Recetas para alcanzar el objetivo de déficit: el decálogo para el ajuste

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, insistió ayer en que en tiempos de crisis «no hay que temer reformas». Y es que cumplir el 5,3% de déficit impuesto por Bruselas obliga a España a ajustar más de 35.000 millones. Los expertos reclaman menos Estado, meter en cintura a las Administraciones periféricas, copago sanitario y cerrar empresas públicas para que el ahorro sea estructural y rebaje el déficit.

 

Eso, en el mejor de los escenarios, pues hay expertos, como Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, que ya cifraban el recorte en «26.000 millones adicionales a los 15.000 aprobados en diciembre». Es decir, un tijeretazo de 41.000 millones. Una cifra con la que coincide el profesor de la Complutense Fernando Méndez Ibisate: mínimo de 40.000 millones. Y hasta 60.000 millones eleva el tajo la CEOE. Para las autonomías, acatar el déficit del 1,5% supone 15.600 millones. ¿Qué recortar? Los expertos consultados por elEconomista sostienen que las medidas deben ser estructurales y tocar los cimientos del Estado, redefiniendo el modelo autonómico, redimensionando la Administración periférica y metiendo tijera hasta en el empleo público.

1. Es imprescindible repensar el Estado para ‘adelgazarlo’.

 Lo dijo bien claro Esperanza Aguirre: «No hay dinero para tener 17 Administraciones regionales», para a continuación avisar de que quiere devolver las competencias de Justicia. Igual que el presidente cántabro. En este clima de debate, «hay que plantearse para qué sirve el Estado: ¿es una institución para producir quesos, casas, buques y minas? Y vigilar los entes administrativos en áreas de hospitales y educación», afirma sin ambages el economista Méndez Ibisate. Claro, que en este punto, el elefante en la habitación es el recorte del empleo público, el despido de personal laboral y hasta funcionarial. Algo que ha dejado de ser tabú en Irlanda, Grecia y Portugal, y que en España es un run-run que acaba de empezar. Y es que, como reconoce José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE, «la naturaleza del ajuste obligará a actuar sobre el sector público con reducción de empleo».

2. Cierre del ruinoso sector público empresarial

 Los economistas son unánimes en este punto. Si Jordi Fabregat, director del Máster de Finanzas de Esade, aboga por cerrarlas -«Se han creado demasiadas, ya fuera para quitarle deuda a la Administración o para colocar a políticos afines»-, Pin sentencia: «Las empresas públicas de capital-venture son absurdas y acabarán desapareciendo. Ahora es el momento, ya que el interés autonómico coincide con el del Gobierno central». Más rotundo aún es el presidente de Freemarket, Lorenzo Bernaldo de Quirós: «Hay que acabar con el escandaloso y voluminoso sector público empresarial. El 90 por ciento de esas empresas pierde dinero y no son privatizables ni la mitad».

3. Freno a la ‘locomotora’ de la inversión oficial

 El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha anunciado que la inversión pública bajará un 40 por ciento este año, lo que apunta a 6.000 millones menos. ¿Es ésta la solución? «Recortar la inversión pública es lo más fácil, aunque es cierto que es pan para hoy y hambre para mañana. Los recortes deben ser racionales: no pueden construirse tres aeropuertos sin aviones, cuando el puerto de Barcelona está casi acabado y faltan carreteras y trenes para llegar», critica Jordi Fabregat, apuntando a proyectos faraónicos como Terra Mítica o la Copa del América, a cargo del erario público.

4. Suprimir diputaciones y fusionar ayuntamientos

La supresión de las diputaciones, que ahorraría unos 22.000 millones, goza del beneplácito de los expertos, aunque señalan, como Fabregat, que son «una cuestión de sensibilidad política». Respecto a la fusión de ayuntamientos, que se ha hecho en Italia y que en Galicia ya han acometido dos municipios coruñeses, es sin duda una medida «eficiente desde el punto de vista económico». Para el profesor de la Complutense Méndez Ibisate, es incuestionable que hay que acabar con las duplicidades «y hasta triplicidades, cada Administración debe asumir sus funciones y establecerse un sistema para traspasar a las autonomías la financiación necesaria. Eso sí, quien gaste de más por dar un concierto, que lo pague». El profesor del IESE José Ramón Pin pone el dedo en la llaga de las competencias: «Hay muchos ayuntamientos con unas competencias impropias en temas de Asuntos Sociales, que también tienen las autonomías. O en materia de seguridad, municipios con su propio servicio de Policía que podría proveer la comunidad autónoma». Ahora bien, respecto a la eliminación de las diputaciones, o incluso del Senado, cree que es «hacer política-ficción, porque las diputaciones son anteriores a la Constitución e incluso a Franco. Hay autonomías donde tienen una tradición muy arraigada. En Castilla-La Mancha, Cataluña o Andalucía, tocar las diputaciones choca con el interés político».

 5. Privatizar todo lo que se pueda y rellenar la ‘hucha

Para Lorenzo Bernaldo de Quirós, privatizar es la solución «para recortar los gastos y el déficit de forma radical». El presidente de Freemarket señala lo que puede venderse: «Puertos, aeropuertos, loterías, pueden privatizarse los servicios de aguas, el transporte urbano, las participaciones del Estado en Enagás, Red Eléctrica, etc. Incluso Renfe, manteniendo el Estado la infraestructura».

6. Copago en sanidad y hasta en educación

Cataluña ha abierto la puerta al copago en España, una vía eficaz, al decir de los expertos. Defensor del copago es Méndez Ibisate, ya que «ayuda a racionalizar el sistema, al fijar un sistema de precios». Y también es un firme partidario Bernaldo de Quirós, que aboga por «el copago, la restricción de la oferta y dar entrada al sector privado». Este economista sostiene que abarataría los servicios y, como ejemplo, pone el que la póliza media per cápita, «sin medicamentos, cuesta 1.070 euros en la sanidad privada, por 1.800 en la pública». Y sugiere que el Estado podría financiar la Sanidad como en Suecia: un bono familiar que paga el Estado y con el que el ciudadano decide entre asistencia pública o privada, pagando él por los servicios extra. José Ramón Pin reclama las centrales de compras nacionales, «que reducen un 30% el gasto en medicamentos de hospitales».

 7. Cerrar o vender las televisiones públicas

 Lo dice de forma gráfica Bernaldo de Quirós: «Cerrando RTVE se podría pagar el incremento de las pensiones el año que viene». A lo que habría que añadir el pozo sin fondo de deuda que son los canales autonómicos, con el valenciano Canal 9 en el disparadero. Jesús Fernández-Villaverde, investigador de Fedea, considera que las comunidades autónomas tienen «bastante margen para reducir gastos sin tocar servicios esenciales» y, como ejemplo de esa grasa que les sobra, señala a las televisiones. Por supuesto, Méndez Ibisate opina que estos canales «hay que liberalizarlos, sacarlos a la venta y que se los lleve el mejor postor».

8. ‘Poda’ de subvenciones

¿Son asumibles las subvenciones a partidos, patronales, sindicatos, energías renovables…? En esto, el Gobierno valenciano lleva la delantera: «Vamos a hacer que las patronales y los sindicatos reciban dinero en función de los resultados. Sólo las cobrarán si crean empleo», ha dicho el presidente, Alberto Fabra.

9. ‘Tijeretazo’ a los sueldos de los políticos

 Cada euro cuenta al ahorrar el dinero público, y los sueldos de los políticos no deberían escapar de la tijera. Como detalla Jordi Fabregat, «habría que cambiar los sueldos de exparlamentarios, exministros, expresidentes, etc. No parece razonable que sigan cobrando grandes sumas cuando se incorporan a consejos de empresas». En este sentido, el Gobierno, por boca de Sáenz de Santamaría, ha puesto tope a lo que pueden ganar los directivos de empresas públicas: 105.000 euros en las grandes empresas, 80.000 euros en las medianas y 55.000 en las pequeñas.

10. Menos coches y dinero para tarjetas

 Es casi imposible cuantificar estos gastos a discreción política, pero números oficiosos hablan de 2.000 millones en coches oficiales, 24 millones en tarjetas de crédito y 30 millones en móviles. Para José Ramón Pin, «es un tema de imagen. Los políticos deben dar ejemplo, y aunque sean gastos de menor impacto, en época recesiva, es aún más importante reducirlos».

Fuente: Cinco Días (20/3/2012)