El negocio millonario de traficar con el gas de los aires acondicionados

A lo mejor el nombre R-22 no le dice nada a la mayoría de las personas. Puede sonar como a robot pero, sin embargo, se trata de un gas que hasta hace pocos años estaba presente en muchas casas; hoy en cambio, es un adorado objeto de contrabando. Es un gas fluorado refrigerante, uno de los gases utilizados en objetos tan comunes como aires acondicionados, neveras, aerosoles, etc.

Pero el R-22 es clandestino desde 2015 en toda la UE, porque su uso y comercio están prohibidos. Su composición destruye la capa de ozono y tiene una grave influencia sobre el efecto invernadero. Tanto, que emitir un solo kilo de estos gases es igual que enviar 1.700 kilos de CO2 hacia el cielo. Sin embargo, tiene una gran ventaja sobre sus competidores legales: es tres veces más barato que los gases cuyo uso está permitido.

Por eso hay un mercado negro contra el que luchan policías de toda Europa. Ya desde el Protocolo de Montreal de 1997, todos los países firmantes adoptaron el compromiso de luchar contra el contrabando de estos gases perjudiciales para la atmósfera. Y precisamente la investigación contra su tráfico ilegal le ha valido hace unas semanas al Seprona de la Guardia Civil y a la Fiscalía de Medio Ambiente un premio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

De las operaciones realizadas en los últimos tiempos contra el tráfico ilícito de estos gases, quizá la más destacada sea la llamada Malvarma, que se conoció esta pasada primavera.

Esta operación y otras similares han desvelado que el mercado negro principal para los gases fluorados está en el R-22, aunque haya otros tipos que también se utilizan en el contrabando. El R-22 pertenece a la familia de los hidroclorofluorocarbonos, o HCFC.

La banda desarticulada en Malvarma estaba compuesta por 10 personas que básicamente se dedicaban a exportar ilegalmente R-22 a Panamá, en muchas ocasiones utilizando Francia como plataforma previa para dar el salto a Centroamérica.

«El alto poder enfriador del R-22 lo hace muy atractivo en países calurosos como Panamá», explican desde el Seprona, y a esto se suma su bajo precio y, en ocasiones, que hay destinos donde la normativa medioambiental no lo ha prohibido, o bien sus controles son mucho más laxos.

En la operación Malvarma el Seprona descubrió que una empresa valenciana estaba ocultando su deber de informar a la Comisión Europea sobre el stock de R-22 que tenía. La organización criminal, en la que se vieron implicadas 10 personas, tenía la obligación de destruirlo a través de una empresa de gestión de residuos peligrosos, pero en lugar de eso lo enviaban a Francia para después venderlo de contrabando a Panamá.

Sólo en esta operación se intervinieron 10 toneladas de ese gas, que haciendo la equivalencia podría haber supuesto lo mismo que enviar a la atmósfera 17 millones de kilos de CO2. El beneficio económico rondaba el millón de euros, según estima la Guardia Civil.

«En Malvarma, el enfoque de la gestión irregular y del tráfico ilegal de gas refrigerante R-22 es doble. Si consideramos el gas como residuo, su gestión irregular conlleva un delito ecológico, con penas de hasta dos años de prisión. Su contrabando hacia Panamá en contravención del Reglamento Europeo 1005/2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono, por otra parte conlleva la comisión de un delito de riesgo catastrófico, con hasta tres años de prisión», explica a este periódico el capitán del Seprona Miguel Méndez.

Aprehensiones de 150 toneladas

La labor contra el tráfico de estos gases lleva años y demuestra que, pese a su prohibición, el paso del tiempo sólo va haciendo que disminuya paulatinamente el contrabando, pero todavía hay mucho.

Lejos quedan, de todos modos, aprehensiones ingentes como la de la operación Refresco, en 2012, cuando el mismo Seprona investigó a 96 personas y se incautó de 150 toneladas de R-22. En aquella ocasión, el tráfico de las gigantescas bombonas se llevaba a cabo entre Zaragoza y las Islas Canarias, y la investigación le valió en 2014 ganar por primera vez el reconocimiento de la ONU al Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente.

Como otras veces, el destino principal del R-22 de la operación Refresco eran los buques pesqueros, que usan ese gas en sus gigantescas cámaras frigoríficas. Aunque el uso de este gas esté prohibido, la laberíntica normativa que rodea a las banderas de los barcos se usa para esquivar las prohibiciones, y se utilizan buques con enseña de los países que no firmaron hace más de 20 años el protocolo de Montreal.

Así, en 2016 la ONU volvió a reconocer el trabajo de Fiscalía y Guardia Civil, tras una investigación que detectó que los barcos pesqueros eran de nuevo destinatarios de ese gas ilegal. Durante aquel caso se investigó a una veintena de empresas en la llamada operación Xiada, que terminó con 37 toneladas de R-22 requisadas.

¿Qué son los gastos fluorados?

Los denominados gases fluorados de efecto invernadero tienen una gran capacidad para calentar la atmósfera. Empezaron a utilizarse en los años 90 para reemplazar a los gases responsables de la destrucción de la capa de ozono llamados clorofluorocarbonos (CFCs) e hidrofluoroclorocarbonos (HCFCs). Estos compuestos químicos que estaban acabando con la capa de ozono estaban presentes en muchos aerosoles de uso diario como desodorantes, ambientadores, insecticidas y productos de limpieza, así como en neveras o aparatos de aire acondicionado.

Fue en 1985 cuando se observó con preocupación un gran agujero sobre la Antártida, que reveló que la capa de ozono de la estratosfera (a unos 20 kilómetros de la superficie terrestre) estaba disminuyendo lentamente. La capa de ozono es importante porque nos protege de los rayos ultravioleta más dañinos al impedir que atraviesen la atmósfera. Se averiguó también que tardaban tiempo en llegar a la atmósfera por lo que su efecto persiste durante décadas. En la actualidad están muy regulados.

Desde que los científicos identificaron a esas sustancias como las culpables de la disminución de la capa de ozono, la utilización de los gases fluorados de efecto invernadero fue en aumento. Pese a que también tienen un impacto ambiental, su efecto en la capa de ozono es mucho menor que el de los CFCs.

Entre los gases fluorados que sustituyeron a los CFCs destacan los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Tienen muchas aplicaciones industriales. Se usan sobre todo para fabricar aparatos de refrigeración y climatización, aerosoles, disolventes, espumas de aislamiento térmico y aislamiento eléctrico y en la extinción de incendios.

Debido a su impacto en el clima, tanto la normativa europea como la española han desarrollado una serie de medidas para intentar reducir las emisiones de estos gases a través de impuestos y la incentivación de nuevas tecnologías alternativas.

Fuente: Elmundo.es (13/11/19) Pixabay.com