Mariano Rajoy se lo está pensando. Después del chaparrón de críticas que ha tenido que soportar el presidente por vincular el permiso de residencia para extranjeros con la compra de pisos por valor de 160.000 euros, el Gobierno ha decidido endurecer las condiciones. Rajoy: «Antes de 2015 generaremos empleo».
Así, después de medio año de correcciones, el documento que ahora está sobre la mesa multiplica más que por tres las condiciones económicas anteriores. Es decir, propone dar papeles a quienes compren una casa por valor superior a los 500.000 euros, frente a los 160.000 iniciales anunciados en noviembre por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.
Según fuentes conocedoras del documento, y en el que estarían implicados hasta seis Ministerios (Interior, Fomento, Empleo, Economía, Hacienda y Exteriores), el borrador baraja también la residencia para inversiones que conlleven la creación de dos puestos de trabajo a partir de un umbral mínimo de un millón de euros (o de 500.000 euros siempre y cuando dicha inversión se mantenga año a año).
También se contemplan inversiones en activos financieros, como acciones o bonos, y la residencia para investigadores y extranjeros que cursen un máster en España con el objetivo de crear una empresa en nuestro país.
Más en detalle, el borrador que podría estar aprobado antes del verano, permite acumular varias inversiones y también actuar a través de una sociedad. La solicitud inicial sería en consulados y embajadas y la residencia sería indefinida mientras se mantenga la inversión, en lugar de hacerlo año a año.
Además, el permiso de residencia se extiende al cónyuge e hijos. «Evidentemente, no se exigirá una residencia previa de seis meses y se podrá alquilar el inmueble pagando los impuestos de no residente (25% sobre renta)», explica un experto que trabaja en el borrador.
«La ley no será retroactiva como pedían los rusos».
Llamadas a Exteriores
Aunque en España es sólo un borrador, fuera de nuestro país ya lo dan por hecho y es el argumentario con el que trabajan las agencias inmobiliarias. Es el caso de China, donde sus ciudadanos se han interesado por este cambio normativo, que califican de favorable.
«El precio anterior (160.000 euros) no daba una buena imagen y creaba un clima de desconfianza y confusión», dice la socia directora en China de la consultora Emergia Partners, Lijing Ye, que asegura que con esta nueva cifra España se asemeja a sus socios europeos. Además, el borrador tiraría por la borda bulos como que el permiso de residencia da derecho a una sanidad y educación gratis, beneficios sociales, una nacionalidad asegurada y libertad del movimiento en el espacio Schengen.
Según fuentes próximas al Gobierno, el Ministerio de Exteriores recibe cada semana decenas de llamadas de ciudadanos chinos, de los países árabes y asiáticos interesados en conocer la normativa de primera mano que les permita tener acceso a una de las 3,4 millones de casas vacías que hay en España.
De hecho, según los datos del Consejo General del Notariado, las transacciones inmobiliarias a extranjeros en el último año se han colocado desde 2009 en más de un 60 por ciento, hasta las 38.618 operaciones de venta.
Los expertos aseguran que la cosa no ha hecho nada más que empezar. «Con 160.000 euros iniciales éramos los más baratos de Europa y eso no nos convenía», dice el socio de Emergia Partners, Jacinto Soler Matutes, que insiste en que la cifra podría ser incluso superior ya que este tipo de cliente busca casa de alto standing. Soler estima que un 10 por ciento de las 300.000 viviendas que se venden al año podrían ser para estos compradores, lo que implicaría unos ingresos mínimos de unos 8.000 millones de euros. Además, Hacienda se embolsaría unos 2,5 millones de euros sólo por los trámites.
Los sectores interesados en aligerar el stock de vivienda critican la incapacidad de Mariano Rajoy de dar entrada al capital extracomunitario y que tiene paralizadas las inversiones. De hecho, mientras España se pierde entre papeles, los portugueses han robado a nuestro país capital chino con ganas de invertir en un país europeo.
«El retraso es por un debate jurídico», explican las mismas fuentes, que indican que hay puntos que no se pueden legislar por la vía del decreto ley. «La pelota está sus manos. Sólo esperamos que sea lo más rápido posible».
Fuente: Eleconomista.es (29/4/13)
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