Concesionarias y transportistas negocian el copago en la carretera

Los operadores de infraestructuras y los transportistas de mercancías por carretera dan por descontado que España implantará la directiva Euroviñeta, por la que se grava el tráfico en las autovías, y han comenzado a pactar una propuesta común para remitírsela al Gobierno antes de fin de año.

El seno de la patronal CEOE está sirviendo para que constructores y concesionarias, por un lado, y transportistas, por otro, diseñen un plan común para orientar al Gobierno en la imposición del pago por uso en las carreteras de alta capacidad libres de peaje. Hasta el momento, las compañías de infraestructuras han hecho leitmotiv de la tarificación de las autovías a través de la implantación de la Euroviñeta, pero encontraban frontal oposición en el mundo del transporte, cuyos costes se verían notablemente alterados a corto plazo.

Con el debate atascado, la CEOE montó tras el verano una mesa de negociación en la que se sientan miembros de la Comisión de Infraestructuras y del Consejo de Transportes. Esta comisión mixta estuvo prácticamente inoperante hasta la formación del nuevo Gobierno y es ahora cuando se han intensificado las conversaciones. El sistema de peaje blando que se fragua en la CEOE será remitido antes de fin de año a Moncloa.

Fuentes cercanas a ese equipo de trabajo aseguran que el tira y afloja se lleva a cabo en varios frentes. Los nuevos peajes afectarían tanto a vehículos pesados como a ligeros; lo recaudado iría a la conservación de las carreteras de alta capacidad (partida que se lleva unos 1.400 millones anuales) y a conformar ayudas para la modernización del transporte en carretera; se habla de un cuadro de exenciones a cuenta de parámetros ambientales y de horarios, e incluso de precios.

Las mismas fuentes comentan que tanto empresas de infraestructuras como firmas del transporte dan por descontado que la Euroviñeta terminará por implantarse a la vista de las duras restricciones presupuestarias con que opera el Gobierno. En ese contexto, los transportistas tratarán de dilatar al máximo la entrada en vigor.

Peaje en una quinta parte de la red

En España existen 3.300 kilómetros de autopistas de peaje (17,4% de la red), mientras las vías de alta capacidad sin tarificar alcanzan los 15.600 kilómetros. La Euroviñeta, directiva de transposición voluntaria hasta octubre de 2013, impone el cobro por kilómetro recorrido a vehículos de más de 3,5 toneladas y deja abierta la posibilidad de cobrar a ligeros.

La adopción de esta norma reportaría a las arcas públicas unos ingresos de 3.000 millones el primer año y hasta de 62.000 millones a lo largo de los próximos 15 años, según cálculos de Aseta, patronal de las concesionarias de autopistas. Su implantación, según estima el mismo colectivo, costaría unos 400 millones y la operación del sistema de cobro de peaje tendría un presupuesto aproximado de unos 160 millones anuales. El sector concesional ya se ofreció al anterior Gobierno para correr con las inversiones necesarias a cambio de concesiones. Alemania, Austria o Polonia están entre los países que ya han adoptado la Euroviñeta.

Con una propuesta más suave que el copago generalizado en las carreteras, el colectivo de constructoras Seopan calculó el año pasado que el Estado podría ingresar 1.800 millones tarificando el tráfico de vehículos pesados (10 céntimos por kilómetro) y ligeros (4,5 céntimos por kilómetro), pero gravando solo los viajes de largo recorrido.

El debate está servido. Los transportistas ven en la Euroviñeta una puntilla para el sector, pero son conscientes de que su oposición tiene los días contados. Por ello se colocan en primera fila en estos momentos de negociación y dicen haber ganado un año mientras se llega a un acuerdo. El Gobierno, por su parte, tiene a su alcance una herramienta para hacer caja y sufragar obras; y las constructoras y concesionarias defienden un mecanismo que les asegura negocio a través de la conservación.

El peso de un sector en horas bajas

El sector del transporte pesado por carretera, representado por unas 66.000 empresas, ha venido presentando una dura oposición a la transposición de la Euroviñeta en España. Su peso es del 2,2% en el PIB y del 3% en la cifra de población ocupada, según datos que maneja el ministerio de Fomento.

El 82% del transporte interurbano de mercancías en España se mueve por carretera, siendo el impulso del ferrocarril uno de los objetivos del Gobierno.

El transporte es responsable del 40% del gasto energético en España, frente al 30% de la industria y otro 30% que se llevan la agricultura y los hogares. De la porción que se debe al transporte, el 80% de la factura la pagan los transportistas por carretera.

La dependencia respecto al gasoil es la causa principal por la que los transportistas se oponen al céntimo sanitario, por el que se financia el sistema público de salud a través de subidas en el combustible, o a cualquier subida que vaya encaminada al mantenimiento de las carreteras.

Más del 30% de los costes directos que soportan las empresas de transportes tienen que ver con el combustible; algo más de un 20% dependen del personal de conducción; la amortización de los vehículos y dietas se llevan en torno a un 10% cada una, y los neumáticos y reparaciones aparecen a continuación con el 5% y el 3%, respectivamente. Estos dos últimos elementos del coste están directamente relacionados con el estado de las carreteras.

Fuente: Cinco Días (22/2/2012)