Cuando el negocio está en no fiarse

give up dont give upHace ya casi un mes que colean los llamados papeles de Panamá y más allá de aportar luz sobre miles de personas y empresas y actividades ocultas, cuando no fraudulentas y corruptas, y de la dimisión en España del ministro José Manuel Soria, si algo han puesto en evidencia estas revelaciones es la marañosa trama que envuelve la información corporativa y el camino tan trabado que se recorre hasta dar con los verdaderos titulares de las empresas.

Actas de constitución, relaciones de administradores y consejeros, cuentas anuales… La información corporativa es uno de los negocios más sensibles y discretos. A ella recurren bancos y aseguradoras, consultoras, empresas dedicadas al recobro de deudas, notarios y registradores de la propiedad, inspectores de Hacienda, abogados y también periodistas. El negocio está en no fiarse y aunque el cliente venga en helicóptero y plante toneladas de lingotes de oro sobre el mostrador, más le vale al fiduciario y al banco depositario asegurarse de que ese cliente es quien dice ser, que su dinero procede de donde dice que procede y que la hoja de servicio de la empresa a la que representa esté limpia como los chorros del oro.

Todo un negocio

Hay toda una industria extractiva dedicada a satisfacer las necesidades de quienes desean sortear la incertidumbre. Una industria que se apoya en la tecnología para aglutinar fuentes oficiales -judiciales y empresariales- en sus motores de búsqueda, rastreadores de información, elaborar informes.

Una industria y una tecnología -inteligencia empresarial, la llaman-, sin embargo, incapaces de atar cabos sobre quién se encontraba detrás de Leticia Montoya, la administrativa panameña que actuaba como testaferro en más de 3.000 empresas creadas por Mossack & Fonseca en Panamá. «Ahí estriba el valor de los documentos revelados», explica Emilia Díaz-Struck, editora de Investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que destapó el escándalo. Porque aunque la tecnología es la aliada de la transparencia, no toda la información es accesible, ya se trate de un paraíso fiscal o un territorio más regulado. «En Panamá, por ejemplo, los registros no dan acceso a los accionistas y a los propietarios finales de las compañías, por eso la documentación filtrada era absolutamente complementaria», aclara Díaz-Struck.

Para ninguna empresa es grato que le investiguen. Sin embargo, en el sector financiero es una obligación y aunque el cierre de una operación o la bienvenida a un nuevo gran cliente tengan lugar en el más lujoso de los despachos, en la trastienda no se deja un cabo suelto. Se trata de no perder ni dinero ni reputación. Y dar parte de operaciones sopechosas. Es lo que las entidades llaman due diligence a clientes y proveedores, las famosas siglas KYC («conoce tu cliente» en sus siglas en inglés) y AML («anti lavado de dinero» en inglés), y chequeo de los clientes llamados HNWI (ultra high net worth individuals) o superricos, para los que en ocasiones se precisan informes adicionales. «Es por eso que la banca y sus empresas satélite son clientes asiduos de información corporativa», explica Eduardo Amo, fundador de Dato Capital, la firma cuyos servicios requirió EL MUNDO para localizar la empresa de Jersey de la que era titular el ministro José Manuel Soria y que provocó su renuncia.

Tampoco ninguna empresa quiere que se sepa lo que consulta. Dos de las preguntas que recibimos con más asiduidad son: «¿esto es confidencial?» y «¿Notificáis a la empresa que yo la he consultado?», explica Amo. En cualquier registro, las consultas son confidenciales y sin notificaciones, lo que no evita que muchas consultas sean anónimas, mediante correos encriptados como Hushmail.

Uno de los clientes de Dato Capital es una de las agencias tributarias más avanzadas del mundo. «En las facturas que les enviamos no aparece ni siquiera el informe corporativo solicitado ni el funcionario solicitante, sólo la cantidad facturada. Quienes abonan el servicio no quieren saber qué empresas se investigan ni qué funcionario hace la consulta. Hasta ahí llega su confidencialidad», señala Amo. Una cuarta parte de sus clientes son gobiernos, agencias tributarias y fuerzas de seguridad.

La búsqueda del anonimato

En el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo General del Notariado (OCP) realizan enter 1.000 y 5.000 comprobaciones de datos empresariales al año. «La búsqueda del anonimato es el factor que más indicios de riesgo despierta», explica Ignacio Alberich, uno de los analistas del OCP, que tiene la obligación de comunicar al Banco de España operaciones que resulten sospechosas. Además de los registros notariales -la mayor base de datos económicos de España tras la de Hacienda- recurren a diversas bases de datos externas para rastrear sociedades.

«Muchas de las comprobaciones rutinarias se limitan a la base española Informa -y su servicio internacional que proporciona Dun & Bradstreet-, pero en otras requerimos información que precisan una sofisticación», explica un abogado de un gran bufete de Madrid. Cuestión de reputación. «Tras las averiguaciones, no son pocas las veces que hemos invitado al cliente a buscarse otro abogado», añade.

En ese campo del rastreo entran sociedades como Dato Capital o OpenCorporates, expertos en la búsqueda de informes en todo el mundo. En Europa, países como Reino Unido, Holanda o Luxemburgo han facilitado en los últimos años el acceso a sus registros mercantiles, pero otros anteponen numerosas trabas. «En Estados Unidos es necesario acudir en persona a consultar ciertos documentos», explica Amo, quien cree que el país donde es más complicado acceder a información corporativa es China. En otros, como Andorra, Chile y, desde 2015, Singapur, es necesario que el solicitante sea ciudadano del país.

Los territorios offshore son zona común de búsqueda habitual de los rastreadores de datos empresariales. Esta semana se celebra en Miami la OffshoreAlert Conference, a la que acuden 250 usuarios y proveedores de información empresarial sensible.

Durante los últimos 15 años, los territorios offshore se han visto presionados a cooperar con otros países y agencias y, más recientemente, a compartir información fiscal con otras agencias tributarias. «Esto ha puesto mucho más difícil, que no imposible, a los criminales, operar offshore«, afirma David Marchant, fundador de OffshoreAlert. A causa de los acuerdos legales entre países y las filtraciones periodísticas de estos años, el anonimato está perdiendo fuerza como gancho de los paraísos fiscales. Ahora se esgrimen como banderas la agilidad y el ahorro fiscal, cuando a «finales de los años 90, los territorios offshore competían unos con otros en términos de secretismo», explica Marchant.

Y aunque países como las Islas Cook o las Seychelles siguen blindados al escrutinio, en otros el acceso a información offshore se ha simplificado mucho. Por cinco euros fue posible comprar el documento de la empresa de Jersey, Mechanical Trading Limited, donde el ministro Soria tenía estampada su firma. El Registro Mercantil de Jersey está digitalizado y se puede consultar online. En otros casos, como las Islas Vírgenes Británicas, los trámites para obtener la información se tienen que hacer por vía telefónica, por email y por fax. Quizá por eso «el 50% de las empresas creadas por Mossack-Fonseca se registraron allí», comenta Emilia Díaz-Struck. La tecnología es una gran aliada de la transparencia, pero requiere una colaboración de las administraciones.

España: un difícil acceso gratuito a la información

«El acceso a información también es complicada en países onshore. En España, sin ir más lejos», explica Chris Taggart, fundador de OpenCorporates, cuyo directorio incluye información corporativa de más de 110 países. «España saca un cero en cuanto a acceso gratuito», concluye. Mientras países como el Reino Unido, Noruega u Holanda han anunciado que sus registros facilitarán gratis información sobre los propietarios finales de las empresas, en España ni siquiera existe la obligación de que las sociedades comuniquen al Registro Mercantil quiénes son sus accionistas. «Uno de los efectos directos de las revelaciones de Panamá es que las consultas sobre empresas en ese país procedentes de España y Argentina aumentaron un 11.000% en nuestra base de datos», señala Taggart.

Otra de las trabas que encuentra la transparencia empresarial es la normativa sobre protección de datos aplicada a las empresas y el famoso derecho al olvido promovido por las autoridades europeas que, en este sentido, «tratan a la población como a recién nacidos y beneficia a los criminales y a otras figuras dudosas», opina Marchant. «Cada día recibimos peticiones para eliminar datos empresariales relevantes y públicos -añade Eduardo Amo-. En ocasiones adiciones razones tan laxas como que el domicilio social coincide con el domicilio del propietario de la empresa o la sociedad ya está cerrada». Si Jersey hubiera borrado los datos de la empresa propiedad de Soria y clausurada en 2002, jamás se hubiera descubierto su actividad offshore y seguiría ocupando su cargo.

Fuente: Elmundo.es (5/5/16) Pixabay.com