Torres-Dulce exige que juicios por delitos no graves se resuelvan en 72 horas

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que no  aceptará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) «que  simplemente maquille la realidad procesal» y su «exigencia máxima» es  «que haya celeridad de los procesos», por lo que se pedirá que el  anteproyecto de Ley en el que trabaja el Gobierno se contemple que «los delitos  de naturaleza no grave puedan ser juzgados sin instrucción en un máximo de 72  horas con la Fiscalía y los juzgados funcionando 24 horas».

Eduardo-Dulces-Torre_EDEIMA20130109_0006_3A preguntas de los medios en un acto en la Universidad de Castilla-La Mancha  (UCLM) en Toledo, Torres-Dulce ha considerado que si la nueva LECrim no  contempla esta opción «no se estará dando respuesta y satisfacción a los  intereses sociales» y perjudicaría a procesos que sí tienen que tener una  instrucción.

Además, Torres-Dulce ha subrayado que desde la Fiscalía se va a  exigir que el anteproyecto de Ley recoja «una radical modificación en las  disposiciones de la Policía Judicial para que tenga unidades exclusivamente  adscritas a juzgados y fiscalías para hacer eficiente la investigación de  delitos independientemente de los poderes ejecutivos». «La investigación de  un delito debe estar sometida a la única autoridad del Ministerio Fiscal»,  ha dicho.

Redistribución de las plantillas

Torres-Dulce ha defendido que la reforma de la Ley provocará una  redistribución de las plantillas, para lo cual «hay que saber cuál será el  mapa judicial español y si se van mantener los partidos judiciales o se llevará  a cabo una concentración» de los mismos.

Ha criticado que con la actual normativa la Fiscalía tiene una  «multiplicidad de tareas» que hace que las plantillas «sean  insuficientes», por lo que ha abogado por que los fiscales no se ocupen de  las faltas y sean «expulsadas» del campo penal en la próxima LECrim.

Según ha dicho, existen pendientes 800.000 juicios de faltas «y en más  de 300.000 tiene que acudir el Ministerio Fiscal», por lo que ya se ha  pedido al Ministerio de Justicia «su práctica eliminación, lo que supondría que  los fiscales se podrían concentrar en otras áreas más exigibles y las carencias  de plantilla no serían tan acuciantes».

El fiscal general ha indicado que este mismo miércoles se ha enviado al  Ministerio de Justicia un informe elaborado por parte de un grupo de trabajo  liderado por el magistrado Manuel Marchena con apreciaciones sobre la futura  normativa, y ahora el Ejecutivo «lo transformará en anteproyecto de Ley y lo  someterá a juicio crítico de la Fiscalía, el Consejo de Estado y el  Consejo General del Poder Judicial, que tendrán que dar su opinión al  respecto».

Fuente: Elderecho.com (9/1/13)