Bruselas presiona al Gobierno para que baje el número de ayuntamientos

ayuntamientos-300x300Aboga por acabar con los municipios que gobiernen a menos de 10.400 vecinos. 

Mientras el Gobierno habla de las mancomunidades, desde Bruselas se presiona para que la futura reforma de la Administración local se resuma, sobre todo, en una actuación muy concreta: la disminución del muy elevado número de ayuntamientos, según el estándar europeo, que se extienden por toda España.

Según las fuentes comunitarias consultadas por elEconomista, resulta incomprensible que el total de municipios españoles continúe por encima de los 8.000 (de hecho, suman 8.264 de acuerdo con el más reciente recuento del Instituto Nacional de Estadística, fechado en enero de 2012).

Dicho en otras palabras, existe un ayuntamiento por cada 5.000 españoles; algo incomprensible para Bruselas, si se tiene en cuenta que en un país de aproximadamente 82 millones de habitantes, como es Alemania, la proporción se reduce a la mitad, esto es, un municipio por cada 10.000 alemanes.

El problema de la superpoblación de gobiernos locales ha sido también estudiado en España por autores como el socio de Deloitte Gustavo García, quien ayuda a tomar incluso mayor perspectiva sobre sus dimensiones al establecer una comparación con Estados Unidos.

No en vano, al otro lado del Atlántico, la ratio de municipios con respecto a la población es tres veces menor que la española (uno por cada 15.000 habitantes aproximadamente), y con eso se las arregla un paísen el que conviven 300 millones de personas.

De acuerdo con las fuentes comunitarias consultadas, el camino que conduce a la racionalización de la estructura local española está bien delimitado: todos los ayuntamientos que gobiernen a menos de 10.400 personas deberían desaparecer integrándose en otros de mayor tamaño.

Bajo el ‘espíritu’ de 1812

En caso de seguir esas instrucciones habría mucho trabajo que hacer sobre un entramado que, en muchos aspectos, sigue siendo heredero directo del diseño que los primeros liberales españoles plasmaron en la Constitución de 1812, la famosa Pepa. De hecho, de acuerdo con Estadística, hay aproximadamente 6.800 municipios que no llegan al umbral de 5.000 pobladores, y todavía los hay más microscópicos: 3.800 no reúnen, cada uno, ni a 500 personas.

A la hora de pedir a los funcionarios europeos que sean todavía más concretos sobre la reforma que quieren ver desarrollada en España, son dos los ejemplos que inmediatamente les vienen a la cabeza: Grecia e Italia.

Las respectivas reformas locales que llevaron a cabo los dos países meridionales mostraron una radicalidad que fue aplaudida tanto en Bruselas como en Fráncfort (ciudad que alberga la sede del Banco Central Europeo).

Así, si el país más vapuleado de la Unión Europea se ganó algunos parabienes, fue gracias a que Atenas no tuvo remilgos a la hora de suprimir todos los ayuntamientos que cuentan con menos de 10.000 habitantes, de manera que el total que acoge ahora Grecia se encuentra en 679. Sólo con este movimiento se ha logrado ahorrar 1.200 millones de euros en el primer año, según los cálculos del Gobierno heleno.

El modelo italiano

En el caso de Italia, obligó a 1.500 alcaldes que regían municipios de menos de un millar de vecinos a fusionarse con otros más grandes. Una vez concluido el proceso, Roma espera que el ahorro llegue a los 10.000 millones de euros en los próximos dos años.

Volviendo a España, los detalles definitivos de la reforma local que el Gobierno de Mariano Rajoy viene arrastrando desde el año pasado no se conocerán hasta el Consejo de Ministros del día 25 de este mes. Con todo, el Gobierno se ha resistido durante toda la preparación del proyecto de ley a ordenar una política de reducción de municipios en profundidad.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha encontrado desde el primer momento con la oposición tanto del PSOE como de los alcaldes de su propio partido, el PP. De hecho, los responsables de política local de ambas formaciones celebraron, a finales de 2012, varias reuniones secretas con objeto de consensuar una posición común que pusiera freno a lo que creían que iba a ser una revolución en el mapa español de los ayuntamientos, y que al final no será para tanto, según Bruselas.

Fuente: Eleconomista.es (19/1/13)

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