 3%. El próximo 9 de julio, el Ejecutivo se ha comprometido a presentar un presupuesto para los dos próximos años y los ajustes necesarios para cumplir con la senda de consolidación fiscal. Independientemente de si le dan un año más o no, lo que es evidente es que va a tener que acometer un recorte brutal para cumplir con el objetivo de déficit para este año. Buena prueba del tamaño del ajuste es que Rajoy no ha descartado ninguna partida sobre la que se pueda recortar. El lunes anunció que estudia subir el IVA, el martes avanzó que estudiaba eliminar la deducción por compra de vivienda y ayer puso sobre la mesa bajar de nuevo el sueldo de los funcionarios. Preguntado sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no lo descartó. «El Gobierno está estudiando, como no puede ser de otra manera, todas las cuestiones que provienen de la UE y tomará las decisiones correspondientes prontamente. En el momento en que el Gobierno tome sus decisiones será informado quien tenga que ser informado, bien sea en el ámbito de las comunidades autónomas, si es materia de su competencia, en el ámbito de los sindicatos en materia de la función pública, donde sea, según la decisión que en su día y en su caso tome el Gobierno, que todavía no ha tomado ninguna», apostilló. Posteriormente envió un comunicado desmintiendo que estudie bajar el sueldo de los funcionarios, aunque de las declaraciones textuales recogidas por las agencias de información se desprende lo contrario.

¿Será suficiente con los ajustes presentados para contentar a Bruselas? Los expertos consultados por CincoDías creen que no y que el Ejecutivo tendrá que intensificar los ajustes en gastos e ingresos. La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, apuntó que la prioridad debe centrarse en el lado del gasto más que en el de los ingresos y propuso, entre otras alternativas, intensificar la lucha contra el fraude fiscal, así como una rebaja de la masa salarial de las administraciones públicas y la congelación de las pensiones. El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Joaquín Trigo, considera esenciales medidas adicionales ante el deterioro de la economía. «El agravamiento de la crisis ha reducido la capacidad recaudatoria de algunas figuras tributarias y algunas de las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo, como la reducción de organismos públicos, van a tardar tiempo en dar resultado», asegura.

Patricia Gabaldón, economista del IE Business School, cree que el Ejecutivo ha cambiado de estrategia y que ahora está priorizando lo urgente por lo importante. «No oculta los ajustes y está avanzando lo que puede hacer a corto plazo para que a la gente no le coja desprevenida y así atenuar la contestación social», remarca. En su opinión, todos los recortes avanzados serán insuficientes para cumplir con el objetivo de déficit y el Ejecutivo podría verse obligado a tocar pensiones o prestaciones por desempleo. «Será lo último que hará por el alto coste político y el impacto que tiene en la economía real».

Autonomías

Bajar el déficit del 8,9% al 5,3% implica un ajuste brutal de 39.080 millones tan solo este año. De ese porcentaje, la mitad le corresponde a las comunidades autónomas, que en el primer trimestre tuvieron déficit cero por las mayores transferencias del Estado.

Fuente: Cincodias.com (28/6/12)

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