Así «venden» otros países europeos su permiso de residencia a cambio de dinero

La medida que contempla el Gobierno español de otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que compren una vivienda en España se suma a otras iniciativas que existen en Europa.

Esta semana se ha abierto el debate en España sobre este asunto después de que el Gobierno español anunciara este lunes que estudia cambiar la ley de Extranjería para otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por importe superior a 160.000 euros.

Otros países como Portugal ya han emprendido cambios en este sentido. El Gobierno luso alteró en septiembre pasado la normativa para facilitar la concesión de un permiso de residencia temporal a aquellos ciudadanos extranjeros que inviertan en el país durante un plazo mínimo de cinco años.

Para poder acogerse a esta ley, los interesados deben abrir una empresa en Portugal y cumplir con uno de estos tres requisitos: comprar inmuebles por valor superior a 500.000 euros, crear al menos 30 puestos de trabajo o realizar una transferencia de capital de más de un millón de euros.

Residencia por inversión

En Irlanda, el llamado Programa del Inversor Inmigrante ofrece permisos de residencia de hasta cinco años, con opción de renovación, para los empresarios (y su familia) que presenten un plan de negocio con una inversión de entre 500.000 y 2 millones de euros, que puede incluir, por ejemplo, donaciones a proyectos benéficos.

También puede obtener la residencia con una «inversión mixta» de un mínimo de un millón de euros dividida en la compra de bienes inmuebles (500.000 euros) y de un determinado tipo de deuda (otros 500.000 euros).

El inversor y su familia, así como sus negocios, podrán beneficiarse de las leyes del país, en el que no están obligados a residir, aunque deben visitar Irlanda al menos una vez al año.

En el Reino Unido, el sistema de inmigración por puntos privilegia a las personas que llegan al país con visado bajo la categoría de «inversores». Para pertenecer a esta categoría, hay que disponer de al menos 1 millón de libras (1,24 millones de euros) netas para invertir. Los inversores deben residir de forma continua en el país de 2 a 5 años (el periodo varía según el capital disponible) antes de poder solicitar la residencia permanente.

Tienen la obligación de invertir al menos 750.000 libras (932.000 euros) en bonos del Estado o empresas (no en propiedad) en los tres primeros meses desde su llegada y están exentos del requisito de saber hablar inglés para optar a la residencia y, en última instancia, a la ciudadanía.

Creación de empleo, estudios o contrato de trabajo

En Francia se puede expedir la residencia por una «aportación económica excepcional» a extranjeros que, por ejemplo, de manera personal o por medio de una empresa que dirija o en la que tenga al menos el 30% del capital, creen o contribuyan a salvar al menos cincuenta empleos.

Otra opción es que ese ciudadano extracomunitario se comprometa a hacer en Francia una inversión de al menos diez millones de euros, aunque las autoridades pueden decidir en qué casos se concede la residencia cuando se trate de una aportación económica excepcional.

Sin embargo, en Italia el permiso de residencia se da sólo tras conseguir un contrato de trabajo, o por cursar estudios en el país, por motivos religiosos o por asilo político. También pueden conseguir el permiso de residencia en Italia por reagrupación familiar tanto el cónyuge, los hijos menores de edad y también los mayores que demuestren que no pueden valerse por sí mismos.

Mientras que en Alemania el permiso de residencia se concede por estudios, por trabajo y por reagrupación familiar con un ciudadano alemán o un extranjero con derecho legal de permanencia en territorio alemán.

Asimismo, los trabajadores por cuenta propia pueden recibir un permiso de residencia si existe un interés económico general o una necesidad regional, si se prevé que su actividad vaya a tener efectos positivos sobre la economía y si la financiación está garantizada.

Fuente: rtve.es (20/11/12)

Otras fuentes: El economista.es (21/11/12)

Para los ciudadanos chinos, que vivieron con gran expectación el cambio legal de un país que parece desesperado, «estos precios no dan confianza y todos temen que la letra pequeña tenga trampa», explica la socia directora en China de la consultora Emergia Partners, Lijing Ye, que no da crédito al flujo de informaciones que han desbordado a la prensa online. «Ha sido increíble, pero con informaciones muy contradictorias que en nada nos ayudan» se lamenta Lijing Ye.

Las ganas de los ciudadanos chinos por europeizarse han hecho que corran falsos bulos sobre los parabienes de la normativa española. Por 160.000 euros, además de una casa (quién sabe si en la playa) podrá tener otras ventajas sociales como educación y enseñanza gratis, beneficios sociales, una nacionalidad asegurada y, como regalo, paseo libre por el espacio Schengen. «El bulo es tan grande que va a ser difícil pararlo», dice la responsable en el país asiático de una compañía que lleva meses negociando con el Gobierno de Rajoy soluciones para desenladrillar España.

El precio de partida, sin embargo, consideran que es demasiado bajo. «Somos de los más baratos de Europa y eso tampoco nos conviene. Nosotros siempre hemos hablado de cifras que irían entre los 300.000 y los 500.000 euros», dice en España su socio Jacinto Soler Matutes. El analista estima que un 10% de las 300.000 viviendas que se venden al año podría ser para estos compradores, lo que supondría unos ingresos de 8.000 millones.

Además, la propuesta de Emergia Partners contempla también que los nuevos propietarios paguen 5.000 euros sólo por el trámite. Soler hace las cuentas: Hacienda podría embolsarse en una promoción de 500 viviendas alrededor de 2,5 millones de euros.  

El precio de sentirse europeo

En el caso de Portugal, la residencia es válida para cinco años y la renovación supondría un coste de otros 2.500 euros. Pero allí, el permiso de residencia tiene un coste de 500.000 euros. También es posible lograrlo si se realiza una transferencia al país luso de un millón. En Irlanda a la compra de inmuebles por un mínimo de un millón de euros, se suma la obligatoriedad de adquirir al menos 500.000 euros en deuda soberana. Un poco más se requiere en su vecino Reino Unido, donde es necesario ser propietario de activos por valor de 2,5 millones de euros.

En Francia puede obtener el permiso de residencia quien se comprometa a crear al menos 50 empleos, o el que invierta más de 10 millones en bienes muebles o inmuebles.

En el caso de Alemania la ley no estipula una cantidad minima, pero se abre la puerta para inversiones «con efectos positivos en la economía». En Italia, los visados tampoco tienen precio, debido a que el país transalpino no ha sido víctima de una burbuja inmobiliaria.

Ser estadounidense tampoco es gratis: el Senado estudia la residencia para quien compre una casa de más de 390.000 euros. Como reconocen los detractores de esta medida, España «es el mayor chollo».

Reacciones en cadena Ante el revuelo levantado, distintos miembros del Gobierno salieron a matizar las palabras del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Es el caso del ministro de Industria, Jose Manuel Soria, que aseguró que no hay «ninguna decisión al respecto», aunque insistió en que es necesario impulsar medidas para que «el activo inmobiliario salga». Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el Ejecutivo aún estudia «los pros y los contras».
Incluso desde el PSOE destacaron la marcha atrás del Gobierno. La vicepresidenta general de la formación, Elena Valenciano, fue la encargada de señalar que «algunos dirigentes» del PP estaban retrocediendo. «Es una ocurrencia que no han concretado y que veo difícil que puedan concretar», sentenció.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, también mostró sus dudas e insistió en que es necesario buscar medidas que sirvan para «aligerar» el stock de viviendas que hay sin vender, pero con precaución, por si «las consecuencias negativas son mayores que las positivas».

Solo la patronal de la construcción mostró abiertamente su respaldo a la medida del Gobierno. La Confederación Patronal de la Construcción (CNC) hizo público que «defiende» y «aplaude» la propuesta, ya que colabora a reducir el stock de vivienda y a «revitalizar el mercado de los no residentes».   

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