El día en el que Coca-Cola renegó de su nombre

Sucedió el miércoles 5 de febrero. A las 18.22 de la tarde, llegó a todas las redacciones de Madrid un correo electrónico del nuevo grupo embotellador de Coca-Cola en España, el holding Coca-Cola Iberian Partners. En él, la firma presidida por Sol Daurella, matriarca de una multimillonaria familia catalana, ligada desde siempre al negocio de La Chispa de la Vida en España, da su versión del estado de las negociaciones que sus asesores laborales mantienen con los sindicatos, en orden a instrumentar un ERE con el que despedirá a 1.250 trabajadores y cerrará cuatro de las 11 fábricas que posee en España. Además, el documento adjunto que contenía el correo, ofrece la ratificación de una novedad asombrosa. La empresa no se refiere ya a sí misma con el poderoso nombre de la marca de Atlanta.

Coca-Cola Company tiene derecho de veto sobre el nombramiento de los ejecutivos de la empresa española

El holding desecha el nombre –ya lo había hecho por primera vez con ocasión del comunicado que remitió dando cuenta de su decisión de poner en marcha los despidos–, y se refiere a sí misma en todo momento como Iberian Partners, a secas.

La decisión parece razonable, en el mismo documento y como anotaciones a pie de página, la empresa da detalles sobre un hecho incontrovertido. El ERE no lo presenta Coca-Cola Company, filial de la multinacional estadounidense. La reestructuración del negocio de embotellado en España es una decisión cuya responsabilidad recae sobre Coca Cola Iberian Partners y en concreto sobre su director general, Víctor Rufart.

Es comprensible que Coca-Cola Company y su primer ejecutivo en España, Marcos de Quinto, quieran tomar distancias de un problema que ha alcanzado ya una dimensión social y económica tal, que de mantenerse en sus términos actuales solo puede empeorar, a la vista de la tensión sindical y social que está adquiriendo. Su cristalización más visible son las llamadas, desde ámbitos sindicales y políticos, al boicot de los productos de la marca.

Pero la separación y distancia que ahora se quiere aparentar no es tan clara. A pesar de los esfuerzos de los portavoces de Coca-Cola Iberian Partners de dejar claro que son dos empresas distintas, el grado de interacción es elevadísimo y no solo a niveles operativos sino que afectan al primer y segundo nivel directivo de la empresa.

Para convencerse de ello, basta leer la página 31 del documento entregado a los sindicatos por la empresa bajo el titulo de Memoria. En esa página se reconoce que la independencia de la empresa española no es tal si se analiza a la luz de esta cita literal. “Por compromisos contractuales CCIP (Coca-Cola Iberian Partner) está obligada a compartir con TCCC (The Coca-Cola Company) el primer y segundo nivel directivo del grupo CCIP. Una vez se comunicó y validó el primer nivel, los comités de dirección de cada uno de los embotelladores quedaron disueltos (…)”.

Los dueños de Fuenlabrada sacaron de la empresa 400 millones antes de la fusión

Casbega, la empresa propietaria de la condenada planta de Fuenlabrada en Madrid, tenía una fortuna acumulada en sus cuentas antes de la fusión que en mayo de 2013 dio lugar a Coca-Cola Iberian Partners.

Tras advertir la multinacional estadounidense a sus franquiciados españoles que para renovar los contratos de embotellado “resultaba necesario que la fabricación pasase a realizarse al amparo de un nuevo y único contrato de embotellador”, las siete embotelladoras españolas comenzaron a maniobrar y a reestructurar sus negocios.

Fue el caso de Casbega. Sus accionistas, liderados por los empresarios Víctor Urrutia y Jaime Castellanos, celebraron una junta extraordinaria el 22 de diciembre de 2011 en la que aprobaron repartirse las reservas de la sociedad en forma de dividendo extraordinario.

En aquel momento la foto fija de la empresa arrojaba 448 millones de fondos propios, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Sus reservas eran de 373 millones. Y antes, en la junta ordinaria de junio de 2011, se aprobó un reparto de 28 millones de dividendo ordinario. Un puñado de accionistas cobraron casi 400 millones en poco menos de seis meses. La empresa asegura hoy que el cierre de Fuenlabrada generará unos ahorros anuales de 24 millones de euros tras despedir a 370 trabajadores.

Fuente: Cincodias.com (10/2/14)

Etiquetas: