Las claves de la reforma de la Administración que prepara el Gobierno

El Ejecutivo ha empezado el año con una gran tarea pendiente. La reforma de la Administración es uno de los retos que el Gobierno se ha fijado para 2013 y que pretende aprobar antes de que acabe el ejercicio. Eliminar las duplicidades, acelerar la supresión de organismos públicos, simplificar burocracia y centralizar la gestión son los puntos imprescindibles.

burocraciaTras controvertidos recortes en gasto público y las alzas de impuestos, llega la hora de meter mano en el sector público, una de las medidas más demandada por los ciudadanos y una compleja tarea sobre la que La Moncloa ya está trabajando.

Un equipo encabezado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha empezado a elaborar el plan que encauzará el redimensionamiento de las instituciones y competencias públicas.

Según recoge hoy el diario Expansión citando a fuentes gubernamentales, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas hará acopio de las propuestas con las que debe preparar un informe que previsiblemente será presentado antes del 30 de junio. Esa es la fecha tope que se habría puesto el Gobierno para alcanzar un pacto global con los agentes sociales y con el PSOE sobre los cambios legislativos.

Las claves de la reforma

Sin embargo, ya desde Semana Santa podrían empezar a emprender alguna de las reformas que se barajan y que se concentran en cuatro puntos imprescindibles: detectar y eliminar las duplicidades, completar la supresión de organismos públicos, simplificar la burocracia de cara a la creación de empresas y centralizar la gestión de servicios.

Esto complementará la reforma de los ayuntamientos, que ya se está negociando, y que implicará la supresión de muchas mancomunidades y una clarificación de competencias municipales para evitar solapamientos. Con esta iniciativa, el Ejecutivo espera ahorrar 3.500 millones de euros.

De acuerdo con el rotativo, una de las acciones que se llevarán a cabo para «vertebrar mejor la administración pública», en palabras del propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será la unificación de los boletines oficiales de las comunidades autónomas «para ganar seguridad jurídica».

También se plantean la opción de que una pyme pueda cumplimentar el papeleo municipal después de haber puesto en marcha el negocio.

Además, el Gobierno se erigirá en vigilante de las empresas públicas: tutelará el cierre de las ya existentes y limitará la creación de nuevas entidades. En este punto, destaca que el Ejecutivo aplicará «los mecanismos coercitivos» contenidos en la Ley de Estabilidad presupuestaria si es necesario.

Por último, se ahondará en la centralización de la gestión de servicios y recursos públicos que se ha planteado para los ayuntamientos.

Fuente: Eleconomista.es (8/1/2013)