Sanidad para sin papeles: España da una de las mayores coberturas

9906510-concepto-de-orientacion-a-los-padres--signo-peatonal-en-la-acera-de-pavimentoEspaña mantiene una de las coberturasde salud más amplias para extranjeros ilegales.

La asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular se ha convertido en uno de los grandes obstáculos para firmar el Pacto por la Sanidad que ansía el Gobierno. El Grupo Parlamentario Socialista aprobó el pasado jueves una Moción donde insta al Ejecutivo a «recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular». Con esta iniciativa los socialistas reclaman la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que, en opinión de la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, supone un «ataque directo a la universalidad» del Sistema Nacional de Salud y la «ruptura del consenso que había imperado los últimos 35 años», según denunció el viernes en el Congreso.

Asistencia a extranjeros

Pero lo cierto es que en ningún país europeo existe el derecho a la protección y asistencia sanitaria «universal» que reclaman los socialistas. Todos los sistemas públicos recogen, en mayor o menor grado, limitaciones que, antes de la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno en 2012, no existían en España y que fueron puestos en evidencia en un informe del Tribunal de Cuentas que elevó el coste de la asistencia a extranjeros hasta los 917 millones de euros, de los que 639 millones no pudieron ser facturados a sus países de origen.

A pesar de que la nueva normativa restringe la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular a accidentes y urgencias, embarazadas y menores de 18 años, en las mismas condiciones que los asegurados nacionales, el modelo español actual es homologable al de otros países de la UE e incluso más generoso si se compara con los sistemas de países como Austria y Suecia, que están cerrados para los inmigrantes ilegales.

En otros casos, se impone una limitación temporal. Francia, por ejemplo, ofrece una carta de Asistencia Médica del Estado (AME) y la asistencia sanitaria urgente a los irregulares que acrediten una estancia irregular superior a tres meses e ingresos bajos. La tarjeta tiene un año de duración y se renueva si se mantienen los requisitos exigidos. Las prestaciones cubiertas incluyen la consulta médica y la hospitalización, así como los gastos de transporte y ciertas categorías de medicamentos. En el caso de una intervención quirúrgica no urgente (planificada con 15 días de antelación) que cueste más de 15.000 euros, el extranjero ha de justificar una estancia superior a un año, según los datos recabados por elEconomista.

Italia también presta asistencia sanitaria a extranjeros en situación irregular a través de la tarjeta STP (Extranjero Temporalmente Presente), que garantiza asistencia ambulatoria y hospitalaria, «por enfermedad y accidente, urgente o considerada esencial, aunque sea continuada». La atención de médicos especialistas se grava con un copago.

Más difícil lo tienen los extranjeros irregulares en los países nórdicos. En Dinamarca sólo tienen derecho de asistencia de urgencia, en situaciones de accidente, enfermedad grave repentina, parto y empeoramiento de una enfermedad crónica. Este tipo de ayuda sólo se presta de forma gratuita en hospitales, si bien su tratamiento posterior y seguimiento es de pago.

Suecia también aplica una política restrictiva. Los extranjeros mayores de 18 años sin papeles sólo tienen acceso de pago a la asistencia médica de urgencia por enfermedad grave o accidente.

Por su parte, Alemania ofrece una red de seguridad más extensa. Comprende toda terapia médica y odontológica necesaria para el tratamiento y curación de enfermedades de carácter agudo y situaciones de dolor. Para que los costes sean cubiertos a través de los fondos públicos, el extranjero en situación irregular debe solicitar un volante de atención sanitaria en la oficina de gestión de los subsidios de carácter social. Estas oficinas tienen la obligación legal de informar a las autoridades de la situación irregular del extranjero.

Fuente: Eleconomista.es (13/10/13)