Todo lo que hay que saber de la Zona de Bajas Emisiones en Tarragona que entrará en marcha en 2023

¿Tendré que cambiarme el coche el año que viene si es antiguo y no tiene una de las etiquetas de emisiones ‘0’, eco, ‘c’ o ‘b’? Es una pregunta que estos días se hacen muchos ciudadanos, que todavía no saben cómo les afectará la entrada en funcionamiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a partir de 2023.

La medida, impulsada por el Gobierno estatal dentro de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, afecta a todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Y, por tanto, Tarragona está dentro de este listado.

El Àrea de Mobilitat del Ayuntamiento hace meses que está trabajando en esta propuesta. Y su máximo responsable municipal, Xavier Puig, es categórico: «No, la gente no tiene que cambiarse el coche. Debe hacerlo éticamente si ahora tienen un vehículo que escupe veneno y puede permitírselo en la medida de lo posible, pero obligatoriamente no tiene que hacerlo». La implantación será «paulatina» y tanto el ámbito afectado como las diferentes fases de implementación serán progresivas, teniendo en cuenta que «más o menos en 2025 todo tiene que estar funcionando».

El año que viene esta Zona de Bajas Emisiones será una realidad en la zona centro, la cual incluye la Part Alta y los Barris Marítims, además del Eixample. Esto dibuja una primera corona que limita con las vías del tren y las avenidas Vidal i Barraquer y República Argentina, hasta la avenida Catalunya y el paseo Torroja, rodeando el núcleo histórico para bajar de nuevo hacia la terminal ferroviaria.

«Es una zona muy intuitiva que nos permite atacar de una sola vez el pinyol del gran centro, lo que significa que es una propuesta valiente en la que estás incidiendo sobre la ciudad de unas 70.000 personas», indica el tercer teniente de alcalde.

Recientemente, el Ayuntamiento recibió la confirmación de una ayuda de 200.000 euros por parte de la Generalitat. Este importe servirá para la puesta en marcha de las primeras medidas, con una asistencia técnica por parte de una empresa auditora, además de la campaña de comunicación, sensibilización y explicación a la ciudadanía.

«Hay mucha gente inquieta que no comprende que tenga que cambiarse el coche cuando tenemos la industria en los alrededores, pero debe entenderse que son conceptos diferentes. La industria genera una contaminación difusa importante, mientras que con las ZBE estamos atacando los contaminantes que se concentran en puntos concretos y que, por ejemplo, afectan al chorro de humo que se traga una criatura en el carrito», apuntan los técnicos municipales. Aspectos como este son los que centrarán esta campaña de comunicación inicial, para que la ciudadanía lo vea como algo necesario para mejorar su calidad de vida diaria.

Carteles en las entradas

El siguiente paso será la señalización, con paneles en las entradas y señales viarias en el perímetro que recuerden a los conductores que están dentro de esta Zona de Bajas Emisiones. «Será lo mismo que con el Ciutat 30», indica Puig. Aquí entra en juego la ayuda Next Generation que se solicitó a finales de septiembre de este año y que hace referencia a la implantación de un proyecto que en su conjunto asciende a un presupuesto de 5.342.441,01 euros.

Los fondos europeos deben permitir sufragar los costes de las cámaras, que se instalarán en las entradas de la ciudad para leer la tipología de vehículos a partir de la matrículas. También incluye la plataforma informática que soporte la gestión de todos estos datos y que, en una fase posterior, debe permitir que empiece a multarse a los vehículos no autorizados. De momento, no ha habido una resolución de la convocatoria. Pese a ello, la administración local asegura que «la señalética se instalará el año que viene, pero las cámaras no sé si tendremos tiempo».

Esta es la parte que tiene a ver con los elementos físicos para la implantación de esta ZBE. No obstante, a nivel interno cada uno de los ayuntamientos tiene que redactar una ordenanza en la que queden recogidos los criterios, restricciones, exenciones y moratorias, entre muchos otros elementos. Esta obligará a crear un proceso participativo para conocer qué pasa con las ambulancias o los servicios básicos, por ejemplo, o el acceso a los parkings o si las personas que no pueden cambiarse el coche deben tener gratuito el aparcamiento disuasorio, para evitar que la medida sea excluyente en función del nivel de renta.

El borrador de este documento se está trabajando de forma conjunta con la Federació de Municipis, para que hayan unos criterios homogéneos, que después se adaptarán a la realidad de cada ciudad. Puig defiende que «hay una razón de peso por la que necesitamos esta normativa estandarizada entre las ciudades, que es que la gente no se vuelva loca en función de la ciudad a la que vaya».

El responsable municipal de movilidad deja claro que, cuando se habla de su entrada en funcionamiento a partir de 2023 significa que «en enero tenemos que decir que estamos trabajando y estamos planificando». Más allá, el año que viene tiene que estar redactada la ordenanza y se colocará la señalización de forma que el 1 de enero de 2024 «el ciudadano tiene que tener claro que está entrando en una Zona de Bajas Emisiones y que hay unas normas para poder entrar, lo que significa que en algún momento se activarán unas sanciones».

¿Cuándo empezará a multarse?

Puig afirma que la opción punitiva «está al final del camino». Cuando todo esto esté implantado habrá un periodo de tres, seis o doce meses en el que tan solo se notificará. La duración de este periodo de gracia tendrá que decidirse a nivel municipal y es otro de los elementos que se incluirá en la ordenanza. «Las ayudas de los Next Generation están programadas para que acaben en 2025, por lo que después tendremos toda la tecnología, y en el interval entre 2024 y 2025 se iniciaría esta fase sancionadora», concluye el concejal de Territori.

¿Cuántos coches tendrán que renovarse para adaptarse a la normativa? La administración local ha hecho un primer estudio sobre el parque móvil de la ciudad, según el cual el 34% de los vehículos censados en Tarragona no dispone del distintivo ambiental y entre los que sí la tienen, tan solo el 2,3% tienen la ‘0’ o ‘eco’, que son los menos contaminantes. La ‘b’ –que es la que tienen los vehículos más antiguos que todavía podrían circular– son el 36% del total del parque con etiqueta.

En paralelo, también se han recogido datos sobre los elementos contaminantes del aire para que cuando esté en marcha pueda conocerse la afectación, ya que habrá sensores. Y es que la ZBE tendrá una segunda fase que sumará la zona del Francolí y Joan XXIII, para incluir toda la ciudad en la tercera y definitiva.

Fuente: diaritarragona.com (21/12/22) pixabay.com

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